Columna de opinión
Carlos E. Cañar Sarria
Si algo tiene de bueno el régimen político democrático es el respeto de la Constitución y de las leyes. En ese marco, están las garantías que tiene el derecho a disentir, a protestar pacíficamente. Protesta que no debe ni tiene por qué ser criminalizada y que resulta un comportamiento común dentro de la lucha por el reconocimiento de los pueblos como expresión de la sociedad civil, que en el caso colombiano es tan esquiva.
Dice Montesquieu que la democracia es el amor a la igualdad. En un país como el nuestro, donde los derechos sociales y económicos están conculcados o suspendidos, la protesta social no es sólo legítima sino también necesaria.
Es importante entender la democracia como el amor a la verdad, sin verdad no hay democracia. La ignorancia de los pueblos les hace fácilmente manipulables, susceptibles a la renuncia y enajenación de sus necesidades y a la apología de intereses mezquinos. Construir sociedad civil no es posible sin un pueblo consciente, fuerte y organizado, capaz de reivindicar pacíficamente sus derechos.
Un clima de tensión ha tenido el país en los años recientes, que ha evidenciado la contradicción entre Estado y sociedad. Protestas populares, paros anunciados y realizados. En el transporte, en la rama judicial, en el magisterio, de los corteros de caña, de los estudiantes, de la Dian, de la Registradora, marchas indígenas y campesinas, de los camioneros, etc., que expresan una serie de inconformismos, demandas y pretensiones de conquistas laborales, de reivindicaciones sociales y económicas que el Estado debe atender, conciliar y exige diálogos y concertaciones entre las partes y la no intervención de la fuerza y la violencia para dirimir los conflictos. Es aquí donde debe tener cabida la política entendida como la capacidad de resolver pacíficamente las diferencias.
Se entiende que en toda democracia que se respete, la legitimidad de la protesta social se concibe en la medida en que se recurra a la mesura, a la racionalidad, bajo un clima de respeto del Estado social de derecho y el orden constitucional.
En estas condiciones el Estado no puede criminalizar la protesta social ni comprometerse en acciones que incurran en violaciones de los derechos humanos, algo supremamente censurable y bochornoso en una democracia.
La propuesta de paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro debe recurrir irremediablemente al encuentro de unos cambios de comportamientos en la vida privada y pública de los colombianos y en la construcción de una nueva cultura política que haga posible el manejo civilizado de los conflictos entre los diferentes actores sociales en variados escenarios de la vida nacional.
Para fomentar una cultura de la paz total, de la paz política en primera instancia, se requiere fomentar y desarrollar valores tales como la solidaridad, la equidad, el respeto por las diferencias, la participación, etc., como camino para la vigencia de los demás tipos de paz como es el caso de la paz económica y social. Colombia urge de un Estado de la mano del interés colectivo y ajeno a circunstancias sociales y políticas de exclusión.
La privatización de lo público ha sido un obstáculo para una democracia en construcción como la nuestra; lo que explica el acrecentamiento de la protesta y la lucha social tras la conquista de la vigencia y materialización de los derechos humanos. La paz se hace inalcanzable mientras los derechos humanos sean objeto de olvido, atropello o menosprecio. De donde se deduce que la reconciliación nacional será posible en la medida en que se garantice la tolerancia, el ejercicio legal y legítimo del poder en la defensa de la vida, la vigencia de la libertad y seguridad de las personas. La defensa de los derechos sociales y económicos incluye la defensa de una salud en condiciones de dignidad. Sin una salud digna no hay vida posible.
Las marchas del pasado 26 de septiembre en contra de las reformas anunciadas por el presidente Petro- de corte pacífico- no fueron tan masivas y contundentes como lo hicieron parecer algunos medios ajenos a la verdad. No se podía esperar algo diferente, ya que es imposible evaluar objetivamente un gobierno que apenas empieza. Más aún cuando el presidente Petro ha enfatizado que su gobierno será de diálogos y concertaciones y que su plan de desarrollo se caracterizará por la inclusión. En algunas regiones no faltaron manifestantes con pancartas y mentiras: que vamos hacia el comunismo, que se traerán médicos cubanos, que se van a robar las pensiones, que la gasolina subirá a precios exorbitantes, que la salud se acaba, que se acabarán las tiendas de barrio y subirán los precios de artículos de primera necesidad; que se crearán milicias urbanas pagadas con nuestros impuestos, en fin, una sarta de mentiras que en nada favorecen en la construcción de una cultura política democrática.