El senador de la República Rodrigo Lara Restrepo dio a conocer el proyecto de ley que radicará en el Congreso el próximo 20 de julio, por medio del cual se busca proteger el ejercicio periodístico y la libertad de expresión al desincentivar el acoso judicial. La iniciativa dará herramientas a los jueces para archivar procesos con indicios de hostigamientos a periodistas y medios de comunicación que investigan casos de corrupción.
Esta medida se conoce como “anti-SLAPP”, y tiene como propósito reforzar las garantías a los periodistas y medios de comunicación con el fin de que puedan llevar a cabo su trabajo de control social con plenas garantías.
Según el congresista Lara, el articulado define el acoso judicial dentro del Código General del Proceso y caracteriza a la población susceptible de ser víctima de dicha práctica. Así mismo, cuando se configure el acoso judicial, ordena a los jueces dictar sentencia anticipada y al demandante pagar los costos del proceso y una multa consistente en 30 SMMLV.
Lara Restrepo señaló que, en los últimos años, el acoso judicial y litigioso contra periodistas, medios de comunicación, usuarios de redes sociales, defensores de Derechos Humanos o activistas de la sociedad civil se ha convertido en una estrategia para limitar tanto el derecho fundamental a la libre expresión de los ciudadanos, como la protección especial para la actividad periodística consagrada en el artículo 73 de la Constitución.
“En Colombia, la acción de tutela es el recurso más común que se emplea para practicar el acoso judicial, generalmente justificada por supuestas agresiones al buen nombre. Quienes suelen practicar el acoso judicial son personajes públicos o con proyección pública que han incurrido en conductas ilegales como corrupción, delincuencia organizada, paramilitarismo, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y violencia sexual, entre otras”, afirmó el congresista.
El parlamentario agregó que se trata de una iniciativa con profunda inspiración democrática. “Tenemos que fortalecer la protección a los periodistas para evitar que algunos poderosos utilicen los mecanismos judiciales como instrumento de intimidación. Cuando se calla a un periodista, se coarta también a la sociedad en su derecho a informarse de manera veraz e imparcial; esto vulnera la democracia. Nuestro sistema debe favorecer y apoyar estas libertades”, aseveró.