Además de adelantar un control normativo y escuchar a la comunidad del barrio Los Hoyos, en la sesión se aclaró el estado actual de los predios en cuanto a su embargo, el proceso de remate y la intención del municipio de adquirir estos bienes privados.
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Redacción El Nuevo Liberal
espués de las declaraciones brindadas por uno de los abogados de la Liga, quien titula como dueña de los predios del Parque de la Salud y el Estadio Ciro López, suelos que fueron entregados por la Asamblea Municipal hace más de 70 años para desarrollar escenarios deportivos, los cuales han sido esenciales para diferentes generaciones de payaneses, especialmente los habitantes del barrio Los Hoyos, quienes se han asentado de manera organizada para desarrollar todo un ejercicio de apropiación territorial a partir de la construcción de casas, el primer jardín infantil a nivel nacional (el cuál sigue en funcionamiento) y la institución educativa Mercedes Pardo de Simons (actualmente adscrita al Técnico Industrial), a pesar de no contar con una escritura.
Estos predios, actualmente, están embargados por el municipio, debido a que la Liga, desde el año 2009, no ha cumplido con sus obligaciones fiscales (predial, sobretasa ambiental, bomberos e intereses moratorios) ni con el servicio de acueducto, por lo cual, adeuda de 4.800 millones de pesos, los cuales, a pesar de haber intentado establecer acuerdos y facilidades de pago, la Secretaría de Hacienda Municipal tuvo que confiscar los terrenos en 2021, lo que ha dejado preocupada a la ciudadanía que reside en la zona y a todos los payaneses, quienes ven en estos escenarios deportivos, a pesar del estado en que se encuentran, dos espacios vitales no solo para la recreación y el deporte de la comunidad sino también un punto importante en la historia del municipio. Ante esto, la administración solicitó al Concejo Municipal aprobar un acuerdo por medio del cual se establecieron 8 artículos que permitían declarar las propiedades como bien de interés público para ser eventualmente adquiridas por la ciudad para salvaguardar y preservar estos bienes y por fin asignar escrituras a los habitantes del barrio aledaño. Cabe aclarar que al enunciarse como bien público un inmueble, por la figura jurídica que representa, permite que sea el mismo municipio el primer oferente en la lista de interesados en comprar para saldar el 70% del avalúo catastral del inmueble, el cual está avaluado en 18.000 millones de pesos y saldar la deuda que tiene la Liga con el municipio, quien entre otras cosas carece en este momento de reconocimiento deportivo.
Este control se desarrolló en el intermedio de la fecha asignada a la alcaldía para negociar y proponer proyectos para recuperar las instalaciones deportivas, además de promover la inversión y el mejoramiento de la escuela y el jardín infantil en un término de 24 meses. Según los concejales citantes, Rosalba Joaquí y Julián Ausecha, no existe una comunicación entre la Liga Caucana de Futbol y la administración, lo que ha ocasionado que existan vacíos a nivel informativo con la ciudadanía y se lleven a cabo procesos como el establecimiento de un contrato de compraventa que resultan ilegítimos, lo que también se ve reflejado en diferentes intervenciones desarrolladas en los predios que van en contra de su estructura (instalaciones de mallas que obstaculizan las salidas de emergencia), una aprobación para la construcción de las canchas sintéticas en un terreno alquilado por la Liga a particulares; por ello, algunos concejales manifestaron que el objeto del contrato no se cumplió, por ende se solicitó la derogación del proyecto de acuerdo, porque, ante la no presentación de un proyecto a nivel nacional que iba a ser la razón de ser del acuerdo solicitado por la administración, no tiene razón de ser. La anterior proposición fue denegada, debido a que aún se tiene un margen de tiempo considerable para que la administración concluya los procesos respectivos para la consecución del predio y la presentación de los proyectos para su mejoramiento, además que, si se lleva a cabo la derogación, el municipio ya no sería la primera opción de compra de los predios, sino que sería el mejor postor, hecho que afectaría el bienestar de los habitantes de sectores aledaños.
Diferentes representantes de la comunidad y el sector educativo manifestaron su preocupación y necesidad de soluciones ante un posible desalojo o reubicación, procesos que serían confrontados por los habitantes del barrio, padres de familia y estudiantes, quienes consideran que por la cantidad de tiempo que llevan en el predio ya son dueños legítimos, ya que han sido ellos quienes han invertido recursos y tiempo para mantener las infraestructuras en pie, debido al carácter privado de los predios, lo que impide que el municipio pueda aportar recursos.
Ante estas inquietudes y respondiendo al llamado del Concejo Municipal, la cartera de hacienda se encargó de aclarar algunos puntos, como el hecho de que la jurisdicción coactiva vigente obliga a que el remate deba desarrollarse, aunque sigue vigente la clausula de dar prioridad al municipio a la hora de la compra, por ello, los participantes de la sesión hicieron un llamado a que en el tiempo que resta de vigencia del acuerdo, se logre conseguir el recurso, ya sea a través de un préstamo o haciendo ajustes de presupuesto, además de cumplir los otros 4 artículos que se contemplan en el texto. De igual forma, se pudo dar otro parte de tranquilidad desde la secretaría de Infraestructura, donde se afirmó que el uso de suelos del terreno no será cambiado.