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CARLOS E. CAÑAR SARRIA
Como demócratas, de ideología de corte liberal, nos hemos caracterizado siempre en reconocer la necesidad de que los conflictos se diriman mediante diálogos y concertaciones, que configure una verdadera sociedad moderna. El salvajismo, el odio, el apabullamiento y en casos extremos, el aniquilamiento del adversario deben desaparecer de la cultura política colombiana.
Tuvimos una violencia de casi seis décadas que ha hecho mucho estrago, lo que hace pensar que los colombianos tenemos que reconocer la impostergable necesidad de buscar mecanismos de cohesión social que permitan sentar las bases para la construcción de una cultura de la paz.
El derecho a la protesta social está amparado por el orden constitucional colombiano y el Estado debe ser garante para que los colombianos de manera pacífica manifiesten sus inconformidades frente un régimen y sistema político considerado excluyente y por lo tanto injusto.
Algo valioso de los movimientos sociales, como expresión de la sociedad civil, es su capacidad organizativa tras la búsqueda pacífica de conquistas sociales. Los movimientos sociales oxigenan el devenir político al tiempo en que suplantan unos partidos en esencia distanciados del hecho de ser los verdaderos intermediaros entre la sociedad civil y el Estado. Cuando los movimientos sociales acuden al llamado de la violencia, se deslegitiman; de la misma manera en que se deslegitima un Estado que no tiene otro recurso que la fuerza para acallar el inconformismo social, mientras sólo la fuerza le mantiene en cuidados intensivos.
Más de 60 días se ha prolongado el paro de las universidades públicas en defensa de la educación pública que cada vez ve recortar su presupuesto de parte de un Estado que aplica al pie de la letra los lineamientos del sistema económico neoliberal y que parece conllevar a la privatización de este derecho esencial y poner en peligro la continuidad del funcionamiento de la universidad pública.
El gobierno de Duque hace unos días anunció al país la noticia del logro de un acuerdo responsable con estudiantes y profesores, que permitiría la inyección de más recursos a la educación superior, resaltó haber logrado un acuerdo responsable con estudiantes y profesores que posibilitaría destrabar el panorama para levantar el paro.
Desde la década de los sesenta no se veía un pronunciamiento estudiantil tan contundente como el actual, algo con lo que no había contado Duque, quien cada vez pierde popularidad, con un preocupante porcentaje de favorabilidad de casi el 30%.
En varias ciudades del país en las marchas estudiantiles se han presentado disturbios donde se dice que infiltrados aprovechan la oportunidad para desvirtuar el movimiento. Muy criticado el gobierno por el uso indebido y excesivo de la violencia de parte de las fuerzas represivas del Estado que mantienen en el ojo del huracán al Esmad por comportamientos de abuso de autoridad en el desmedido uso de la violencia y la fuerza. Las redes sociales han hecho virales escenas y episodios donde realmente se les va la mano a los agentes en contra de los estudiantes en su lucha por el reconocimiento de la universidad pública. Jamás se había visto el masivo respaldo al movimiento estudiantil que se evidenció en la masiva participación en las marchas.
Conmovió al país el caso de Esteban Mosquera, estudiante de música instrumental de la Universidad del Cauca, que durante la protesta del jueves pasado perdió su ojo izquierdo, siendo gravemente herido por una granada aturdidora que habría lanzado el Esmad. Se espera que este lamentable hecho que ha merecido el repudio de la sociedad colombiana, de la opinión pública y de las redes sociales, desde donde se han expresado voces de aliento para el estudiante herido y su familia, no quede en la impunidad.
Con la misma contundencia con que repudiamos lo sucedido a Esteban Mosquera y a otros estudiantes heridos, repudiamos también la actitud cruel y violenta como un agente del Esmad fue amarrado a un caballo y arrastrado por manifestantes en Casanare, dejándolo gravemente herido.
Hacemos un llamado para que este tipo de excesos y desmanes – procedan de donde procedan- que en lugar de aplacar los ánimos incitan más a la violencia, no se vuelvan a repetir en ningún escenario y mucho menos en el marco de la protesta social. La recurrencia a la violencia es censurable y repudiable.
Sin proponérselo, el rector de la Universidad del Cauca, José Luis Diago ha logrado protagonismo nacional y regional. Celoso en la defensa de los derechos y de la integridad de los estudiantes; insistente en recomendar la solución pacífica del conflicto. La flamante figura del rector de Unicauca en los diferentes escenarios de las protestas se hizo común, hecho que le han merecido elogios, mientras se escuchan fuertes críticas para el alcalde de Popayán, César Cristian Gómez y para el gobernador del Cauca, Oscar Campo.
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