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La Federación Nacional de Pirotécnicos Fenalpi, criticó las afirmaciones del alcalde de Popayán Cesar Gómez Castro, respecto al control que se ejercería para evitar la comercialización y transporte de pólvora desde el vecino municipio de Timbío.
El mandatario entregó las declaraciones durante el lanzamiento de la campaña ‘Píntala sin pólvora’, que intenta evitar que niños y adultos manipulen pólvora debido a que las cifras de quemados el año pasado ascendió a 13 personas lesionadas, luego que en 2016 fueran seis.
“Tuvimos una reunión con el alcalde de Timbío hace varios meses donde le dije que ese corredor tendríamos que tener la presencia de la fuerza militar, debido a que no ha tenido la complacencia de restringir al igual que nosotros como municipio este uso, que genera impactos negativos para una población y nuestro deber es preservar la vida de los ciudadanos y volveremos a hacerle el llamado para que se articule a este propósito”, declaró el mandatario local de Popayán.
Frente a estas declaraciones, Fenalpi reaccionó y expresó que el alcalde César Cristian Gómez, criticó la decisión de su homólogo de Timbío, Libardo Vásquez Manzano, de respetar la Ley 670 de 2001 y la sentencia de la Corte Constitucional C-790 de 2002.
Según Fenalpi, las declaraciones de Gómez, “se explican en un deseo de prohibir la comercialización de productos pirotécnicos legales a como dé lugar. La sentencia de la Corte Constitucional C790 de 2002 es muy clara en tanto establece que es potestad de los alcaldes decidir cómo regular la fabricación, comercialización y uso de productos pirotécnicos legales y que cumplen con norma técnica en el país. Es insensato que Gómez quiera presionar a que otro alcalde piense, tome decisiones o actúe igual que él, por medio de su mención de las fuerzas militares”, afirmó Carlos Andrés Carvajal, presidente de esa federación.
Carvajal recordó que las acciones de Gómez con las que “ignora y viola” la regulación vigente no son nuevas. En 2017, la Alcaldía de Popayán fue demandada por empresarios formales del sector de pirotecnia ante una decisión de incautar y destruir “sin el debido proceso legal”, mercancía que cumplía con todos los requisitos establecidos por el marco normativo de pirotecnia en el país, resumido en la Ley 670 de 2001, el Decreto 4481 de 2006 y el Código de Policía Ley 1801 de 2016.
“Aunque el sector de la pirotecnia formal está acostumbrado a que las autoridades mezclen lo profesional y lo informal en un mismo costal, estas declaraciones no tienen precedentes. El señor Gómez debe respetar la regulación vigente, no puede seguir actuando como si él estuviera por encima de la ley”, concluyó el representante de los pirotécnicos.
La Federación Nacional de Pirotécnicos, fue fundada en 1979 con el propósito de representar a las empresas legalmente establecidas y enviar un mensaje de formalización a quienes en el desarrollo de la actividad no cumplen los requisitos para la misma, en pro de ofrecer productos pirotécnicos en función de la vida y seguridad de las personas a lo largo y ancho del territorio colombiano.
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