Quejas y Reclamos

GUILLERMO VARONA COLMENARES

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En fechas recientes he dirigido a algunas entidades oficiales comunicaciones en las que expongo, en algunas, inquietudes sobre el manejo y control que se le debe dar a empresas de opinión a nivel de la provincia, en otras, pregunto por la solución a problemas que vienen afectando a la ciudadanía en general, por ejemplo en la atención en salud y a nivel local, sobre la falta de aplicación a normas como las del Código de Policía que, a mi juicio, poco han servido en nuestra ciudad.

De todas ellas, sean de nivel nacional o local, he recibido relativamente rápidas respuestas. Pero a todas las rige un denominador común y es el de citar la extensa normatividad en las que se basan y que les dan respaldo, llámense leyes, decretos o resoluciones. Me imagino que los funcionarios que las suscriben, como si estuvieran de común acuerdo, quedan plenamente satisfechos con el convencimiento de que han dado cumplimiento a cabalidad de las funciones que deben desempeñar.

Considero que este comportamiento obedece a instructivos que estos funcionarios han recibido de sus superiores inmediatos con el visto bueno de las entidades que los vigilan .Asi como me ha sucedido esto a mí, creo que el mismo tratamiento se viene dando a todos los ciudadanos que presentamos inquietudes y quejas sobre una u otra materia. Por varias razones considero que este es un comportamiento erróneo al que debe darse solución en el corto plazo:

  1. Se trata de problemas y quejas puntuales y los ciudadanos acuden a estas herramientas con el convencimiento de que se solucionen prontamente.
  2. Por lo general, el ciudadano del común no comprende el significado de los extensos textos que se transcriben como respuesta a las peticiones.
  3. Por lo anterior, el quejoso decide desistir del asunto.
  4. Como consecuencia, la entidad cuestionada y sus funcionarios se dan por bien servidos y creen que la reclamación quedó plenamente solucionada, cuando todo sigue igual o peor para el ciudadano reclamante.

En este punto vale la pena preguntarse ¿qué piensan hacer todos los organismos del Estado, en especial nuestros jueces y congresistas para dar solución práctica y pronta a sus ciudadanos a fin de resolver estos inconvenientes?