Nueva ola de consultas populares dice no al extractivismo
Marco Aníbal Avirama, senador.
MARCO ANIBAL AVIRAMA AVIRAMA
¿Está usted de acuerdo SÍ o NO que en el municipio de Pijao se desarrollen proyectos y actividades de minería de metales? Esta es la pregunta que el Tribunal Administrativo del Quindío aprobó el pasado mes de mayo, para ser sometida a consulta de los habitantes del municipio, quienes la votaron negativamente por una notable mayoría (98%), el día domingo.
A pesar que se cuentan ya más de 40 consultas efectuadas a la fecha, éste no ha sido un camino fácil. Ya antes el mismo tribunal había declarado inconstitucional la pregunta, por lo que los impulsores de la iniciativa presentaron una tutela, que fue fallada a su favor por la corte constitucional en octubre del año anterior.
Con una votación cercana al 99% de los votos depositados, el mismo día de ayer los habitantes del municipio cundinamarqués de Arbeláez, optaron también por el NO a la realización de actividades de sísmica exploración, exploración y lavado de materiales de hidrocarburos y/o minería a gran escala, en este caso específico oponiéndose a dos proyectos de hidrocarburos que buscaban realizarse sobre la Provincia de Sumapaz, y que son de interés de la petrolera canadiense Alange Energy y la Australian Drilling Associates.
Se afirma por parte del observatorio de conflictos ambientales de la UNAL, que se preparan otras 40 acciones populares para definir temas ambientales. Estamos ante decisiones populares mayoritarias que buscan defender el derecho de las comunidades a decidir sobre uso y vocación del territorio, prever amenazas para sus recursos de vida, tales como el suelo para la producción de alimentos, agua y aire limpios, flora y fauna nativa, entre otros. Son acciones ciudadanas que se oponen a la intervención muchas veces acompañada de actos de corrupción, de empresas nacionales y extranjeras que a la voz de grandes inversiones buscan seducir a las administraciones empobrecidas y a las comunidades carentes de empleo y vida dignas. Ya no son solo las decisiones ciudadanas buscando poner freno a locomotoras extractivas sin control en sus territorios, o buscando atajar lo máximo posible los riesgos sobre sus recursos vitales antes que devengan en desastres, sino comunidades empoderadas en defensa de la vida sin distingos partidistas o religiosos.
Estas comunidades en el marco de un proceso de construcción de paz territorial y generación de condiciones de vida buena y digna, deben recibir del Estado el apoyo y la inversión que les permita sacar provecho de sus ventajas comparativas que son las que el sentido común de las comunidades busca preservar y proteger. En el caso del municipio de Pijao, por ejemplo, la opción es por el desarrollo de un turismo sostenible, la agroindustria y los cafés especiales.
Aunque aún falta mucho por andar, estos certámenes electorales cuentan con una cualificada participación ciudadana y se han desarrollado en ambientes de respeto por la opinión de los otros. Merece destacarse también que son las razones y los argumentos los que se debaten e intercambian, antes que coimas o la defensa de feudos electorales.
De otro lado investigaciones académicas y algunas decisiones judiciales han evidenciado los nexos existentes entre grandes proyectos mineros y petroleros y la violación de los derechos humanos fundamentales y colectivos de poblaciones rurales en medio del conflicto, por lo que pensamos que aún nos falta mucha Verdad para esclarecer hechos y responsables aún en las sombras.
Seguiremos sosteniendo que la superación de los conflictos ambientales territoriales, pasa por el respeto por las decisiones ciudadanas en consultas populares, y el reconocimiento del derecho de las poblaciones indígenas y negras a ser consultadas de manera previa, libre e informada; sin esto la paz territorial será insostenible y la reconciliación nacional no echará raíces.
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