Editorial
Por: Marco Antonio Valencia
C
ada 20 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Libertad de Expresión del Pensamiento.
Pero, justamente, en fecha tan especial para el planeta Tierra, la prensa del sur del Cauca hizo conocer un panfleto -supuestamente firmado por el grupo paramilitar Águilas Negras- amenazando a varios líderes campesinos del municipio de Patía por haber participado en la campaña Petro Presidente.
Se trata de amenazas a líderes de la Asociación Nacional de Usuarios (ANUC), a quienes se les conmina –so pena de muerte– a abandonar el territorio por participar en política apoyando al Pacto Histórico que llevó a Gustavo Petro a la presidencia.
Conocer este tipo de amenazas resquebraja la fe en la humanidad y desdeña una conquista de la civilización lograda por la Revolución Francesa de 1789, cuando se promulgó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, traducida por el prócer Antonio Nariño para los latinoamericanos en 1793 y animó la revolución que sacó a los europeos de nuestros países.
El derecho de expresión de las personas está consagrado más recientemente por la Declaración de Derechos Humanos emitida por la Organización de las Naciones Unidas en 1948, y eso incluye no cuestionar el derecho que tiene todo ciudadano a expresar sus opiniones y difundir información sin límites.
Un pacto que los países y actores en conflictos del mundo han respetado aún en guerra abierta, porque el sentido de la humanidad y la benevolencia no pueden convertirse en valores negociables ni perderse a pesar de los problemas.
Creíamos que, en Colombia, habían terminado ya esos días aciagos, crueles y bárbaros cuando se eliminaba al contradictor por razones políticas y estábamos comenzando un nuevo proceso histórico donde la democracia, los derechos y el diálogo nos permitirían dirimir nuestras contradicciones.
Y lo creíamos confiados en la firma de la paz con las Farc, la amnistía a los paramilitares y la elección de un candidato de la izquierda que militó en un grupo revolucionario, todo en el marco de un proceso lento que avizora madurez política y rechazo a la violencia, venga de donde viniere.
Si bien el Estado colombiano no tiene leyes para la protección de líderes sociales, hay sentencias constitucionales que orientan a las instituciones para proteger la vida de los amenazados.
Hablamos de la Defensoría del Pueblo, la Unidad Nacional de Protección UNP, la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación. Y lo que se presenta en el Patía es una alerta temprana donde la comunidad pide a estos organismos actuar para preservar las vidas de quienes hoy son amenazados.
Los líderes políticos del Cauca (gobernador, alcaldes, diputados, concejales, congresistas, senadores) deben abogar por convertir al departamento en “una zona especial de diálogos por la paz total” en Colombia.
La reconciliación del país nace, germina y fructifica en nuestro departamento, porque aquí están sembrados todos los malos frutos que reproducen –y alimentan– la lógica demencial de la guerra.
Las fuerzas vivas de Popayán y el Cauca deben pedirle a los grupos armados en conflicto respetar la opinión y la vida de los líderes campesinos y sociales del Patía y de todos los caucanos.
En el Cauca no merecemos tanta guerra.
¿Se sacó a los europeos? ¿O más bien se destrozó un extraordinario Imperio, para convertirlo en un puñado de republiquetas? Dando inicios a unas confrontaciones, en que sus lideres terminaron exiliados, o en camino, cuando no asesinados. Hablar de los europeos, como algo externo a nuestro ser, es negar lo que se es, es decir una sociedad mestiza, en que el elemento Amarillo (los mal llamados indios), más el elemento español, más el Negro, constituyen nuestro ser. Esa es nuestra mayor riqueza, que imbéciles (López Obrador) la quieren convertir en nuestra mayor tragedia.