Objeción

05:56 am 13-marzo

EDUARDO NATES LÓPEZ

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Cuando existe una discusión alrededor de un término fundamental del idioma, acostumbro acudir al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española con el fin de precisar linderos y tratar de encausar argumentos. Busqué, entonces la palabra “objeción” y encontré: “Razón que se propone en contra de una opinión o designio…” Y ratifiqué lo que pensaba: Que el Presidente Duque, en ejercicio tranquilo de sus facultades constitucionales, ha expuesto unas razones absolutamente válidas frente a 6 de los 159 artículos consignados en la Ley Estatutaria de la JEP. (Si fuera aplicable la matemática en este caso, podría decirse que, en representación del país que lo eligió, el presidente objetó el 3.7% del contenido de dicha Ley”; o decir que aceptó el 96.3% de lo estipulado en ella). Fuera de esto, en la prensa del lunes, al otro día del pronunciamiento presidencial, apareció nada menos que la presidente de la JEP, Patricia Linares, diciendo que: “La jurisdicción seguirá funcionando plenamente, ejerciendo a cabalidad todas y cada una de sus competencias y funciones, como lo ha venido haciendo…” Entonces, ¿De dónde sacan los opositores del gobierno la tragedia de que Duque “objetó la ley de la JEP? Y peor aún, ¿De dónde sacan sus enfermizos enemigos que “volvió trizas los acuerdos”?

Más vale, pónganse de acuerdo, señores opositores. ¡Hasta la propia doctora Linares les está diciendo que no ha pasado nada! Son demasiadas las ganas de pelear… Ya “el destemplado” Cesar Gaviria (quien, con su esposa de Embajadora en Egipto, debería recordar que es mala educación hablar con la boca llena), anda dizque armando bloques parlamentarios para torpedear unos razonamientos válidos, muy bien expuestos y sustentados, por los cuales es necesario que el Congreso reconsidere unos puntos de esa Ley. A la larga, lo que Gaviria está mostrando es que quedaron muy mal acostumbrados al método Santos y que “sin mermelada, no les entra nada.” Peor aún, la la utilización como corifeo de su favorito, el procurador Carrillo, quien también amaneció de luto porque el presidente ejerció sus competencias.

Ahora, enunciando las objeciones presidenciales, pregunto de aquí para allá: 1.) ¿No es necesario que quede clara la obligación de los victimarios, de reparar a sus víctimas? 2.) ¿Porqué no está bien que el Comisionado de Paz, en representación del señor presidente, pueda verificar a las personas que participen en un proceso de paz? 3.) ¿No es mejor que las investigaciones sobre personas sometidas a la JEP, se suspendan en la justicia ordinaria? 4.) ¡El estado no puede renunciar a perseguir a los responsables de delitos de lesa humanidad! 5.) ¿No es mejor precisar que la Sección de Revisión del Tribunal de Paz, pueda practicar pruebas, en los casos de extradición de personas por conductas posteriores al Acuerdo de paz? 6.) ¿Está bien que el art 153 de esta Ley, condicione la extradición de otras personas, al ofrecimiento de la verdad, pero sin ningún término de tiempo?

Por otra parte, es imprescindible la Reforma Constitucional que el presidente anunció, paralelamente con estas objeciones, para que: 1.) Se excluyan los delitos sexuales contra niños y adolescentes de la Justicia Transicional. 2.) Se establezca que quien reincida en actividades criminales perderá todos los beneficios y 3.) Quede claro que todas las conductas delictivas que hayan iniciado antes del 1 de diciembre de 2016 y que continúen ejecutándose después de esa fecha, serán competencia de la Justicia ordinaria. Además de lo anterior, debería excluirse el narcotráfico, como delito conexo con los delitos políticos, aberración que Santos dejó pasar por en medio de sus narices.

Bien por el presidente Duque, que cumplió lo que prometió en campaña. Quedan notificados: la izquierda -que perdió el plebiscito y las elecciones- de que este no es el gobierno de Santos; Y la Corte Constitucional, de que no pueden seguir legislando y haciéndole añadidos a las leyes.

Es esta una generosa oportunidad que el presidente Duque le otorga al Congreso para que, en forma ciertamente democrática, legisle en concordancia con lo que el pueblo mayoritariamente votó en el plebiscito del 2 de octubre de 2016.