Editorial
Por: Marco Antonio Valencia
L
a Constitución nacional y la democracia que subsiste en este país, permitirá que el próximo lunes 26 de septiembre, cientos de personas temerosas o afectadas por las reformas que se avecinan en el gobierno de Gustavo Petro, salgan a protestar, acabando con la luna de miel entre el mandatario y sus seguidores.
Mientras los ministros y congresistas del gobierno trabajan a toda marcha para gestionar el aumento del precio de la gasolina, aprobar una reforma tributaria con alzas e impuestos inéditos, -al tiempo que propone robustecer subsidios y catea hacer reformas a las pensiones-, la oposición política está citando a protestas en las calles, en un ejercicio político que parecía improbable en Colombia: que las banderas de la derecha salieran a protestarle a un gobierno de izquierda.
El drama del presidente consiste en intentar, por todos los medios, cumplir con los sueños y las esperanzas de sus millones de electores, aquellos que durante años le escucharon predicar acerca de un país rico pero mal manejado; Ahora que Petro lo administra, se ha encontrado con que, para financiar programas sociales, subsidios y demandas justas del pueblo, requiere tomar medidas osadas y temerarias.
El presidente llegó al poder montado sobre el ímpetu de protestas sociales a lo largo de su vida y, por esta razón, la opinión pública ha considerado como un exabrupto que sus seguidores descalifiquen el derecho a la protesta de quienes quieren expresar inconformidad con las medidas políticas y económicas que se están diseñando para el país del futuro.
Acerca de este tema, El jefe de Estado indicó “que están en su derecho, el problema es que ellos ocasionaron el problema”, dando a entender que las medidas que se vienen tomando obedecen a una estrategia encaminada a mitigar los descuidos fiscales y económicos del gobierno anterior, liderado por Iván Duque -un gobierno de derecha y con epígonos del uribismo-.
Muchos seguidores del presidente, los llamados “sin techo”, han comenzado a invadir tierras privadas, presumiendo que el gobierno no usará la fuerza pública para desalojarlos, porque han venido escuchando al ministro de defensa y al propio mandatario desvirtuar el poder y las funciones de la fuerza pública en el escenario de las confrontaciones sociales.
Y los que marcharán el 26 se vienen preguntando lo mismo: ¿usará el Estado la policía para acompañar e intervenir, poniendo orden con bolillo y gases, si las cosas se salen de las manos?
Creemos que la protesta social es plausible como expresión de la democracia y el derecho a disentir, pero lo que nadie puede aceptar es que dichas protestas se salgan de contexto y terminen siendo el caballito de Troya por donde ingresen los exabruptos, los desmanes y el punto ciego de un incendio incontrolable.