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JESÚS IGNACIO GARCIA VALENCIA
Colombia debe ser el país que registra la mayor cantidad de reformas tributarias. Y como esas decisiones molestan a la opinión pública los candidatos presidenciales siempre se comprometen a no imponer nuevos tributos. Sin embargo, tan pronto inicia el período presidencial el nuevo mandatario da cuenta de las necesidades fiscales y de las instrucciones que ha impartido a su equipo económico para buscar la solución. Muy pronto los técnicos concluyen que se debe proponer al Congreso una nueva reforma tributaria. Y lo mejor, anuncian que esa si será estructural para definir de una vez por todas el régimen impositivo conforme al cual los colombianos debemos contribuir a financiar las tareas del Estado. El gobierno actual no ha sido la excepción sólo que bautizó el proyecto de reforma tributaria con otro nombre para morigerar el impacto negativo que ella causa en la ciudadanía.
Es recurrente en esas propuestas diseñar medidas que afectan a los sectores con menos ingresos de la población. Ahora bajo el eufemistico nombre de proyecto de ley de financiacion el gobierno anuncia la propuesta de ampliar el Iva a los productos de la canasta familiar y consciente de la impopularidad de la medida a renglón seguido afirma que a los sectores de menores ingresos se le hará la devolucion del valor del gravamen.
A lo anterior los expertos agregan que se debe adelantar una reforma pensional. Parece que ignorarán que los mayores efectos de las pensiones sobre el fisco ya fueron morigerados por la Corte Constitucional cuando fijó el tope de las mesadas en 25 SMLM y por el Concejo de Estado al interpretar que solo se deben tener en cuenta para la liquidacion de la pension los factores sobre los cuales se haya cotizado, decisión que incidirá sobre el monto de las mesadas reduciendolas considerablemente porque en la interpretacion anterior se incluian todos los factores salariales hubieran sido o no objeto de cotización.
No contentos con los resultados de las determinaciones antes mencionadas, proponen gravar las pensiones y establecer una onerosa retencion en la fuente que aunada al porcentaje de cotizacion para salud le restaria una cuarta parte al valor de la mesada, circunstancia que puede causar nocivos efectos en la solvencia economica de muchos pensionados que han programado sus gastos de acuerdo a los ingresos que venian percibiendo, hoy amenazados por el instinto alcabalero de los economistas del gobierno.
Es entendible que el Estado busque mecanismos para financiar la ejecucion de sus cometidos. Lo que no resulta entendible es que siempre sea a costa de los intereses de los sectores que no son dueños de la gran riqueza nacional y que los intereses de estos siempre se dejen a salvo y mas bien salgan favorecidos con los efectos de las medidas adoptadas.
Llama la atención que cuando sectores como el financiero tienen dificultades los gobiernos con urgencia implementen medidas para que todos los colombianos salgamos a enjugar sus aprietos económicos. Pero nunca le exigen a estos beneficiarios de los rendimientos de la economia que sacrifiquen algo de sus billonarias ganancias en aras de satisfacer el interes colectivo. Ahì falla la equidad.
Si la Dian ha calculado la evasión de IVA en $14 billones, de impuesto a la renta en $8 billones y de impoconsumo en $2 billones el esfuerzo del Estado debía aplicarse a perseguir a los evasores y no a modificar con inusitada frecuencia las normas sobre impuestos.
Hace falta una verdadera reforma estructural al regimen tributario. No es justo que exista tanta inestabilidad en esa materia y que sucesivamente se inventen sofismas para evadir la aplicación real de principios constitucionales como la progresividad, la eficiencia y la equidad, que no resultan satisfechos cuando se anuncia que las reformas beneficiarán a los dueños del capital y esquilmarán aún mas los ingresos de quienes con su trabajo le han dado dinámica a la economía.
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