Por Edinson Bolaños
La Contraloría General de la República (Gerencia Cauca) investiga desde finales del año pasado, la construcción de una presunta urbanización ilegal en el municipio de Piendamó, la cual salió a la luz pública luego de que este diario denunciara el 23 de noviembre de 2014 que dicha urbanización denominada Villa Carmely, obstruía el proyecto de la doble calzada Popayán – Santander de Quilichao, y beneficiaba a funcionarios del actual alcalde Wilson Rodallega.
Posteriormente, El Nuevo Liberal en una indagación detallada del caso encontró otras pruebas que desembocaron en la publicación del pasado 15 de agosto, donde se reveló que la administración municipal fio la licencia de urbanismo por seis meses y que los beneficiarios del proyecto no eran los menos favorecidos del municipio, como lo decía el alcalde Rodallega, sino comerciantes, sus funcionarios y familiares de estos últimos.
Pero lo más sorprendente aún, es que no solo dieron los permisos en contravía de las normas legales y técnicas, sino que el alcalde firmó un convenio con el exgerente de Empiendamó y actual candidato a la alcaldía de Piendamó, Víctor Hugo Franco, para construir el acueducto y el alcantarillado de la presunta urbanización ilegal, por un valor de 286 millones de pesos.
A este último hecho, la Contraloría ha venido haciendo seguimiento minucioso, a tal punto que el pasado 23 de julio este diario conoció una respuesta de fondo del ente de control donde se ordenaba la compulsa de copias a la Fiscalía para que se investiguen presuntos hechos con connotación penal, y en el mismo documento, también se decidió la apertura de una indagación preliminar.
Hasta ahí todo marchaba normal, sin embargo el pasado 21 de agosto cuando los tres directivos de la contraloría general de la República de la gerencia Cauca, citaron a un comité a los dos investigadores del caso Villa Carmely, a quienes se habría acusado de filtrar la información que este diario conoció de manera oficial y publicó el 15 de agosto pasado.
Ante tales aseveraciones, dichos investigadores emitieron un comunicado interno el pasado 24 de agosto expresando su malestar y poniendo en evidencia hechos que empezaban a llamar la atención.
En ese documento los dos funcionarios escribieron: “según manifestación realizada por la Contralora Provincial Dra. Blanca Inés Chávez Jiménez su “amigo” la había llamado a preguntar sobre la supuesta investigación que adelantaba el Ente de Control”.
El amigo al que se refieren es Víctor Hugo Franco, de quien, según ese comunicado Chávez también dijo “que su “amigo” implicado en la denuncia requería una explicación desde la Contraloría y que ella no iba a permitir que las decisiones de la Contraloría fueran tomadas como caballo de batalla en época preelectoral”.
Lo cierto de este caso, es que desde el 25 de mayo de este año se había tomado la decisión de abrir una indagación preliminar por el caso de la urbanización ilegal Villa Carmely, mientras se recolectaban pruebas para iniciar un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento patrimonial. Esas pruebas fueron recopiladas por los investigadores en junio de este año, el proyecto quedó listo y fue entregado físicamente y por correo electrónico el 2 de julio a la nueva contralora Blanca Chávez, quien se posesionó en el cargo el primero del mismo mes y a quien le correspondió recibir los casos que la anterior contralora llevaba, entre ellos, el de Villa Carmely.
En ese proyecto, lo que se registra textualmente es: “…otros elementos encontrados en el transcurso de la denuncia llevan a establecer que existe mérito para dar inicio a un proceso de responsabilidad fiscal por considerar un presunto daño al patrimonio del Estado…”.
Es decir, se había proyectado una decisión más gravosa a la que este diario conoció inicialmente el 23 de julio pasado. Sin embargo, dicho proyecto es el que según, la Contralora Blanca Chávez, los funcionarios filtraron, pero que este diario apenas conoció la semana pasada.
Otra fuente del ente de control le dijo a este medio, que el proyecto quedó en manos de la Contralora Blanca Chávez, quien iba a ser la directiva ponente y quien debía aprobar o no dicho proyecto de los investigadores, pero ella hoy ratifica que la respuesta oficial es la del 25 de mayo que apenas establece una indagación preliminar, es decir, esperar seis meses para volver a investigar lo que los funcionarios ya hicieron desde mayo.
“cuando llegue ese tema ya estaba resuelto aquí, no he resuelto absolutamente nada, la respuesta de fondo ya la dio el doctor (gerente de la Contraloría) con la anterior contralora provincial”.
La pregunta es: ¿qué ha sucedido a la fecha con el proyecto de los investigadores y el material probatorio allegado a su escritorio desde el pasado 2 de julio?
Lo curioso del asunto, es que antes de que se dieran estas discusiones al interior de la Contraloríapor el caso Villa Carmely, el exgerente de Empiendamó, hoy candidato a la alcaldía, Víctor Hugo Franco, radicó un derecho de petición el 18 de agosto en el que habría manifestado su malestar por la publicación de este diario el pasado 15 de agosto, y además solicitó que le certificaran si él tenía procesos en la Contraloría y si se había dado traslado de documentación a la Fiscalía General de la Nación.
Dicha solicitud fue respondida por la contraloría el pasado primero de septiembre, previa reunión de los tres directivos del ente de control, donde le manifiestan al candidato Franco lo siguiente: “una vez revisados los procesos que se adelantan por la contraloría general de la república, entre ellos el tema relacionado con la denuncia ciudadana, impetrada por un “anónimo” sobre presuntas irregularidades en la urbanización Villa Carmely, me permito certificar que: Una vez revisada la trazabilidad de los procesos, no se encuentra haber iniciado proceso de responsabilidad fiscal por la denuncia de Villa Carmely y como consecuencia, tampoco haber traslado documentación a la Fiscalía General de la Nación”. Y adicionalmente certifican que Víctor Hugo Franco tampoco tiene “ningún proceso de responsabilidad fiscal”.
Al recibir el oficio, el candidato lo subió a su cuenta de Facebook desde donde publicita su aspiración a la alcaldía de Piendamó y encima del documento de la Contraloría escribió: “porque siempre he sido FRANCO”.
Contradicciones que se hacen evidentes si se tiene en cuenta que los investigadores ya habían proyectado una respuesta para ser aprobada o no por la nueva directiva de la contraloría, la cual estos conocían desde el 2 de julio pasado, y donde se concluía que el caso Villa Carmely debía pasar a un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento patrimonial.
Otra contradicción, es el oficio que este diario conoció y que la contraloría remitió el pasado 14 de septiembre a la Fiscalía General de la Nación donde se manifiesta: “De acuerdo a la respuesta de fondo de la denuncia ciudadana (caso Villa Carmely) adelantada en la gerencia departamental colegiada del Cauca, me permito dar traslado para lo de su competencia, de los soportes del hallazgo consignados en un CD con 96 archivos en PDF y 659 folios”.
Es decir, la contraloría, trece días después de decirle que no al candidato, compulsó copias a la Fiscalía como debió haberse hecho mucho antes de que este diario hiciera la publicación el pasado 15 de agosto, lo cual llevó a la contralora Blanca Chávez a decir, “…que su amigo requería una explicación desde la contraloría…”, lo cual manifestó el viernes 21 de agosto en una reunión con todo el personal.
Posteriormente, el 2 de octubre, los mismos tres directivos, incluida la contralora Blanca Chávez, tomaron la decisión de enviar un oficio a la Fiscalía, aclarando que la Contraloría “llevará a cabo una indagación preliminar con el fin de recolectar nuevas evidencias”, en el caso Villa Carmely. Y concluyen, diciendo: “por tanto solicito a usted, en calidad de denunciante calificado (Contraloría) no iniciar ninguna acción penal en citado asunto, mientras no recolectemos la totalidad del material probatorio…”.
Sin embargo, a pesar de todos estos antecedentes, lo que no sabían ni los funcionarios de la Contraloría, ni la comunidad de Piendamó, es que la actual contralora provincial, Blanca Chávez, fue contratista en asesoría jurídica en Empiendamó, en la época en que Víctor Hugo Franco se desempeñó como gerente de la entidad; tampoco conocían, que su hermana, Doricell Chávez, también tuvo dos contratos con la empresa de servicios públicos y otros cuatro con el municipio de Piendamó, y menos, que la contralora se fue de paseo a Cartagena con los funcionarios de dicha empresa, incluido el actual candidato Víctor Hugo Franco.
Contratos paralelos e impedimento
Doricell Chávez, hermana de la contralora provincial, Blanca Cháves, desde el 15 de julio de 2012, figura firmando varios contratos como asesora jurídica del municipio de Piendamó.
En ese entonces, con el alcalde Wilson Rodallega suscribió uno para prestar servicios de asesoría jurídica desde esa fecha hasta el 31 de diciembre de 2012 por $15.125.000.
Posteriormente, suscribió el contrato 064, entre el 13 de abril y el 31 de diciembre de 2013, para prestar servicios de asesoría jurídica al municipio, por $25.133.334. Luego, el 092 para capacitar a los funcionarios de la oficina de contratación por $ 3 millones.
Parlamente, Doricell Chaves Jiménez también era asesora jurídica en Empiendamó, pues ejecutó dos contratos para prestar dichos servicios, entre febrero y diciembre de 2013, los cuales suman un total de $6 millones.
Sin embargo, entre el 7 de febrero y el 27 de diciembre de 2014, ejecutó un contrato trascendental para la investigación que hoy se adelanta en la contraloría por el caso Villa Carmely, pues la hermana de la contralora Blanca Chávez, en ese periodo se desempeñó como asesora jurídica del municipio de Piendamó, tiempo en el cual se suscribió el convenio entre la administración municipal y Empiendamó, para construir las redes de alcantarillado de la presunta urbanización ilegal. En dicho documento, que también tiene en su poder este diario, debajo de la firma del alcalde Wilson Rodallega y el exgerente de Empiendamó, Víctor Hugo Franco, aparece un inciso en el cual se lee: “revisó Doricell Chávez”.
Teniendo en cuenta todos estos hechos, la contralora Blanca Chávez tendría que declararse impedida en la investigación que el ente de control adelanta en el caso Villa Carmely, como se lo solicitó, a través de un comunicado el representante de los trabajadores de la Contraloría: “creo que su deber es declararse impedida de todo lo que tiene que ver con el municipio de Piendamó…por cuanto usted ha manifestado públicamente ser amiga de un candidato”.
El contrato de la contralora Chávez
La amistad que la contralora expresó a sus funcionarios tiene con Víctor Hugo Franco, exgerente de Empiendamó y actual candidato a la alcaldía de ese municipio, va más allá.
A los dos los amarra el contrato SCC1-007-2012, suscrito el 7 de febrero de 2012, el cual, según la información que reposa en las oficinas de EMPIENDAMO, inicio su ejecución el 7 de marzo de ese año con una duración de 90 días.
Dentro del término del contrato, la contratista prestó asesoría jurídica y presentó un informe de actividades el 16 de abril 2012, fecha en la que se posesionó como coordinadora suroccidente de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Sin embargo, posterior a su fecha de posesión, también suscribió un acta de liquidación parcial, como contratista, es decir el 21 de abril de 2012, y el mismo día firmó comprobantes de pago y egreso.
Según los documentos que autenticó el actual gerente de Empiendamó, Blanca Inés Chávez cedió por 25 días el contrato a su hermana Doricell Chávez, no obstante, dicho documento no tiene fecha de suscripción, pero su hermana lo liquidó en su totalidad el 9 de junio de 2012, lo que indica que Blanca Chávez, la actual contralora provincial, habría trabajado 65 días como contratista, contados a partir del 7 de marzo, fecha en que se firmó el acta de inicio de su contrato.
Paralelamente, en la misma carpeta aparece un informe de actividades, con fecha 16 de abril de 2012, firmado por su hermana Doricell Chávez, manifestando que corresponde a labores desarrolladas entre los meses de abril y mayo. Sin embargo, no aparece comprobante de pago para ese informe, lo cual indica que quien cobró como contratista fue Blanca Chávez, ya siendo la coordinadora de la UNP.
Así las cosas, la pregunta que deberían responder las hermanas Chávez y el exgerente Víctor Hugo Franco es: ¿por qué en los archivos de Empiendamó aparecen dos informes de actividades paralelos justamente el 16 de abril, día en que se posesionó Blanca Chávez como coordinadora de la UNP?
Finalmente, los antecedentes disciplinarios de la actual contralora provincial no son los mejores. El 25 abril de 2007 la Procuraduría Regional del Cauca sancionó con suspensión del cargo por término de seis meses a la abogada especialista en contratación estatal, Blanca Inés Chávez.
Según el ente de control, dentro de un proceso contractual, y en su calidad de Secretaria de Educación Departamental del Cauca, invitó a sus cuñados Carmen Leonor y Pedro Alonso Acosta López a presentar cotizaciones, les adjudicó y suscribió tres contratos de suministro a pesar de que se encontraban incursos en causal de inhabilidad.
El monto de dichos contratos fue de más de $54 millones, y la decisión fue ratificada por la Procuraduría delegada para la moralidad pública. Posteriormente la sancionada demandó la decisión de la Procuraduría ante los jueces, no obstante el fallo quedó en firme.