Columna de opinión
Por: Fernando Santacruz Caicedo
Los Acuerdos de La Habana (Gobierno Colombiano-FARC, 2016), determinaron los pilares fundamentales para adelantar la RRI. Los intentos de “reformas agrarias” de 1936 –López Pumarejo-, 1961 –Lleras Camargo-, 1994 –Gaviria Trujillo-, coronaron en declaraciones de papel. La concepción absolutista del dominio se perpetúa (Ley 57/1887, art.669) y las funciones “social” (Ley 200/1936) y “ecológica” (C.P., 1991) de la propiedad, son enunciaciones quebrantadas. La administración Petro se comprometió a implementar los Convenios antedichos, los cuales son imperativo adicionar.
Los proyectos modificatorios del 36 y 61 enfatizaron el carácter redistributivo de la propiedad territorial –descuajar bosques, utilizarlos y titularlos. El del 94 (Ley 160), acentuó su naturaleza empresarial –asociación de empresarios capitalistas y colonos-labriegos. El de 2016, priorizó la legalización masiva de los fundos rurales. La sentencia sobre baldíos emanada de la Corte Constitucional –agosto, 2022- impele la escrituración a pequeños colonos-productores, arriesgando devastar los ecosistemas nativos.
En Colombia impera el engañoso concepto de que los baldíos –bosques naturales- son tierras estatales desaprovechadas, NO utilizadas activamente en procesos de producción, y, simultáneamente, se consideran productivas las dedicadas a labores agropecuarias. Tan errónea apreciación instiga a desbrozar y roturar las selvas a fin de probar su posesión, explotación económica y obtener la titulación. ¡Tenemos 500 mil kilómetros cuadrados de boscaje originario!, de los cuales deforestamos 150 mil hectáreas anuales, destrozamos su biodiversidad y sembramos pastos para la vacada, ignorando su incalculable riqueza dineraria, su valor productivo e inapreciable significado para el bienestar de la humanidad. Así lo confirma la tesis del distinguido ambientalista colombiano Juan Pablo Ruíz Soto: “En Colombia no hay baldíos, toda la superficie del país está relacionada con la producción. […] Craso error histórico que surge de suponer que el bosque en pie no aporta a la producción. […] Evidencias y estudios científicos demuestran que el bosque natural está vinculado con la producción y que la sostenibilidad del planeta y de los territorios depende de su conservación. […] [E]n 2021 se deforestaron 174.103 hectáreas y en los últimos seis años cerca de un millón de hectáreas; aún no logramos frenar la destrucción de este capital natural”.
Hoy la planificación territorial, en el mundo civilizado, incluye tres criterios: i- la regulación y conservación hídrica, definitiva en la producción agropecuaria, consistente en reglamentar los usos del agua y de las tierras adyacentes a quebradas y ríos. ii- la salvaguarda y recuperación de ecosistemas estratégicos, vale decir la conservación de la biodiversidad en superficies rurales de uso productivo y bosques naturales, y el amortiguamiento de la crisis climática. La auténtica función ecológica del dominio privado es consustancial a la productividad de los fundos rústicos y al “desarrollo sostenible”, noción que comprende: a) gestionar lo ambiental desde lo local hasta lo global; b) rechazar el concepto que entiende el desarrollo sostenible como “transacción entre los intereses políticos de los grandes países y los grandes problemas ecológicos globales”; y, c) convivir y evolucionar en armonía con la naturaleza. (Antropoceno: la huella humana, Ernesto Guhl Nannetti, Ed. Javeriana, 2022). Y, iii- anexión del bosque -52% de nuestro territorio- a la frontera productiva; cobrar los servicios ecosistémicos, prestados hoy gratuitamente al planeta sin compensación internacional alguna –traslados financieros, condonación de deuda pública, crédito preferencial, canje de intereses adeudados a la banca multilateral, etc.-; transferir recursos financieros y materiales a las comunidades rurales que conserven los bosques.
La ciencia reconoció, hace mucho, la trascendencia de preservar las áreas boscosas para la vida y salud humanas, la biodiversidad, el clima, las fuentes hídricas, etc. ¡ES HORA DE COBRAR AL MUNDO POR NUESTROS SERVICIOS AMBIENTALES! Producir, NO implica deforestar. Ampliar la frontera agropecuaria y minera a expensas del bosque, constituye ECOCIDIO. Reducir a 7 millones de hectáreas el hato ganadero de Colombia -21 millones de cabezas, ocupan 36/38 millones de hectáreas-, es un DEBER estatal ineludible –podría distribuir 29/31 millones de hectáreas entre “precaristas”, para actividades productivas.