¿Qué pasa en la Costa Pacífica?
FELIPE SOLARTE NATES
En el noticiero local de RCN radio, escuché denuncias del representante a la Cámara por la Alianza Verde, Oscar Ospina, sobre la alarmante situación registrada de nuevo en Guapi, donde la trinca entre padre, hijo y un juez, tiene embargado al Hospital, poniendo en aprietos a miles de habitantes del principal centro urbano de la región y de poblaciones lejanas, que como primera tabla de salvación, en emergencias médicas, encuentran en ese centro asistencial el refugio inmediato. El problema es que el padre es gerente y accionista de la Planta eléctrica que por horas suministra servicio en la cabecera municipal y al Hospital, su hijo es el alcalde y el Juez, un amigo que como sucede en pueblos aislados, es íntimo de los ‘duros’ y dispuesto a poner los códigos a su servicio, así, en el caso del embargo a la cuentas del centro asistencial, estos no lo permitan, por lo que han denunciado su proceder y acción conjunta, según anunció el representante a la Cámara.
Lo cierto es que como en el Catatumbo, aprovechando la ausencia de vías y lo selvático de la mayoría del territorio, la costa pacífica, al igual que los pueblos de las películas del ‘viejo oeste’, ha sido pasto de toda clase de acciones depredadoras de sus poderosos y clases dirigentes empotradas en los cargos oficiales, donde a su antojo disponen de empleos, presupuestos y bienes públicos y además son dueñas de las empresas de servicios y pocas productivas existentes y en los últimos años, a raíz del arribo de las guerrillas y paramilitares, la violencia en asocio con el narcotráfico, contrabando de combustibles y minería ilegal, más la extorsión han sazonado un caldo delincuencial muy concentrado, en el que han entretejido peligrosas alianzas entre políticos y actores armados de distintas ideologías.
En estos escenarios es donde más difícil será aclimatar la paz en el posconflicto, mientras sigan actuando sin control diversos grupos ilegales, fomentando cultivos, procesando y exportando coca, invirtiendo en la minería ilegal, en el robo y contrabando de combustibles y en negocios legales como estaciones de gasolina, restaurantes, grilles, almacenes y comprando y apropiándose de terrenos. etc.
Urge la presencia del Estado con vías terrestres acuáticas y aéreas, fomento a la educación, salud y proyectos productivos aterrizados, entidades y fuerza pública, para intentar recuperar de manos de los diversos grupos delincuenciales el control de las vastas y ricas regiones.
No hay que olvidar que para el proyecto paramilitar las extensas selvas del pacífico colombiano ya habían sido inventariadas para sus empresas de siembra de palma africana, explotación maderera a gran escala y la minería, entre otras actividades, que como pre-requisito, exigían desplazar a las comunidades afros e indígenas por siglos asentadas en sus territorios, para volverlas asalariadas con el nuevo régimen laboral impuesto en el gobierno de Uribe, cuando suprimieron garantías como las horas extras, cesantías , prestaciones sociales y estabilidad, entre otras antiguas conquistas sindicales. Esta situación se complicó con la presencia de la guerrilla compitiendo por el territorio y la economía ilegal, generando traumas y masacres como la del Naya, entre Cauca y Valle, cometida por las AUC, y Bojayá, en el Chocó, cuando la inerme población refugiada en el templo parroquial, quedó en medio del fuego cruzado entre guerrilleros y paramilitares recibiendo el impacto de cilindros bomba, causando más de un centenar de muertos y numerosos heridos entre hombres, mujeres, ancianos y niños.
En el caso de Guapi y municipios vecinos, para superar la ‘autarquía’ que los gobierna, pues anteriores administraciones municipales han actuado a su antojo, no se han caracterizado por la transparencia y eficiencia en el manejo de los presupuestos y planes de desarrollo y algunos huyen a la Justicia, por lo pronto deben hacer efectiva presencia organismos como las Contraloría Departamental y Nacional, Procuraduría, Contaduría General, Fiscalía, y las diferentes entidades departamentales, nacionales e internacionales que financian proyectos en la región y deben evaluar minuciosamente su ejecución, para evitar la repetición de aberraciones como las del ICBF y los dineros de la alimentación escolar.
Una noticia positiva es que pronto terminarán las obras de interconexión eléctrica a la red nacional de los municipios de la costa pacífica caucana y nariñense, hoy dependientes de empresas privadas, que por horas suministran un deficiente servicio y qué a su antojo manejan particulares, como el padre del alcalde de Guapi.
No hay que olvidar que dirigentes de las comunidades afro-descendientes e indígenas también exigen ser tenidos en cuenta con sus planteamientos y propuestas en las conversaciones de La Habana, antes que delegados del gobierno y las Farc, bilateral y arbitrariamente, decidan por su suerte. Son los duros chicharrones servidos sobre la mesa esperando que les metan muela para consolidar la paz en el cacareado posconflicto.
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