Editorial
Por: Marco Antonio Valencia
L
os habitantes de la cordillera patiana se sienten excluidos, marginados y hasta abandonados por el Estado, y solicitan soluciones por parte de la Alcaldía y la Gobernación a una serie de demandas sociales que, de no cumplirse, les obligan a tomar vías de hecho como la movilización social. Así lo hicieron saber la semana pasada mediante un comunicado de prensa.
Si no hay respuestas a sus peticiones, el 20 de septiembre inician sus jornadas de protesta.
Pero, ¿qué es lo que está pasando en la cordillera?
Hablamos con su vocero, el politólogo Jhon Jairo Fuentes de Agropatía y con algunos habitantes de la comunidad que nos ayudaron a entender la situación.
Lo primero a mencionar es que hay cansancio frente al gobierno local y al departamental, los cuales no responden a los llamados de las gentes de la cordillera. Y, por tanto, como comunidad, sienten que deben pronunciarse en busca de soluciones a sus problemas de bienestar y de derechos.
Como organización comunitaria están pidiendo mesas de trabajo y respuestas a problemas, que podríamos llamar domésticos, pero que reflejan una inconformidad que va creciendo y puede convertirse en un movimiento social con proyecciones inesperadas y negativas para todo el mundo.
El municipio de Patía se divide en el plan, la meseta y la cordillera, y son los habitantes de éste último territorio -conformado por once corregimientos- los que, unidos, planean salir a protestar: Brisas, Don Alonso, Bello Horizonte, El Placer, La Mesa, Quebrada Oscura, Santa Rosa, La Fonda, Pan de Azúcar, El Hoyo, Santa Cruz; son lugares donde se cultiva principalmente café, plátano, yuca y coca.
Por ser tierras alejadas de la cabecera municipal de El Bordo, tradicionalmente han sido abandonadas por el Estado, y es allí donde las FARC han ganado territorio y hacen presencia. Además, su economía ya depende de la siembra de coca y muchos pobladores emplean su mano de obra para la cosecha, menoscabando así la siembra de productos agrícolas para la alimentación.
Como en todos los territorios lejanos al centro la calidad de vida es precaria, los servicios básicos no existen o son pésimos y las vías son un lamento. Aspectos como la educación y la salud, que deberían ser prioridad, son de baja calidad o brillan por su ausencia.
Si bien la comunidad ha construido escuelas, carreteras y centros de salud a través de mingas y en lotes donados por particulares, esos centros “no pueden ser dotados con recursos oficiales sin cometerse un delito”, nos ha dicho el gerente del Hospital de El Bordo, a quién se le pide la renuncia, entre las peticiones expresadas en el boletín que anuncia el paro social.
El politólogo Fuentes expresó así mismo que están dispuestos incluso a participar en política en las próximas elecciones para posicionar líderes conocedores y conscientes de su problemática. Y, además, porque tienen propuestas concretas que involucran conocimiento de causa como, por ejemplo, un manejo distinto a la erradicación de la coca que propone el gobierno nacional.
Abogamos porque los diálogos, que se darán este fin de semana y que son anunciados desde la gobernación, tengan éxito. Ya es suficiente con el conflicto que tiene el departamento al norte por el enfrentamiento entre comunidades indígenas y campesinas referentes el tema de la tierra.