Columna de opinión
Por FERNANDO SANTACRUZ CAICEDO
En su Preámbulo la Constitución Política de Colombia entiende la JUSTICIA como valor supremo, en el que confluyen la “razonabilidad, igualdad, equidad, proporcionalidad, respeto a la legalidad y prohibición de la arbitrariedad”. Empero, ningún principio ha sido más pisoteado. La justicia se activa inflexible contra “los de abajo”, rara vez sobre la “crema social”. Entre los magistrados de las Altas Cortes, los jerarcas de los Organismos de Control, el Congreso y el Ejecutivo Nacional, campea la podredumbre y la depravación. ¡La Justicia es una Quimera!
En el artículo titulado “Intangibilidad de la Justicia” del distinguido jurista Augusto J. Ibáñez, expresidente de la CSJ, publicado por El Espectador (31/08/2017), el autor encumbra la JUSTICIA como la función pública más delicada; como valor intangible que, pese a los hechos perturbadores, continúa indemne. Agrega que, mediante sus decisiones independientes sirve a la comunidad, promueve su prosperidad y garantiza los principios, deberes y derechos constitucionales. Evoca el sentido moral de la Magistratura y solicita “rodear el Valor Justicia”, purgar la corrupción, proteger la institucionalidad y, con ella, la Democracia. ¡Magnífica exaltación!, que acogemos plenamente, en teoría, porque in praxis, antagoniza con la realidad.
Las instituciones son estructuras creadas para desempeñar funciones de carácter público o privado. En su conjunto integran la institucionalidad y, cuando su funcionamiento se perturba gravemente, podemos predicar que la sociedad está en crisis. En Colombia la politiquería, el narcotráfico, el paramilitarismo, las estructuras armadas ilegales, la corrupción, las prebendas, la contratación estatal, la codicia insaciable, etc., han colapsado la institucionalidad y se impone admitir que la inmoralidad es la norma rectora de la administración pública, incluido el poder judicial y la administración de justicia. Para la muestra, “El Cartel de la Toga”. ¡Duele aceptarlo, pero aún más ocultarlo! LA MATERIALIDAD CONTRADICE LA INTANGIBILIDAD DE LA JUSTICIA IDEAL.
Las crisis institucionales y morales se evalúan por el grado de confianza o desconfianza ciudadana en sus gobernantes e institutos. La encuesta Ivamer-Gallup (08-2021, administración Duque), arrojó los siguientes índices de incredulidad: FF.MM. 60%, Policía 38%; Corte Constitucional 31%, Corte Suprema de Justicia 21%; Fiscalía General de la Nación 22%, Procuraduría General de la Nación 30%, Contraloría General de la República 28%. Inferimos que Seguridad, Justicia y Control, ¡fueron evaluadas negativamente, porque carecen de credibilidad y confianza ciudadana!
El Estado Democrático-Liberal fue relegado por el Estado Social de Derecho –ESD- que se adecuó a las circunstancias socio/económicas/tecnológicas y adoptó políticas sociales que satisficieran las necesidades esenciales de los más necesitados, mejoraran su calidad de vida, redistribuyeran razonablemente la riqueza nacional y honraran el ejercicio de los derechos civiles –empleo, salud, educación, vivienda, protección medioambiental, etc.-. En el ESD los Derechos Fundamentales son derechos subjetivos-función, porque los jueces proveen las normas jurídicas de sentido valorativo –axiológico- y trocan su rigidez hermenéutica en interpretaciones flexibles que posibilitan materializar la convivencia humana.
La Justicia Transicional se ajusta a los requerimientos impuestos por las violaciones a los DD.HH./DIH. Éstos, por su naturaleza, están unidos al individuo, a todos los colombianos sin discriminación, con la finalidad de reconocerles la dignidad humana, reparar las víctimas, promover iniciativas de paz, reconciliación y democracia real. Sancionar a los responsables de crímenes de lesa humanidad, a los transgresores de los derechos humanos, enmendar las atrocidades e injusticias cometidas durante el conflicto armado y compensar los daños materiales, espirituales y sicológicos causados a las víctimas del holocausto, es tarea confiada a la JEP en el Acuerdo de Paz (Gobierno-Farc, 2016). La Justicia Transicional aporta soluciones para objetivar la reconciliación entre colombianos y la reconstrucción del país.
Hoy, la justicia en Colombia está manoseada, depravada, vale decir “justicia a la carta”. Quien dispone de medios puede comprar decisiones judiciales conforme a sus requerimientos, razón que la hace tangible y dependiente del mejor postor. ¡RECUPERAR LA MAJESTAD DE LA JUSTICIA ES IMPERATIVO, A FIN DE RESCATAR SU GRANDEZA E IMPLANTAR LA PAZ TOTAL!