La Asociación de Consejo Comunitarios del norte del Cauca Aconc, acompañó al Consejo comunitario riberas del río Palo, a declararse en asamblea permanente porque en el municipio de Guachené, vereda La Caponera, se realiza la minería de arcilla que ha traído consecuencias negativas para los pobladores.
Según dijo Natia Rodríguez Solís, integrante de Aconc y del Consejo comunitario de Piedra Pintada y Piedra Escrita, del corregimiento de Asnazú, la minería de arcilla “está dañando nuestro territorio y la comunidad se ha declarado en asamblea permanente para sacar a las empresas que está causando perjuicio en nuestro territorio, una de las firmas es Meléndez que se lleva nuestro mineral”. La manifestación contó con el acompañamiento de la consejera mayor de Aconc, Rosana Mejía.
Mientras tanto, Daniel Díaz, representante legal del Consejo comunitario riberas del río Palo, explicó que la comunidad se reunió con el propósito de sacar a la maquinaria que llegó hace aproximadamente un mes para hacer extracción de arcilla. “Desde las 7:00 am nos asentamos aquí para exigirle a las empresas Germán Guerrero y Ladrillera Meléndez que la comunidad está en contra de esas labores y se les exigió que retiraran toda su maquinaria y que no vuelvan”.
El líder afrodescendiente manifestó que los chircales o espejos de agua que se han hecho en ese territorio han ocasionado el ahogamiento de nueve personas, además proliferan las moscas y zancudos, los aljibes se han secado, la agricultura, los criadores de peces también se han afectado e incrementado la inseguridad.
Antes de tomar la decisión de declararse en asamblea permanente, se hicieron cuatro acercamientos con las empresas donde se hablaron de lineamientos de la comunidad pero no hubo acuerdos.
La consejera mayor de Aconc, Rosana Mejía, indicó que no solo hay impacto ambiental en esta zona, sino detrimento a los usos y costumbres de la comunidad negra que habita en esta región. Por eso Aconc articuló la guardia cimarrona para acompañar el ejercicio de protección territorial, apoyo de la unidad jurídica y del Consejo mayor para garantizar sus derechos.
“No podemos seguir permitiendo que los intereses económicos del gobierno y de algunos particulares estén por encima de una comunidad negra y hacemos una pregunta a la Defensoría del Pueblo, Naciones Unidas y personerías, Procuraduría, si las diferentes formas de despojo a las que se somete a las personas negras de esta región del país no tiene dolientes”, cuestionó la consejera.
En ese sentido, se solicita la revocatoria de títulos mineros porque según Mejía, van en contra de los derechos étnico-territoriales de la comunidad y se advirtió que, de los organismos antes mencionados, depende no solo la seguridad jurídica de los territorios sino de las personas que se manifiestan.