Profesionales y desempleo

CARLOS E. CAÑAR SARRIA

[email protected]

En Colombia abundan programas de formación universitaria. Así lo posibilita la ley. En muchas partes la universidad pública y la privada se convirtieron en un negocio. No difieren entre sí, los altos costos de la universidad pública no la distancian de la universidad privada. Las universidades cada vez se quejan más de que el Estado les recorta el presupuesto, lo que invalida la posibilidad de una instrucción académica con calidad.

Si todos los programas académicos- o la mayoría- se estructurasen de acuerdo a las necesidades pertinentes al país, a las regiones y a las localidades; y fuera de ello, se garantizase la calidad o la excelencia, se podría pensar que la inversión relativamente valdría la pena. Pero si a esto le agregamos que la gran mayoría de personas que logra optar un título universitario va a engrosar las filas de desempleados, el problema se hace insoportable.

Es verdad de a puño que muchos profesionales después de haber estudiado con esfuerzo y sacrificio, se encuentran obstaculizados ante la posibilidad de conseguir trabajo o empleo que les permita vivir en condiciones de dignidad, sacarle provecho a la inversión y proyectarse socialmente. Son ejércitos de profesionales desocupados los que abundan en este país sin oportunidades; situación injusta dentro de la lucha por el reconocimiento del ser humano.

No se escapa del desempleo ningún programa académico, aunque es cierto, el desempleo se da aparentemente en algunos más que otros. A manera de ejemplo referiremos a los médicos y a los ingenieros civiles, sin que ello signifique que sean los únicos profesionales que sufren la exclusión laboral.

La Ley 100 del 93 subestimó, proletarizó y pauperizó a los médicos, pues quienes logran alguna vinculación, no se sienten bien remunerados al ser tratados como mercancías. Hace varios meses cuando asistíamos a una consulta médica, la profesional de la medicina nos comentó que en dos años, había logrado conseguir trabajo por dos semanas. Pensamos que la situación de la médica es apenas un trasunto de lo que le sucede a cientos cientos de profesionales de la medicina en todo el país. Esto indudablemente se contrapone a los largos años de esfuerzo y de estudio realizado por unos seres humanos, de quienes depende en no poca proporción, nada menos que el derecho fundamental a la vida. Es evidente que el Estado y la sociedad les pagan muy mal a los médicos. No es casualidad encontrar médicos explotados por las empresas prestadoras de salud a quienes no se les paga cumplidamente, que soportan largas y duras jornadas laborales siendo subcontratados, sin ninguna estabilidad laboral, es decir, padeciendo la angustia de su situación intermedia entre subempleados y desempleados.

Si por el lado de los médicos llueve, con los ingenieros civiles no escampa. Que no hay presupuesto, que la construcción está paralizada, que no hay inversión social, en últimas, que no hay nada que hacer. Y pensar también, en lo duro que es el estudio del programa de ingeniería civil. Cinco años de dedicación exclusiva, un sinnúmero de trasnochadas. El desgaste físico e intelectual de los estudiantes, además de la inversión económica, quedan condenados a la nada y al absurdo. Y si no, miremos la escena de los ingenieros amontonados en las alcaldías municipales esperando un llamado de la suerte para conseguir un pequeño contrato, porque los grandes ya están destinados para los grandes contratistas, que han invertido en las campañas y que necesitan sacar provecho de esa inversión mediante un juego politiquero y clientelista..

Lo triste del asunto es que de acuerdo a datos de hace algunos años, cada semestre están graduándose-si no nos equivocamos-un número aproximado de 60 ingenieros civiles en la Universidad del Cauca. Profesionales que entran a engrosar el índice de desempleo. Tuvimos la oportunidad de participar como docentes en el Área de las Humanidades en la Facultad de Ingeniería Civil de nuestra Alma Mater y encontramos unos jóvenes entusiastas, estudiosos, dedicados, que aman el país, ansiosos de graduarse para proyectarse a la sociedad, conseguir empleo y recursos económicos que les permitiese independizarse de sus padres, continuar estudiando, quizá formar su propia familia, adquirir sus propias cosas… Aspiraciones que se ven truncadas cuando se encuentran de frente a la sociedad.

Ante la dramática situación de desempleo de los profesionales, se hace conveniente el diseño e implementación de políticas públicas tendientes a aminorar los índices de desempleo; hacer un estudio de mercado laboral que implique introyectar programas pertinentes a las necesidades del país; más aún, programas académicos en correspondencia al postconflicto. En la medida en que se implementan los acuerdos de paz, el Estado y la sociedad no deben quedarse cortos en políticas públicas laborales para profesionales. Las universidades por su parte, deben rediseñar los programas actuales, detener por un tiempo los más saturados e implementar los que sean necesarios.