Más de 50 personas, entre quienes se encuentran líderes como Jean Claude Bessudo, Goyo, Sylvia Escobar, Carlos Vives, Roberto Pombo, Paola Turbay, Alejandro Gaviria, Claudia Bahamón, Ruvén Afanador, Juanes, Adriana Lucía, Andrés Parra, entre muchos otros, firmaron un manifiesto en el que resaltan las razones económicas, sociales, de salud pública y de defensa de las libertades por las cuales se debe regular el cannabis de uso adulto.
Con el hashtag #HoraDeRegular, argumentan que la regulación impulsaría la generación de empleo y la competitividad del país en un momento clave de reactivación económica, hasta el punto que por el recaudo generado por esta industria el país podría evitarse una reforma tributaria. Además, el Estado controlaría dónde, cómo, quién y qué se produce, comercializa y consume, lo que reduciría el mercado ilegal y evitaría su venta a niños, niñas y adolescentes.
Esta iniciativa ciudadana refuerza el proyecto que actualmente está en curso por tercera vez en el Congreso y que ha sido liderado por el representante liberal Juan Fernando Reyes Kuri.
“Estoy convencido de que la tercera es la vencida. Me alegra que cada vez hay más sectores de la sociedad y políticos que se unen para apoyar la regulación del cannabis, un tema que sin duda será clave para las futuras elecciones presidenciales”, afirmó Reyes Kuri.
Dentro de las razones económicas mencionadas en el manifiesto se encuentra que la industria del cannabis medicinal genera alrededor de 17 empleos formales por cada hectárea sembrada. Para 2025, podría haber un crecimiento de cerca de 10% del área cultivada, llegar a 450 hectáreas, más de 7.000 empleos, e ingresos cercanos a US$790 millones.
“Este es un impulso para la generación de empleo y la competitividad del país en un momento clave de reactivación económica. El recaudo generado por esta industria podría evitarle al país una reforma tributaria”, se lee en el documento.
Las razones sociales están encaminadas a la reducción del mercado ilegal, lo que le permitiría al Estado tener mayor control y evitar su venta a niños, niñas y adolescentes. Además, argumentan que la prohibición genera más violencia de la que previene. “Es la guerra la que nos mata, no el cannabis, que hoy está regulado por la criminalidad y no por el Estado”, dice el manifiesto.
En el documento también se menciona que la legalización ha funcionado en otros países, “en Colombia, perseguimos a las personas que producen y comercializan cannabis mientras en otros países ellos generan riqueza. En el mundo ya hay muchos países que han regulado el consumo de cannabis de uso adulto: Canadá, Uruguay, Sudáfrica, Holanda, Jamaica y algunos estados de Estados Unidos”.
Adicionalmente, el manifiesto plantea que, si se regula el cannabis, se puede controlar dónde, cómo, quién y qué se produce, comercializa y consume. Esto, teniendo en cuenta que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acaba de retirar de la lista de estupefacientes nocivos al cannabis, reconociendo su potencial medicinal y terapéutico.
Entre tanto, las razones de salud pública obedecen a la necesidad de una política que prevenga daños en la salud, teniendo en cuenta que el cannabis es una de las sustancias menos adictivas que existen, y que solo el 10 % de las personas que consumen cannabis son dependientes o tienen consumo problemático. Finalmente, el manifiesto contempla diversas razones en defensa de las libertades, como el hecho de que el ejercicio de las libertades individuales debe darse de forma informada, y en esto el Estado tiene la obligación de proporcionar a todas las personas información suficiente, sobre los riesgos y peligros de tomar ciertas decisiones. “Debemos tener menos obstáculos para construir nuestra vida como queramos y para que podamos decidir con autonomía el destino de nuestra propia existencia”, concluye el manifiesto.