Prueba de fuego

08:50 am 23-diciembre

HÉCTOR RIVEROS

@hectorriveross

Un grupo de congresistas del Centro Democrático puso, ora vez, contra la pared al Presidente Iván Duque. Es una especie de prueba ácida para determinar de qué lado está. Duque tendrá que escoger entre ideas de extrema derecha en materia de seguridad que invitan a que los ciudadanos tengan armas para defenderse o posiciones avaladas por muchos sectores que ven, una cosa que parece obvia, que es que las armas son un peligro para la vida.

Liderados por el representante vallecaucano Christian Garcés, casi cincuenta legisladores del Parido del Presidente le han pedido que no prorrogue la prohibición de porte de armas que decretó hace dos años el entonces Presidente Juan Manuel Sanos y cuya vigencia termina el próximo 31 de diciembre.

Hay centenares de estudios académicos, de investigaciones internacionales, de documentos oficiales de la Fiscalía, del Ministerio de Defensa y de las alcaldías de las más importantes ciudades de Colombia que prueban la relación directa entre homicidios y armas de fuego. No existen en cambio los que soporten la petición del Centro Democrático.

En realidad, se trata de una posición ideológica, que tiene referentes especialmente en los Estados Unidos, que es el país desarrollado con más altas tasas de homicidio, situación que solo se explica por el alto número de armas en circulación y en manos de los particulares.

La posición del representante vallecaucano sorprende, porque cuando fue funcionario departamental pareció una persona sería, que soportaba las decisiones en información razonable y ahora en cambio hace gala de un desconocimiento abrumador.

Cali, desde hace décadas, desde la primera alcaldía del alcalde conservador Rodrigo Guerrero, ha sido la ciudad que ha liderado la adopción de políticas públicas de prevención integral de la violencia y la Universidad del Valle, que tiene el mejor observatorio de violencia de América Latina, tiene medido, uno a uno, cuadra a cuadra el impacto de las armas de fuego en el nivel de homicidios de la ciudad.

Garcés habla de las zonas rurales, de las víctimas de extorsión, lo hace en forma intuitiva y con afirmaciones que son de aparente sentido común pero que están suficientemente controvertidas por las evidencias científicas.

Por ejemplo, parten del supuesto de que un ciudadano armado está más seguro mientras que todas las evidencias demuestran lo contrario: que quien porta un arma tiene seis veces más riesgo de convertirse en víctima fatal de un hurto y que el homicidio suele perpetrarse con su propia arma, esa que Garcés quiere ponerle en el bolsillo a “los ciudadanos de bien”.

La más elemental y necesaria distinción para diseñar políticas públicas de seguridad y convivencia es la que se hace entre violencia incidental y violencia instrumental, la primera es la que ocurre por acaso, sin estar planeada, cometida por personas que no tienen la intención inicial de cometer un delio, mientras la segunda se hace en el marco de organizaciones armadas.

A la segunda se le aplican odas las afirmaciones con las que los defensores de la propuesta justifican su petición, pero cuando ahondan en el argumento es claro que lo que pretenden prevenir son las manifestaciones del primer tipo de violencia, que no se evita sino se incrementa con ciudadanos armados.

En el escritorio del Presidente Duque hay ora carta, la de congresistas de izquierda, del Verde y algunos liberales que le piden que prorrogue la prohibición del porte de armas.

Una carta y la otra la firman casi el mismo número de legisladores y claro Duque queda en una encrucijada policía.

La decisión se la deben ayudar a tomar el Ministro de Defensa, de quien no conozco su posición sobre el tema, pero por sus actitudes me atrevo a pensar que es de los que cree que un “machito” armado está listo a defenderse y el Consejero de seguridad, Rafael Guarín, que con tal de desaparecer todo lo que se le parezca a Santos, debe estar del lado de no prorrogar la vigencia del decreto.

El Presidente tiene una responsabilidad verdaderamente histórica: si no prorroga el decreto habremos retrocedido conceptualmente todo lo que hemos construido durante algo más de dos décadas en materia de políticas de seguridad ciudadana y cada muerte violenta atribuible al levantamiento de las restricciones será una muerte de la que tendrá que dar cuentas.

Valdría la pena que antes de tomar la decisión el Presidente se echara una pasada por Fragmentos, el espacio de memoria, del Museo Nacional en el que se exhibe el contra monumento que Doris Salcedo elaboró con las armas de las Farc que se destruyeron. Es un lugar sobre cogedor, que después de visitarlo es casi imposible comprender como en vez de seguir destruyendo armas hay quienes las quieren promover.

La semana entrante, cuando el Presidente Duque tome la decisión sobre las armas sabremos finalmente de qué está hecho. Si prorroga el decreto habrá hecho honor a Darío Echandía y los liberales moderados que invoca con frecuencia, si por el contrario acoge la petición de los miembros de su Partido se habrá matriculado definitivamente como el representante de una derecha extrema a la que a veces pareciera no querer pertenecer.