Esta historia hace parte de un especial periodístico que cuenta los impactos del Covid-19 en el suroccidente del país y de cómo líderes, lideresas y organizaciones comunitarias sobrellevaron la pandemia. Esta es la última entrega del especial.
ESPECIAL DE CO.MARCA DIGITAL/ EL NUEVO LIBERAL
¿Son las casas lugares seguros?
Las medidas de confinamiento obligaron a muchas mujeres a estar encerradas en sus hogares junto con sus agresores. Así lo señaló un informe emitido en 2020 por la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de Estados Americanos (OEA).
“Teniendo en cuenta que el hogar es el lugar más peligroso para las mujeres, el encierro hace que se incremente el riesgo de violencia contra ellas en la medida en que aumenta el tiempo de convivencia; se generan conflictos alrededor de cuestiones domésticas y familiares; la violencia se prolonga sin que sea interrumpida y se genera una percepción de seguridad e impunidad del agresor”, refiere el documento.
Zully Meneses, directora de la Corporación de Mujeres Ecofeministas Comunitar, afirma que: “Al estar más tiempo en su casa, la violencia intrafamiliar aumentó, a lo que se suma las afectaciones económicas que tuvieron las mujeres. La dependencia económica que se genera a partir de eso refuerza los ciclos de violencia”.
Según un informe del Observatorio de Asuntos de la Mujer en el Cauca, del 2020, el cual se basó en las cifras reportadas por el Sistema de Salud Pública (SIVIGILA) en la plataforma del Sistema Integrado de Información sobre Violencias de Género (SIVIGE), “entre las semanas del 24 de marzo y 20 de julio del 2020, se reportaron 671 casos de violencia de género que corresponden al 45,4% del total de reportes entre enero y julio de 2020; en términos comparativos, en el 2019 durante el mismo periodo de tiempo, se registraron 943 casos, equivalente al 28,4% del total de casos reportados para ese año”.
Meneses explica que, aunque las cifras de Violencias Basadas en Género (VBG) hayan disminuido, no significa que los casos se hayan aminorado; esto obedece a que las denuncias o reportes no han sido realizados en todas las situaciones, ya sea por miedo, restricciones de movilidad, entre otras razones.
“El confinamiento hizo que las mujeres tuvieran mayor dependencia, estuvieron más tiempo en sus casas con los agresores y eso hizo que las denuncias se redujeran. Aquí nos encontramos con muchas barreras de acceso a la justicia”, puntualizó Meneses.
Frente a las VBG, el Observatorio de Asuntos de las Mujeres del Cauca de la Secretaría de la Mujer, trabaja en la prevención y atención de violencias contra las mujeres, implementando estrategias como la atención del Equipo Violeta y fortalecimiento de la Casa Refugio para Mujeres Víctimas de VBG.
Datos consolidados de esa dependencia señalan que entre enero y octubre de 2021, fueron atendidas 396 mujeres víctimas de VBG, de las cuales, sólo el 36 por ciento realizó una denuncia formal. Las cifras también muestran que el mes en que mayor número de casos se atendieron fue en abril, que alcanzó un tope de 74.
Desde la Corporación Comunitar trabajan en la prevención de VBG y brindan acompañamiento jurídico y psicosocial a mujeres víctimas en cualquier escenario. “Durante la pandemia realizamos acompañamiento telefónico y virtual a todos los casos que teníamos, porque fue un momento muy difícil para las mujeres y sobre todo para las lideresas”, puntualiza Zully Meneses.
Es por esto que en 2020 Comunitar lanzó una campaña llamada Desde la distancia juntas nos tejemos, que buscaba extender lazos sororos y que las mujeres sintieran que no estaban solas. Para 2021, en alianza con el proceso de articulación de la agenda de paz en Cauca, hicieron la divulgación del pacto ético-político para la erradicación de las violencias contra las mujeres, el cual pretende articular acciones en todos los sectores para fomentar acciones que permitan erradicar las VBG.
En pandemia no cesa el conflicto
En abril de 2020, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos advirtió que los grupos armados y criminales en Cauca parecían estar aprovechando las restricciones establecidas durante la cuarentena para expandir su presencia y control sobre el territorio. “Un número creciente de grupos armados, así como grupos criminales que luchan por el control de las economías ilícitas en este territorio, están detrás de la mayoría de los ataques, que han aumentado en los últimos meses”, dice el informe.
Al respecto, la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW), se pronunció en julio de 2020 para denunciar el asesinato y abusos contra civiles por parte de grupos armados, para imponer sus propias medidas contra la propagación del Covid-19. “Han impuesto toques de queda, cuarentenas y otras medidas para evitar que se propague el virus”, aseguró.
HRW también reportó que en 11 de los 32 departamentos se estaban imponiendo estas medidas por parte de grupos armados como el Frente Oliver Sinisterra y las Guerrillas Unidas del Pacífico, en suroccidente de Nariño; la columna móvil Jaime Martínez y la columna móvil Dagoberto Ramos, en Cauca; el Frente 10, en Arauca; los Frentes 7 y 1, en el Guaviare; y el Frente Carolina Ramírez, en Putumayo. El portal VerdadAbierta.com fue uno de los medios nacionales que investigó y registró estos hechos durante esa época.
La orden dada en ese entonces, afirma verdadabierta.com, es que nadie podía transitar por las calles de los centros poblados desde las tres de la tarde y que los negocios a partir de esa hora debían estar cerrados, no se podía velar a los difuntos y quien quisiera salir de la zona hacia otros municipios del Cauca podía hacerlo con un permiso firmado por las Juntas de Acción Comunal. Frente a estos casos, Human Rights Watch, documentó en varias regiones del departamento el asesinato de seis civiles por parte de grupos armados para imponer el cumplimiento de medidas contra el Covid-19.
La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, también informó que los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los grupos armados criminales se habían intensificado en algunas partes del departamento del Cauca, incluidos los territorios indígenas. A mediados del 2020, el programa DDHH del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) denunció el aumento de ataques y amenazas en contra de las comunidades indígenas del Cauca y sus estructuras político-organizativas a partir del inicio de la pandemia.
El informe del Programa Defensa de la Vida y los Derechos Humanos del CRIC, reporta que en el 2020 se registraron 216 casos de amenazas individuales contra indígenas, lo que significó un incremento casi del 25 por ciento en relación al 2018 y 2019. Entre las conclusiones relevantes del informe menciona que la respuesta estatal concentrada en la militarización de los territorios no es la solución.
De igual forma, en el documento se afirma que “los grupos armados han tratado de aprovechar la pandemia para presentarse como garante de salud y orden público, siempre en combinación con amenazas en contra de las personas que no respetan sus indicaciones de restricciones de movilidad”.
José William Orozco, integrante de la Guardia Campesina en Cauca, dice que los grupos armados se fortalecieron durante la pandemia en aspectos como control del territorio y posicionamiento, y que la situación de amenaza y persecución durante la pandemia no es distante frente a los hechos que se vivían antes del aislamiento preventivo nacional. “Nosotros vemos que el mismo gobierno ha permitido el reagrupamiento y el fortalecimiento de estos actores armados. La situación de amenaza y violaciones de derechos humanos siempre ha sido una constante. El único momento de tranquilidad que se tuvo fue en las semanas posteriores al acuerdo de paz”, dijo.
Sin embargo, el control territorial en diversos municipios y veredas del Cauca también fue ejercido por parte de las comunidades como método para evitar la propagación del Covid-19. En el municipio de Santander de Quilichao fueron instaurados diez puestos de control que duraron alrededor de ocho meses y según Ricardo Laso, les permitió resguardarse del virus, aunque trajo consigo afectaciones económicas. “Algunos nos lo agradecen y otros nos reclaman porque apenas inició la pandemia nosotros instalamos los puestos de control y no dejábamos entrar a nadie. Con mucha pena teníamos que devolver a las personas que querían venir a pasar la cuarentena porque teníamos que cuidarnos”.
Esta producción fue realizada gracias al apoyo del Fondo de Respuesta Rápida para América Latina y del Caribe, coordinado por Internews, Chicas Poderosas, Consejo de Redacción y Fundamedios, y a la alianza periodística entre Verdad Abierta, Co.marca Digital, Radio Campesina de Inzá y la Escuela de Cine y Televisión Étnica de Santander de Quilichao.