Representantes de Ruta Pacífica de las Mujeres presentaron, ante la JEP, un documento de aportes a la Justicia Restaurativa con enfoque de género y recomendaciones respecto a las sanciones propias que se impondrán en ese tribunal. Mujeres de Miranda, Popayán, Silvia y Santander de Quilichao participaron del proceso.
Redacción El Nuevo Liberal
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ste jueves, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) recibió el documento “Aportes a la JEP frente a Justicia Restaurativa, enfoque de derechos de las mujeres y sanciones a graves violaciones a Derechos Humanos de las Mujeres”, por parte de la Ruta Pacífica de las Mujeres, un movimiento que trabaja por la tramitación negociada del conflicto armado en Colombia y visibilizar el impacto de la guerra en la vida y cuerpo de las mujeres.
En ese sentido, desde la premisa “Una Justicia restaurativa con garantías para las mujeres”, más de 100 integrantes de la Ruta Pacífica de las Mujeres a nivel nacional, plasmaron sus saberes y sentires sobre el alcance que para ellas debe tener la justicia transicional en la reparación a mujeres víctimas en el documento.
De acuerdo con un comunicado de esa organización, el documento recopila las voces de mujeres de diversas regiones del país que, desde el 2020, se organizaron a través de tres eventos regionales denominados “Las mujeres paz haremos aportando a la justicia restaurativa en Colombia”. Así, por medio de ejercicios de escucha y reflexión colectiva, recopilaron “miradas sobre el alcance que debe tener la justicia transicional en la reparación a mujeres víctimas y el tipo de sanciones que se deben imponer a los responsables, en contextos de Acuerdos de Paz como el suscrito entre el gobierno colombiano y las FARC”, se lee en el comunicado.
Los encuentros de mujeres se desarrollaron durante un año y contaron con la participación de personas expertas en justicia transicional, como funcionarios de la Secretaría Ejecutiva de la JEP, mujeres activistas, lideresas y víctimas del conflicto armado de las regiones del Urabá Antioqueño y Cauca. En este último departamento, se realizaron cuatro encuentros de manera específica en Miranda, Popayán, Silvia y Santander de Quilichao.
Ariel Sánchez, coordinador del Equipo de Justicia Restaurativa de la JEP, destacó la importancia de este documento y señaló algunas de sus virtudes, pues para él, el informe permite reconocer y entender la magnitud del daño causado y la urgencia de atender y restaurar los vínculos sociales afectados por el conflicto. “Lo que recibimos hoy por parte de la ruta pacífica de las mujeres es más que un documento: es un proceso participativo; es una polifonía de voces; es una ruta; es unos lentes; es poder; es fuerza para poder implementar una justicia restaurativa con enfoque de género”, apuntó Sánchez.
Para Marina Gallego, vocera de la Ruta Pacífica de las Mujeres Nacional, “este documento, realizado con mujeres víctimas de distintos territorios de Colombia, da un sentido de realidad a la JEP sobre lo que las mujeres esperan de la Justicia Restaurativa”. En efecto, el documento recoge relatos de muchas mujeres, quienes dejaron ver la importancia de narrar lo que les pasó durante el conflicto, en una apuesta por contribuir a la búsqueda de justicia.
“El reconocimiento o no reconocimiento de los daños desde la experiencia de las mujeres en el discurso jurídico de la justicia transicional es fundamental e invaluable”, explica la organización.
Algunas de las propuestas de las mujeres recopiladas en el documento son: la necesidad de que haya una solicitud de perdón público por parte de los perpetradores de violencia sexual durante el conflicto; la inclusión de los responsables en la búsqueda de víctimas de desaparición forzada; o la necesidad de que los responsables de casos de desplazamiento forzado contribuyan a la comunidad reconstruyendo espacios comunitarios como colegios o vías. En términos generales, las mujeres participantes propusieron que terceros responsables de violaciones de derechos humanos durante el conflicto como empresas multinacionales sean juzgadas, así como la necesidad de crear leyes y decretos efectivos para evitar la repetición de los hechos de violencia.
“Estas recomendaciones resultan oportunas en el contexto actual de avance de los 10 casos priorizados por la JEP y la apertura de la etapa de agrupación y concentración del macro caso número 11 sobre violencia sexual, violencia reproductiva y otros crimines cometidos por prejuicio, odio y discriminación por género, sexo, identidad y orientación sexual diversa en el marco del conflicto armado” se lee en uno de los apartados del documento.