Columna de opinión
Por: Felipe Solarte Nates
Sin duda, que el grado de violencia a todos los niveles que afecta a la sociedad colombiana, tiene que ver con pérdida de valores en ambiente signado por el éxito rápido medido en riqueza y poder, catalizado por la corrupción y el narcotráfico, sin consideraciones de cómo, se obtengan bienes o los cargos.
En más de 60 años de guerra sucia hay mucha gente entrenada para matar sin remordimientos, acudiendo a técnicas como el corte de franela, patentado en la violencia de los años 50 por los chulavitas, cortándole horizontalmente el cuello a sus víctimas para sacarles la lengua y ponérselas de corbata.
Décadas después, los paramilitares innovaron con motosierras, mientras a ritmo de vallenatos bajados con ron, jugaban fútbol con las cabezas de las víctimas, a la par, que los que se quedaban sin equipo, se dedicaban a violar a sus esposas e hijas, y, sus comandantes, conectados con capos narcos, empresarios y parapolíticos que los financiaron, acompañados de notarios, se aprestaban a ofrecerles a las viudas irrisorias sumas para legalizar el despojo de tierras que ensancharían los fundos de ganaderos, palmicultores, bananeros, etc.
La degradación del conflicto colombiano con mucha gente desempleada y entrenada en manejar armas y matar con variadas técnicas, explica el salvajismo y la pérdida del respeto a la vida humana, que lleva, a que atracadores callejeros te acuchillen o disparen por robarte un celular; o que miembros de las fuerzas armadas maten a civiles indefensos incentivados por beneficios materiales y ascensos, en el caso de los militares involucrados en los falsos positivos; y que guerrilleros secuestren asesinen civiles acusándolos de colaboradores de las fuerzas armadas, recluten de menores, y cometan otros justificándose en una causa revolucionaria, que ya no tiene credibilidad, con jefes haciendo enchapar en oro sus pistolas y derrochando en festines y orgías, como cualquier Pablo Escobar.
Como lo habían hecho hace pocas semanas ante las madres de las jóvenes víctimas de Soacha y el Catatumbo, esta vez en la JEP. el turno para declarar le tocó a soldados y suboficiales del batallón La Popa, quienes hicieron crudas declaraciones sobre cómo, obedeciendo a la cadena de mando, fueron obligados a matar inocentes, vestirlos y armarlos como guerrilleros y mostrarlos como bajas en combate. De recompensa les daban vacaciones con su familia, en una playa, un arroz chino o $100.000 de las recompensas, cuyo grueso iba al bolsillo de oficiales que daban órdenes y también se quedaban con medallas y ascensos.
Era una práctica recurrente y sistemática, que no es de “manzanas podridas”, como han querido hacer aparecer algunos altos mandos, mayores beneficiados con los supuestos éxitos operativos.
Ya las FARC, reconocieron ante la JEP su participación en más de 20.000 secuestros y asesinatos de civiles y miembros de las fuerzas armadas. El reciente informe de la Comisión de la Verdad acaba de confirmar la dimensión de la barbarie, que entre 1986 y 2018, dejó cerca de 450.000 víctimas, la mayoría civiles asesinados por los paramilitares, seguidos por la guerrilla y después por las fuerzas armadas.
No dejan duda miles de testimonios recogidos entre los combatientes enfrentados y sus víctimas, en el caso de la Comisión de La Verdad, no con fines judiciales, sino buscando que quienes asesinaron inocentes limpien la carga de conciencia mediante el perdón solicitado ante sus familiares, a la manera de la confesión católica ante un sacerdote.
Antes de posesionarse, en busca de ampliar el frenado acuerdo de paz con las FARC, el presidente Petro ha entendido, qué en lugar de atizar odios y venganzas, hay que buscar la reconciliación para dirimir diferencias ideológicas y políticas en ambiente civilizado, de respeto a las leyes del juego democrático. Todo esto acompañado de un cambio profundo en la doctrina y práctica de las Fuerzas Armadas para que no vean a la población que protesta como “el enemigo interno”.
Eso explica su encuentro con el ex presidente Uribe, y su propuesta de reanudar diálogos regionales por la paz, invitando a participar a las organizaciones sociales, gremios, al ELN, a las disidencias y a los grupos armados que quieran desmovilizarse.
A la par, en el plano internacional, se propone que los Estados Unidos y otros países acepten la regulación del cultivo y procesamiento de la hoja de coca (alimenticio, medicinal, cosmético y recreativo) así como hicieron con la marihuana para quitarles el negocio a paramilitares, guerrilleros, carteles y empresarios lavadores de dinero.