El Consejo Superior

SILVIO AVENDAÑOSILVIO E. AVENDAÑO C.

avendano.silvio@yahoo.com

La Ley 30 de 1992 reglamenta el sistema universitario. El artículo 28 plantea: “La autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política y de conformidad con la presente Ley reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear y desarrolla sus programas…” Sin embargo, el artículo 64 de la misma Ley, sobre la composición del Consejo Superior Universitario, como máximo órgano de gobierno, desmiente la autonomía de la institución universitaria. Y contradice, la autonomía porque la universidad pública se ha ideado por el poder y ligada a él. De esta manera, no hay autonomía sino heteronomía. Y prueba de que no hay autonomía –es decir que la universidad se gobierne por sí misma- es la composición del Consejo Superior, que no está constituido por quienes forman la academia, como son los estudiantes y los profesores. Así, el Consejo Superior está integrado por: el representante del presidente de la república, el representante del ministro de educación, el gobernador del departamento, un representante de los gremios económicos, un ex rector, un ex alumno, un representante de la comunidad académica, un profesor y un estudiante.

Como es evidente la universidad carece de autonomía, es decir, la dirección de la misma no yace en ella, en otras palabras, la estructura del Consejo Superior no surge del interior de la universidad. En la mayoría de los casos el Consejo Superior es un mecanismo adicional de engranajes clientelistas. Quienes lo integran no tienen idea de lo que constituye la universidad, en sus metas, en su quehacer, en sus perspectivas.

Quienes elaboraron la Ley 30, ingenuamente pensaron en la autonomía, pero la autonomía no paso de ser un flatus vocis, dado que son los sectores externos a la universidad los que rigen la institución. Mucho peor, por el afán “democratero” y la falsa creencia de que la universidad debía ponerse a tono con la democracia, se acordó que el rector sea elegido por el Consejo Superior (antes de 1992 lo designaba el Presidente de la República). La decisión que el rector sea electo por la misma universidad ha llevado a que dicha elección tenga poco que ver con la universidad, ya que se desconoce el quehacer de la universidad, a los profesores y a los estudiantes. Y es de anotar como los periodos de elección del rector son los peores tiempos de la universidad. En dicho tiempo, no interesa para nada el quehacer académico, sino el “cabildeo” de los candidatos a la rectoría, en otras palabras, como actúan “hábilmente” para ganarse la voluntad de cinco de los miembros del Consejo Superior.