Columna de opinión
Por: Danilo Reinaldo Vivas Ramos – [email protected]
Nuestra caficultura ha venido adquiriendo una gran importancia en el campo económico y social en la última década, después de la caída del Pacto Cafetero en 1989, cuando a nivel mundial se rompieron las negociaciones entre productores y consumidores del grano que, en el marco de la Organización Internacional del Café – OIC, los productores, gracias a la estabilidad que ofrecía el Pacto, gozaban de precios favorables, llegándose a épocas de verdadera bonanza cafetera, lo que permitió fortalecer la institucionalidad cafetera, el mejoramiento de los ingresos para los caficultores y significativas inversiones en infraestructura en las regiones cafeteras: vías, escuelas, puestos de salud, acueductos y energía eléctrica entre otros, de manera particular, las que en su momento constituían el eje cafetero por excelencia.
Caído el Pacto Cafetero, llevó a que las relaciones entre productores y consumidores se rigieran por las leyes de oferta y demanda, las cuales fueron gradualmente favoreciendo a los consumidores, particularmente a la industria torrefactora a nivel de los países compradores de café verde, que se vienen quedando con grandes utilidades, en detrimento de los cafeteros, que en su condición de ser productores de un commodity, sus precios estan sometidos a una permanente volatilidad, desestimulando en muchos casos las actividades de la caficultura, el cambio de vocación productiva y económica de amplias áreas del parque cafetero que otrora lideró la caficultura nacional.
El hacer conciencia de la nueva realidad de la caficultura en ese entonces, estuvo en relación directa con las políticas adoptadas por el Fondo Nacional del Café – FoNC, que logró mantener precios de sustentación hasta 1993, cuando los recursos ahorrados en las épocas de bonanza comenzaron a agotarse y con ello el tránsito de la caficultura hacia regiones emergentes en el sur occidente del país, destacándose los departamentos del Huila, primer productor a nivel nacional, Tolima, Cauca, Valle del Cauca y Nariño, que aportan entre todos el 51.72% de la producción nacional de café, con dos característica esenciales: Por un lado, la actividad productiva se desarrolla en pequeñas Unidades Productivas Agrícolas -UPAS, las cuales están entre una y cinco hectáreas; por el otro, le han venido dando cada vez mayor importancia a la producción de cafés especiales, lo que les ha permitido, de la mano de la Federación Nacional de Cafeteros – FNC, tener una mayor rentabilidad, pero esta no ha logrado mejorar las condiciones de vida de los productores, de sus familias y de los territorios cafeteros, no obstante estar en estas zonas el 55% de los caficultores del país.
La reactivación de la actividad cafetera que hoy vivimos, que para este año generará recursos por cerca de 14 billones de pesos, además de contar con nuevas y pujantes regiones cafeteras, está asociada a la gestión de la institucionalidad cafetera, representada en la FNC, que logró, en el 2009, que el gobierno nacional asumiera un compromiso histórico con la caficultura, al apoyar la renovación del parque cafetero y estimulo a nuevas siembras, con la expectativa de que en el 2014 por lo menos el 85 por ciento de las áreas sembradas estuvieran totalmente renovadas y tecnificadas, lo que permitió un aumento considerable de la producción, llegando a topes cercanos a los 14.6 millones de sacos, producción coadyuvada por programas como el Incentivo a la Capitalización Rural – ICR.
Ad-portas de la realización del 90º Congreso Nacional de Cafeteros, que se desarrollará en la capital de la república entre el 30 de noviembre y los días 1 y 2 de diciembre de 2022, el primero a realizarse en el contexto del actual gobierno nacional, como el máximo órgano de dirección gremial, tiene la responsabilidad y oportunidad única de hacer las transformaciones necesarias para atemperarse a la nueva realidad geopolítica de la caficultura, la que debe contar con una organización gremial menos centralizada y con mayor empoderamiento de los caficultores en sus respectivos territorios, a fin de potenciar los bienes públicos cafeteros que se financian con los recursos de la Contribución Cafetera (0.06 U$ por libra de café exportado) que constituyen el FoNC y cuya administración está en manos de la FNC, en virtud de un Contrato de Administración suscrito con el Gobierno Nacional. ¡Estamos a tiempo.!