Preocupación por futuro de las consultas populares

Redacción fin de semana

@elnuevoliberal

Actualmente, el Comité de Integración del Macizo Colombiano (Cima CNA) junto a otros movimientos sociales adelantan algunas consultas populares en el Cauca, específicamente en los municipios de Mercaderes y Sucre, que tienen que ver con minería y plantaciones forestales en los nacimientos de agua.

De acuerdo con Victoria Yacumal, integrante del Cima, las consultas populares que se llevan a cabo en esa zona del Cauca son para evitar el extractivismo minero y de materiales en los territorios, así como el cuidado de las principales fuentes hídricas, por ejemplo en Sucre se trabaja por el cuidado de Cerro Negro, y en la zona centro, aunque no ha iniciado el proyecto de plantaciones forestales, ellos están detrás de que este quede lejos y sin riesgo de amenazar los ojos de agua.

Al consultar a esta lideresa sobre la alerta que lanzó la Misión de Observación Electoral (MOE) respecto al riesgo de que se acaben estas consultas porque se aprobó un artículo en la Ley de Presupuesto que indica las consultas populares deben ser financiadas por los municipios y departamentos, es decir que ya no sería la Registraduría la encargada de este proceso electoral, si no los entes territoriales, Yacumal señaló lo siguiente:

“La preocupación que se tiene frente a que se pueda recostar el presupuesto de las consultas populares en los municipios, es que estos municipios en su mayoría son de sexta categoría, no cuentan con los recursos suficientes para adelantar ese tipo de iniciativas, entonces lo que la comunidad teme es que las consultas se puedan quedar solamente en el papel y no se logren desarrollar, lo cual impediría la defensa del territorio que vienen desarrollando muchas comunidades”.

Y es que la MOE, en la carta que envió a los senadores y representantes de las Comisiones 3 y 4, la veeduría les advirtió que uno de los apartes del proyecto establece la obligación que tendrán en adelante los municipios y departamentos de financiar las consultas populares que se convoquen por petición de la ciudadanía.

Dicho aparte, es un artículo nuevo en la Ley de Presupuesto (no estaba en el proyecto radicado) que genera un cambio drástico en la financiación de las consultas populares en el país,

“Departamento, Municipio o Distrito, previo a la expedición del acto administrativo que convoque a una consulta popular del nivel territorial, deberá contar en su presupuesto con la apropiación necesaria para atender estos gastos”.

Para la MOE esta medida es grave ya que “la participación ciudadana no debe nunca limitarse por posibles decisiones administrativas que afecten el derecho constitucional de todos los colombianos de participar en la conformación, ejercicio y control del poder político”.

Y añade la MOE que dicho artículo puede tener problemas de constitucionalidad debido a que según el artículo 356, “no se podrá descentralizar competencias sin la previa asignación de los recursos fiscales suficientes para atenderlas”. Además otro inconveniente sería el otorgarle una nueva competencia a los entes territoriales, como es el caso de organizar y financiar un proceso electoral, sin antes tener claro una fuente financiera que asegura la ejecución a satisfacción de esta competencia.

Ante esta situación, en diálogo con el Senador Iván Cepeda, señaló que “en general el presupuesto no tiene recursos para financiar la participación de las comunidades y de la gente en los procesos políticos, pero especialmente nos preocupa cómo se está tendiendo un cerco para acabar con las consultas populares no solamente desde el punto de vista jurídico – legal, sino también desde el punto de vista financiero”.

Para Cepeda, que la financiación de las consultas populares pase a los municipios o departamentos es quitarle independencia, además de que se prestaría para que el gobierno de turno reciba dádivas por alguno u otro cambio.

La carta enviada por la MOE concluye que el ente competente para la realización y desarrollo de todos los procesos electorales en el país es la Registraduría Nacional del Estado Civil, así que si los entes territoriales tuviesen que financiar las consultas populares, se estaría violando el principio de especialización y se vulneraría la autonomía territorial.

A juicio de esta organización de la sociedad civil, la mayoría de los entes territoriales no tienen la capacidad técnica para organizar un proceso electoral, lo que sería riesgoso para la democracia.

“Han intentado desmantelar las consultas populares y las consultas previas, esto es una política por parte del Gobierno Nacional, y no podemos permitir que las consultas populares que son responsabilidad del alto gobierno terminen en mandatarios locales. Si llegáramos  a permitir que esto suceda, prácticamente es acabar las consultas populares porque no hay presupuestos ni en los departamentos ni en los municipios para llevarlas a cabo, este tema de los presupuestos para las consultas tiene que quedar en el plan de presupuestos que se va a debatir esta semana”, indicó el Senador Feliciano Valencia.