La cifra: 5 mil o más indígenas de todo el departamento se hicieron presentes en esta jornada convocada por las autoridades indígenas del departamento del Cauca.
Reinaldo Hoyos Molina
@comunicauca
Como fue convocado por las autoridades indígenas del departamento del Cauca, se desarrolló en este lunes festivo el debate sobre la jurisdicción indígena, la movilización y protesta social en el resguardo La María en Piendamó (Cauca), con la presencia de delegados indígenas nacional y de miembros del Gobierno Nacional.
En diálogo con la lideresa indígena Aída Quilcué se supo que hasta el cierre de esta edición, no se habían llegado aún a conclusiones sobre los puntos del debate, pero que las partes ya habían dado a conocer sus puntos de vista.
“Tenemos la presencia de representantes del Ministerio de Justicia y del Interior. Pero lo importante de este evento es que no solo contamos con la presencia de varios delegados indígenas nacionales, sino también de organizaciones sociales que están interesados en estos temas”, comentó Quilcué.
Cabe recordar que este evento se convocó luego de la captura de Feliciano Valencia y posterior condena por secuestro simple. Para las comunidades indígenas esta era una demostración de que la jurisdicción indígena, que la exige la Constitución Política, no se había respetado.
“La jurisdicción indígena especial, que constituye un derecho individual de la persona para ser juzgado acorde con sus tradiciones y un derecho de cada pueblo indígena de ejercer justicia propia, hoy se encuentra criminalizada y amenazada”, concluyó en rueda de prensa el consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), Carlos Maca.
Por estos motivos, cerca de cinco mil indígenas de varios resguardos, aparte de organizaciones sociales y de base, se aglomeraron en el sitio de la asamblea para una vez más solicitar lo que ellos llaman el cumplimiento de sus derechos fundamentales.
“Igualmente, el derecho a la movilización social ha sido criminalizado en Colombia con la condena de Feliciano Valencia y muchos otros casos, sucedidos incluso este año, como la condena y judicialización de sectores que han realizado grandes movilizaciones como la Marcha Patriótica, el Congreso de los pueblos, la MANE, para lo cual lo más común es generar falsos positivos judiciales, acusando a personas de estos movimientos de tener vínculos con la guerrilla, realizar actos terroristas, incurrir en secuestro cuando exigen la presencia de un funcionario público”, agregaron desde la diligencia indígena.