Proyecto de Ley del Centro Democrático sobre ‘Borrón de baldíos’, golpe directo a la clase humilde en el Cauca

La necesidad de tierras en el departamento es evidente. Comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas han exigido el retorno de tierras a sus pobladores, como un acto de responsabilidad del Estado. No obstante, iniciativas como la del Centro Democrático irían en contra de ese anhelo.

Por: Fabrit Cruz

En Cauca es necesario que haya distribución de la tierra o al menos eso indican las cifras.  Además porque la necesidad por parte de las diversas poblaciones ya sobrepasó los límites desde hace seis años atrás. Por ello, en la redistribución de la misma es importante que se tenga en cuenta aquellos ‘terrenos baldíos’ que por años han permanecido improductivos.

En el departamento, una de las entidades que ayudaría con tal propósito, es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, seccional Cauca, por medio del ejercicio catastral, en zona rural y urbana, labor que por el momento está incompleta pues la confrontación armada en muchos casos, no lo ha permitido. En más de la mitad de los municipios es necesario que se cumpla esa labor.

Por ello esta semana cobró relevancia, para regiones como ésta, un Proyecto de Ley impulsado por el Centro Democrático, que busca que el Estado no recupere más predios de propiedad de la Nación. La iniciativa es planteada por la senadora Nohora Tovar Rey y rechaza el planteamiento propuesto por la justicia transicional, que un grueso de los predios de la Nación fue apropiado durante el conflicto armado.

De acuerdo con el análisis de los expertos, el Centro Democrático iría en contra de la misma Corte Constitucional, que planteó en la sentencia T-488 del 9 de julio de 2014 que los terrenos baldíos (en el país) fueron acumulados de forma irregular y que es necesario y urgente, la aplicación de un Plan Nacional de Clarificación de Tierras Rurales que permita a la institucionalidad agraria recuperar esos predios.

Recordemos que esa responsabilidad, con el proceso de liquidación del INCODER, fue asumida por la nueva Agencia Nacional de Tierras (ANT), entidad creada para “la formalización de terrenos, ubicación e identificación de terrenos baldíos, la conformación de predios que están en el territorio colombiano y que por razones de ley fueron extinguidos, y allí, hacer una redistribución entre las comunidades”, según explicó el viceministro de Agricultura, Juan Pablo Díaz Granados, a este medio de comunicación.

Contexto

En el país el debate sobre la redistribución de la tierra es viejo y viene desde los años 60’. Incluso, la concentración de la misma, es uno de los factores que generó la creación de las guerrillas, en especial las Farc, de vocación campesina. De allí que en los acuerdos de la Habana, haya prioridad sobre el tema.

Según Verdad Abierta, tres décadas después, campesinos, indígenas y afrodescendientes accedieron por primera vez a un título formal de sus predios, gracias a herramientas como la Ley 160 de 1994.  Esa Ley generó la titulación con base en las Unidades Agrícolas Familiares (UAF), cuya extensión es variable por cuanto depende de la productividad de los suelos de cada región.

Lo que la Ley del Centro Democrático propone

Bajo esta perspectiva, la iniciativa de la senadora Tovar, del Centro Democrático, plantea un Proyecto de Ley que deje sin efectos todas las resoluciones y/o actos administrativos que el antiguo Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder en liquidación) haya denominado como “recuperación de baldíos”. Por ejemplo, uno de los argumentos de la senadora sobre el concepto de baldío está soportado en la Real Academia de la Lengua, (RAE). “Baldío” corresponde al “terreno que no se cultiva o da fruto”. Y a su criterio “…lo que está cultivado y edificado o ha sido adjudicado en el pasado y en el presente no es baldío y por tanto es propiedad privada. Al serlo, no pertenece a la Nación”.

Cifras en el Cauca

Calcular las hectáreas baldías en el Cauca y la tenencia de la misma, es una tarea titánica y algo compleja. Sin embargo la necesidad de tierras para las comunidades es evidente. En la actualidad comunidades campesinas agremiadas en la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos solicitan 7 mil hectáreas; los Indígenas 20 mil hectáreas y los afrodescendientes más de 6 mil hectáreas y la lista continúa.

De otro lado, la tenencia de tierras va en aumento. Un informe del año 2010 (INCODER), indican que habían  41.523 predios y 176.432 propietarios. En el 2016 el incremento es evidente (459 mil y 572 mil, respectivamente: IGAC CAUCA).  Lo anterior demuestra que en sólo 6 años hubo un incremento de predios y propietarios del 30.84%.

Otra cifra que llama la atención, según ese informe es que la exigencia de tierras  para 2010 era de 230 mil hectáreas, igual número de hectáreas que había disponible en ese año. Hoy las comunidades recurren a la protesta y marchas para exigir tierras, el inconveniente es no hay “cama para tanta gente”.

De otro lado, la Unidad de Restitución de Tierras, indica que hasta el momento, en el departamento del Cauca se han restituido cerca de 72 mil hectáreas, equivalente al 32% de las tierras restituidas a nivel nacional y que el aproximado de solicitudes de Restitución de Tierras en el departamento es de 7 mil casos, de los cuales, se han atendido 2.600 solicitudes.

Ante este panorama, el proyecto de Ley que impulsa el Centro Democrático es un golpe certero a las aspiraciones y anhelos de las comunidades afrodescendientes, indígenas y en especial, las campesinas, pues no están respaldadas por la constitución del 91 y siguen en movilización, para exigir que el Estado les retorne tierras y cumpla con la exigencia de la Corte Constitucional.