Néstor Humberto Martínez es uno de los abogados de mayores quilates en el país. De hecho, es uno de los juristas de confianza de los grandes conglomerados económicos. Y hasta hace muy poco tiempo ocupaba la cartera de superministro en el gabinete del presidente Santos a quien, a propósito, todavía suele hablarle al oído. Hoy representa a los ingenios azucareros que se han declarado en pie de lucha para defender sus intereses tras la millonaria e histórica sanción que les impuso la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
El abogado Pablo Felipe Robledo es el Superintendente. Hombre serio, meticuloso y a quien no le tiembla la mano para sancionar a quienes pretender pasarse por encima las normas. De hecho, desde su posición, se ha metido con lo que se conoce como los carteles de los pañales y tiene sobre su escritorio una investigación más contra empresas del cemento. En su hoja de vida muestra con orgullo haber sido viceministro de Justicia, profesor de Derecho Procesal de la Universidad Externado de Colombia y de Propiedad Intelectual de la Universidad de Los Andes y, especialmente, haber estado encargado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de la Nación. “Cuando él pisa un callo sabe en lo que se está metiendo, no deja nada al azar”, le dijo a El Nuevo Liberal alguien que lo conoce bien. “No toma las decisiones por llamar la atención de los medios, sino porque sabe que tiene el respaldo de una rigurosa investigación para hacerlo”.
Ambos, el abogado Martínez y Pablo Felipe Robledo, hasta hace unos días trabajaban de la mano. Ahora navegan en orillas distintas. De lo que haga cada uno de ellos dependerá, en una buena medida, la situación política y económica de los departamentos del Cauca, Valle y Risaralda, en donde se da el azúcar, ese dulce producto que desde esta semana simboliza la más agria disputa entre los empresarios y el Estado.
Millones de millones
No se trata de un pleito cualquiera. Eso lo saben los miembros de la bancada parlamentaria del Pacífico, conformada por más de 10 senadores y casi 25 representantes que ya anunció, este martes, una reunión extraordinaria para sentar una posición unificada sobre el tema. Hasta ahora, las voces que se han escuchado son variadas. Desde las que alegan la independencia del funcionario, hasta quienes no vacilan en cortarle la cabeza al superintendente a través de una moción de censura por poner en “situación de inminente quiebra a miles de personas. “No podemos callar ante un fallo que pone en riesgo más de 190.000 empleos y golpea duramente a la región”, sentenció alarmado el presidente del Senado Luis Fernando Velasco. ¿Es para tanto?
Al revisar el monto de la sanción la astronómica cifra asusta: la sanción de la Superintendencia es de 320.000 millones de pesos. Y va contra 12 ingenios, Asocaña (el gremio que los representa) y las firmas Ciamsa y Dicsa. Si bien Colombia apenas tiene el 1 por ciento de la producción mundial de azúcar, este sector aporta el 4,7 por ciento del PIB agrícola nacional y el 56 por ciento del PIB agrícola de la región. De hecho, en buena parte de municipios caucanos la economía gravita alrededor de este producto.
Desde el aire se divisan, como un verde y apacible mar, los cañaduzales en el valle geográfico del río Cauca que abarca 47 municipios. Desde el norte del departamento del Cauca, la franja central del Valle del Cauca, hasta el sur del departamento de Risaralda. En esta región hay 225.560 hectáreas sembradas en caña para producir azúcar, de las cuales, el 25% corresponde a tierras propias de los ingenios y el restante 75% a más de 2.750 cultivadores. Así las cosas, está claro que se trata de un producto fundamental en la economía regional. “No solo eso”, dice el abogado Martínez Neira: “Forma parte esencial de la vida de la gente”. Y los estudios le dan la razón. Un estudio de Fedesarrollo dice que por cada empleo generado por los ingenios azucareros en sus plantas de producción, se generan 28,4 empleos adicionales en otros sectores de la economía. Gracias a la actividad manufacturera de los ingenios, se generan 265 mil empleos a través de toda la cadena de valor.
Y en el ámbito educativo el impacto también es significativo. Dicen los empresarios que el sector azucarero brinda respaldo a 20 instituciones educativas, 15 de las cuales son públicas. Más de 12.591 niños, niñas y adolescente son atendidos anualmente, en formación básica y media, en toda esta región de influencia azucarera. Complementariamente, se realiza la articulación con los programas de formación técnica y tecnológica en alianza con el SENA y la Universidad Autónoma, atendiendo un total, acumulado en los últimos 4 años, de más de 10.000 personas con una inversión de 2.971 millones de pesos.
Cómo es la historia
Pero, si eran tan buenos muchachos, ¿por qué están en las que están? Desde la oficina del Superintendente de Industria y Comercio se habla de haber “consolidado un cartel para obstaculizar las importaciones de azúcar en el país”.
Según esta versión, Asocaña, Ciamsa, Dicsa y 12 ingenios más incurrieron en la conducta de acuerdos anticompetitivos o cartelización empresarial para obstruir de manera concertada, coordinada y continuada las importaciones de azúcar hacia Colombia; éstas provenientes fundamentalmente de Bolivia, Guatemala, El Salvador y Costa Rica.
Hay que anotar que Robledo no sacó de la noche a la mañana este caso a debate. Es más, ni siquiera lo inició él, ya que este llevaba en su oficina por lo menos cinco años. En efecto, la investigación administrativa del órgano de control se inició a partir de algunas denuncias presentadas en 2010 por varios empresarios consumidores de azúcar que la utilizan como insumo productivo. Después de agotada la averiguación preliminar, la Delegatura para la Protección de la Competencia formuló cargos por presuntamente haber realizado un acuerdo para impedir y obstruir el ingreso de terceros al mercado del azúcar en Colombia (obstrucción de importaciones).
Agotado el periodo probatorio, el superintendente delegado para la Protección de la Competencia rindió el correspondiente informe motivado el pasado 29 de mayo de 2015 y el 13 de julio del mismo año. En los anteriores, se recomendó a Robledo sancionar a Asocaña, Ciamsa, Dicsa y 12 ingenios investigados por cartelización empresarial, al realizar un acuerdo para impedir u obstruir las importaciones de azúcar hacia Colombia.
Robledo encontró que lo hecho por su oficina había cumplido con los pasos exigidos y procedió a ejecutarla. Entre los ingenios sancionados está Riopaila Castilla, Ingenio del Cauca, Manuelita, Ingenio Providencia, Mayagüez, Ingenio La Cabaña, Ingenio Pichichí, Ingenio Risaralda, Carlos Sarmiento l. & CIA Ingenio Sancarlos, Ingenio Carmelita, Central Tumaco S.A. en liquidación y el Ingenio María Luisa.
Y eso no es todo. La Superindustria concluyó que el Fepa, como mecanismo de intervención del Estado en la economía, fue desnaturalizado por las decisiones que durante muchos años adoptó su Comité Directivo, convirtiéndolo en un instrumento idóneo para la repartición de cuotas de producción o suministro de azúcar en el mercado colombiano.
El Fepa se encuentra desnaturalizado, y al tratarse de una organización de política pública, la SIC tiene restringidas sus facultades sancionatorias. Solo ordenó al comité directivo de dicha entidad que revise sus políticas y, que en máximo seis meses, presente un nuevo programa con propósitos establecidos por la ley.
Un grueso expediente
Todo está consignado en un voluminoso informe. En él se afirma que los acuerdos, no solo tenían que ver con precios, sino con unas entramadas estrategias para distribuir clientes e impedir importaciones de Bolivia, siendo éste un obstáculo para que terceros ingresaran a mercados o canales de comercialización. Una práctica que se volvió parte de su ADN desde 1998.
De hecho, estos acuerdos tácitos de la industria azucarera, que traspasaron los límites de lo legal, se pudieron demostrar a través de bitácoras de espacios, como lo son las reuniones entre las empresas pertenecientes a Asocaña, a CI Azúcares y Mieles (Ciamsa), y Desarrollos Industriales y Comerciales SA (Dicsa). También a las llamadas ‘reuniones de gerentes y presidentes’ en las que se acordaban estrategias, conforme a la información confidencial entregada a Asocaña, con la excusa de la existencia del Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar (Fepa).
“(…) los ingenios en el contrato exportarán en 1998, 44% de su producción, se propone que los ingenios que hasta ahora han estado por fuera del contrato exporten en 1999 10% de su producción (…) el porcentaje máximo de exportación para los nuevos miembros será de 22%, que equivale al porcentaje de exportación que tendrá el sector en 10 años [a] partir del décimo año, participarán en el mecanismo en las mismas condiciones establecidas para el resto de ingenios, con un máximo de exportaciones de 22%”, dijo Ricardo Villaveces el 27 de enero de 1999, quién ejercía como presidente de Asocaña y le comunicaba al ingenio Carmelita la estrategia conjunta de exportación.
Lo que tiene como agravante esta situación, señala el documento, es que se adoptaban decisiones de manera conjunta que debían ser autónomas y, cuando esto sucede, se constituye una práctica “Idónea para limitar la libre competencia que contextualiza la conducta que hoy se reprocha: un acuerdo para obstruir la participación del azúcar importada en el mercado colombiano y de esta forma evitar la caída en el precio del producto”.
En una reunión de miembros de Asocaña el 9 de septiembre de 2009, se reseña una planeación estratégica de precios. “El precio lo hemos venido subiendo de a poquitos, empezamos en 60.500 hoy estamos en 60.000 y mañana lo vamos a subir a 61.500. Hoy llevamos vendido 69.924 qq. No le vendimos a Coca-Cola pues cotizamos a 60.500 y le compraron a 60.000. No hicimos mucha fuerza pues a pesar del dólar San Carlos, Pichichi y Carmelita están enfocados en exportación y van a tener muy poca azúcar para el modo nacional”, se señala en un Resumen de Actividades CEQ.
La situación confirma que Asocaña, dice la Superintendencia, “sirve de instrumento de coordinación de los ingenios azucareros para limitar la libre competencia, no solo a través de intercambio directo e indirecto, sino impartiéndole instrucciones de índole comercial a sus afiliados”.
La ley es la ley
En la Superintendencia aseguran que a pesar de que la multa suene estratosférica, lo cierto es que ésta se ajusta a la irregularidad cometida. Martínez Neira dice que en aras de la discusión, un sujeto que comete una falta, que según él, en este caso no lo fue, debe pagar por ésta. Pero de manera proporcional y no para darle cristiana sepultura. Según él, frente a las utilidades que la industria azucarera colombiana reportó en el 2014, necesitaría varios años de trabajo dedicada solo a amortizar el pago de las sanciones de la Superindustria. “Eso no puede ser”.
El problema para Robledo es que ahora va a enfrentar una andanada política. ¿Por qué? Porque su decisión coincidió en plena campaña electoral y los políticos prefieren mirar en esta coyuntura con más cariño a sus potenciales financiadores que a un funcionario que se dedica a cumplir su tarea. Por ahora, el presidente Santos lo apoya, pero el gremio ya anunció que pidió citas en la Casa de Nariño para exponer su drama.
En conclusión, se trata de un caso en donde están enfrentados protagonistas del empresariado, dirigentes políticos y el mismo Estado. Una guerra de titanes de la que, por ahora, nadie se atreve a vaticinar cómo irá a terminar.
Aquí están, estos son
Los protagonistas de la más cuantiosa multa jamás impuesta a empresas y personas de cualquier sector de la economía nacional por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), son conocidas por los pobladores del Cauca, Valle y Risaralda. Se trata de Asocaña, Ciamsa, Dicsa y 12 de los más visibles ingenios de azúcar que ahora tiene un breve plazo para apelar y demostrar que no se habían constituido en “cartel empresarial”. Y es que de acuerdo con el ente de inspección, vigilancia y control, los involucrados incurrieron durante varios años en una conducta concertada, continuada y coordinada para obstruir las importaciones de azúcar de otros países hacia Colombia, concretamente desde Bolivia, Guatemala, El Salvador y Costa Rica.
La decisión de la Superindustria también cobija a 14 directivos del sector azucarero, a quienes se señala de haber colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado o tolerado la conducta anticompetitiva sancionada en la modalidad de cartelización empresarial. La lista es la siguiente:
1 ASOCIACIÓN DE CULTIVADORES DE CAÑA
DE AZUCAR DE COLOMBIA –ASOCAÑA – $ 30.445.537.500.oo
2 C.I. DE AZÚCARES Y MILES S.A. –CIAMSA- $ 36.470.210.000.oo
3 DESARROLLOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES S.A.
EN LIQUIDACION –DICSA- $ 900.156.950.oo
4 INGENIO RIOPAILA CASTILLA S.A. $ 40.157.825.050.oo
5 INGENIO DEL CAUCA S.A. $ 49.059.520.300.oo
6 MANUELITA S.A. $ 32.854.762.150.oo
7 INGENIO PROVIDENCIA S.A. $ 35.399.300.300.oo
8 MAYAGÜEZ S.A. $ 28.732.855.200.oo
9 INGENIO LA CABAÑA S.A. $ 18.419.389.100.oo
10 INGENIO PICHICHÍ S.A. $ 13.399.902.600.oo
11 INGENIO RISARALDA S.A. $16.687.376.300.oo
12 CARLOS SARMIENTO L. & CIA INGENIO SANCARLOS S.A. $ 5.361.636.350.oo
13 INGENIO CARMELITA S.A. $ 7.492.501.800.oo
14 CENTRAL TUMACO S.A. EN LIQUIDACIÓN $ 1.794.514.750.oo
15 INGENIO MARIA LUISA S.A. $ 2.223.651.850.oo