En fechas recientes he dirigido a algunas entidades oficiales comunicaciones en las que expongo, en algunas, inquietudes sobre el manejo y control que se le debe dar a empresas de opinión a nivel de la provincia, en otras, pregunto por la solución a problemas que vienen afectando a la ciudadanía en general, por ejemplo en la atención en salud y a nivel local, sobre la falta de aplicación a normas como las del Código de Policía que, a mi juicio, poco han servido en nuestra ciudad.
De todas ellas, sean de nivel nacional o local, he recibido relativamente rápidas respuestas. Pero a todas las rige un denominador común y es el de citar la extensa normatividad en las que se basan y que les dan respaldo, llámense leyes, decretos o resoluciones. Me imagino que los funcionarios que las suscriben, como si estuvieran de común acuerdo, quedan plenamente satisfechos con el convencimiento de que han dado cumplimiento a cabalidad de las funciones que deben desempeñar.
Considero que este comportamiento obedece a instructivos que estos funcionarios han recibido de sus superiores inmediatos con el visto bueno de las entidades que los vigilan .Asi como me ha sucedido esto a mí, creo que el mismo tratamiento se viene dando a todos los ciudadanos que presentamos inquietudes y quejas sobre una u otra materia. Por varias razones considero que este es un comportamiento erróneo al que debe darse solución en el corto plazo:
En este punto vale la pena preguntarse ¿qué piensan hacer todos los organismos del Estado, en especial nuestros jueces y congresistas para dar solución práctica y pronta a sus ciudadanos a fin de resolver estos inconvenientes?
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