Editorial
Por: Marco Antonio Valencia
Tremendo “chicharrón” tiene el líder indígena caucano Rangel Giovani Yule Zape, como director de la Unidad de Restitución de Tierras, pues con la llegada de Petro al poder los grupos auto denominados “sin techo” y grupos étnicos de todo el territorio nacional, comenzaron a invadir fincas y haciendas convencidos que tendrían el aval del gobierno nacional para adueñarse ilegalmente de esas tierras.
Al gobierno nacional le tocó de urgencia, con presencia de vicepresidente y tres ministros entre otros, otorgar todo el respaldo a Yule Zape para trasmitirle a los invasores que el gobierno de Petro rechaza las maneras violentas e inadecuadas de ocupar predios privados, y solicitó de manera vehemente a los grupos que lideran dichas prácticas a detenerse, e incluso, les ha dado 48 horas para desalojar.
En el comunicado de la presidencia leído por la vicepresidente Francia Márquez, se afirma que el gobierno está dispuesto a saldar esa deuda histórica, refiriéndose a una posible reforma agraria, pero indicó de nuevo que es mediante el diálogo que se logra la democratización de la tierra.
Colombia es un país inmenso. Tiene una extensión de 1.141.750 Km2, donde viven 51,6 millones de habitantes, pero paradójicamente muchos ciudadanos no tienen techo para vivir, ni tierras para labrar o subsistir, mientras que un grupo muy reducido de personas naturales o jurídicas son dueñas de grandes extensiones, en algunos casos no utilizadas 100%.
Por eso, la invasión de terrenos que se viene presentando por estos días en el Valle, Cauca, Huila y Cesar, es la consecuencia de un problema tan antiguo como estructural que el Estado nunca ha sido capaz de solucionar. Históricamente a los gobernantes colombianos les ha faltado fuerza administrativa y astucia suficiente para generar una política de tierras y expedir una reforma agraria donde se haga explícito el uso de suelos y la distribución de los mismos en aras del bienestar y la paz de todos los colombianos.
La dificultad para el acceso a la tierra y el mercado de la misma, es un tema de economía e intereses políticos de marca mayor que ha llevado a este país a un conflicto interno muy complejo (incluso armado) de más de setenta años y tiene que ver mucho con la polarización del país a lo largo de su historia reciente.
Con la llegada de un gobierno de izquierda al poder muchos líderes y campesinos creyeron que ahora si tendrían patente de corso para comenzar a realizar recuperaciones de tierras y podrían realizar invasión de baldíos, pero por fortuna la respuesta del gobierno ha sido contundente y rápida: “Como Gobierno respetamos la Ley y la institucionalidad”, y “Confirmamos que sí va a haber Reforma Agraria para buscar equidad en el acceso a la tierra, pero pedimos a los colombianos respetar la tenencia y la propiedad”.
Le corresponde al dirigente caucano Rangel Giovani Yule Zape, como director de la Unidad de Restitución de Tierras, liderar propuestas para encontrar el camino correcto para solucionar los asuntos agrarios ligados al tema de la tierra. Se trata de problemas como al conflicto armado en el campo, el desplazamiento forzado, el abandono de fincas, el despojo de propiedades, entre otros, que configuran un orden delictivo en el que comúnmente incurren los que buscan tierra.
No atender este importante asunto con prioridad y solvencia puede terminar en problemas mayores como la gestación de grupos armados tipo autodefensas en muchas zonas del país. Y no darle tierra a los miles de personas que sembraron su esperanza en un gobierno de izquierda que prometió el cambio, puede generar nuevos conflictos armados no fáciles de manejar.
Por el bien del país, que el buen criterio y la audacia política permitan solucionar este problema de la mejor manera posible.