Columna de Opinión
Por: Fernando Santacruz Caicedo
La preocupante coyuntura económica colombiana, recrudecida por la situación internacional, plantea al gobierno de Petro problemas de compleja resolución –déficit fiscal, política anti-inflacionaria, reforma tributaria, etc. En términos generales, la tributaria pretende modificar la estructura de impuestos para recaudar más dinero e implementar los programas del gobierno. El “estallido social” -2021- nos espabiló y, hoy, tales reformas copan la atención nacional por cuanto las políticas fiscales gravan progresivamente a las personas conforme a sus ingresos –rentas, superiores a $10 millones- y bienes – patrimonios, que excedan $2.736 millones; redistribuyen la riqueza, merman la desigualdad, disminuyen la pobreza, originan mayor equidad, dan transparencia al gasto público y refuerzan la confianza en el Estado. La Agenda Legislativa del Pacto Histórico –Transformación Tributaria- declara: “Las sucesivas reformas tributarias han introducido un sesgo pro rico en la tributación estatal. […] Se redistribuirán las cargas tributarias para que quienes tienen más y contaminan más, paguen más”. ¡Nuestro régimen impositivo ha sido perversamente laxo con los contribuyentes de mayores rentas y patrimonios!
La meta de la reforma es obtener 25 billones -monto realista, comparado con el de la campaña-, para aplicarlos al gasto social definido en los proyectos gubernativos -Vgr.: paz, hambre, RRI, empleo, salud, educación, infraestructura indispensable, etc. Aproximadamente, un tercio del recaudo provendrá de los hogares con rentas y pensiones superiores a $10 millones –menos del 5%, para un monto de $8 billones; y, una quinta parte, de las empresas -$5.5 billones. Sin embargo, a mediano plazo la reforma deberá extender el universo tributario. Eliminar las exenciones, subsidios, descuentos y tratamientos especiales a determinados sectores es encomiable, particularmente de aquellos beneficios sin justificaciones técnicas ni económicas. Rebajar la alta tributación empresarial e incrementar el escaso aporte de las personas naturales, podría estimular el bienestar colectivo.
Entre los aciertos más ponderados de la tributaria destacamos la pretensión de aumentar los ingresos de quienes tienen o ganan menos; el freno al sistema regresivo, orientándolo hacia otro más equitativo y progresivo; el aumento del 1% a la carga tributaria de las personas con mayores ingresos; el gravamen a las exportaciones de petróleo, carbón y oro -$5.8 billones-, porque sus altos precios internacionales permiten un cobro mayor a favor del Estado; el establecimiento de límites a los beneficios tributarios e iniciar el ajuste por los sectores socioeconómicos opulentos.
Entre las inconveniencias más significativas recalcamos ignorar el IVA, impuesto inequitativo que pesa fundamentalmente sobre las clases medias y pobres. No reducir, moderadamente, el impuesto de renta a las personas jurídicas generadoras de empleo.
Restringir la base tributaria a los “ricos consuetudinarios”, olvidando los “ricos emergentes”. Urge reconsiderar el impuesto a las utilidades empresariales (35%), regravadas con otro impuesto a los dividendos personales (39%), por excesivo, desestimulante de las nuevas inversiones, obstructor de la competencia y multiplicador de la informalidad. Conforme a la ANDI las empresas continuarán “enfrentando una alta carga tributaria”, equivalente a $14 billones de pesos. El incremento de los impuestos ocasiona la reducción de los rendimientos empresariales y los ingresos laborales, generando bajas considerables en la tasa de ahorro y conduciendo la economía a la “estanflación” que la expone a vigorosos cimbronazos sobre la producción y el empleo.
Por el exiguo monto del recaudo, la “innecesaria agitación” que causan y la insignificancia redistributiva, carecen de importancia los “impuestos saludables” –bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, suman $2.5 billones-; igualmente, el gravamen a las pensiones superiores a $10 millones mensuales.
La reforma tributaria mide la correlación de fuerzas entre los representantes de la oligarquía hegemónica y los nuevos protagonistas del cambio. Estará supeditada a las presiones de quienes pretenden conservar sus prebendas y los chantajes regionales de los legisladores para aprobarla. ¡Avanzar hacia una sociedad más ecuánime, exige transformaciones orgánicas contundentes!
PD: Imperdonable desistir el nombramiento de CESAR FERRARI, como Director del Departamento Nacional de Planeación -DNP. Procede la Excepción de Constitucionalidad -Artículo 4 de la Carta Política.