La Defensoría del Pueblo presentó el Informe Defensorial sobre los riesgos colectivos de lideresas y defensoras de derechos humanos en Cauca, un documento que pone en contexto la grave situación de las mujeres en el territorio y presenta una serie de recomendaciones a las diferentes instituciones responsables de adelantar medidas de prevención, atención, protección y garantías de no repetición a lideresas caucanas.
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Redacción El Nuevo Liberal
“on tan graves y tantos los hechos en contra de las lideresas y defensoras de derechos humanos en Cauca, que este departamento se convirtió en el territorio más peligroso para las mujeres que ejercen su liderazgo social”, afirmó el vicedefensor del Pueblo, Luis Andrés Fajardo, durante el lanzamiento del informe sobre los Riesgos Colectivos de Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos en el departamento, llevado a cabo el pasado martes, 27 de septiembre, en el Paraninfo Francisco José de Caldas de la Universidad del Cauca.
La entrega de este informe se hizo en el marco del programa ProDefensoras, una iniciativa de ONU Mujeres, la Embajada de Noruega y la Defensoría del Pueblo, que busca contribuir significativamente en el desarrollo de iniciativas concretas de protección colectiva para garantizar la continuidad de las agendas de las mujeres defensoras respecto a los riesgos y vulnerabilidades que enfrentan a diario en cumplimiento de su labor.
El informe contó con la participación de organizaciones de mujeres del orden departamental y mujeres en proceso de reincorporación, posibilitando la visibilización de los riesgos colectivos actuales a los que ellas se enfrentan. “Este es quizás uno de los informes más completos que hemos entregado porque condensa en él un saber aprendido, se condensa el querer hacer de un equipo en territorio que ha ido condensando una serie de datos que muestran que la realidad de violencias hacia las mujeres se acentúo durante la pandemia del COVID, pero que hay una pandemia mucho más grave de la que no hemos salido, que sigue marcando el quehacer diario de las lideresas: la pandemia de la discriminación y exclusión contra las mujeres”, agregó Luis Andrés Fajardo.
El informe, entregado por la delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género de la Defensoría, advierte que entre el 2019 al 2021, en el Cauca se registraron 35 conductas vulneratorias a lideresas y defensoras de los derechos humanos, como homicidios, atentados y diferentes tipos de amenazas.
Así mismo, la publicación brinda datos claves para comprender la situación de vulneración de derechos humanos de las lideresas y defensoras del Cauca, especialmente en cinco municipios que registran el mayor índice de violencias basadas en género: Caloto, Corinto, Argelia, Páez y Guapi.
“Además del accionar delictivo de los grupos armados ilegales, encontramos que las lideresas y defensoras de derechos humanos en Cauca enfrentan otras amenazas graves de tipo personal, como lo es el detrimento en su salud mental por causa de agresiones y zozobra. También, las lideresas indígenas son víctimas de discriminación al interior de sus comunidades por ser mujeres y por su pertenencia étnica. Por otra parte, las mujeres deben ejercer sus liderazgos en zonas del territorio donde se exponen al acoso y otras expresiones de violencia sexual”, señaló el vicedefensor del Pueblo.
De acuerdo con la Defensoría, a estas situaciones se suman afectaciones como la ruptura de vínculos familiares, debido a que los parientes consideran que la labor social que desempeñan las lideresas pone en riesgo la seguridad de la familia. También, hay violencia de pareja que vulnera la integridad física y emocional, algunas relaciones se rompen por falta de apoyo en el ejercicio de su liderazgo. Las lideresas LGBT carecen de redes familiares fuertes que las hace víctimas de violencia psicológica y sexual.
En el ámbito de las organizaciones, tienen más riesgo las mujeres que ejercen liderazgos al interior de comunidades indígenas y afrodescendientes, en procesos campesinos y con población firmante del acuerdo de paz; el mayor delito que sufren es el desplazamiento forzado, que impacta el tejido social y los avances en materia de exigibilidad de derechos logrados por las organizaciones de mujeres.
Por último, en la violencia social y comunitaria se identificaron, entre otras cosas, que las defensoras indígenas a menudo son blanco de conductas sexistas y de burla por la sociedad en general; que existen prácticas de discriminación y exclusión institucional frente a mujeres indígenas, quienes experimentan barreras para el acceso a la justicia debido a su idioma.
Finalmente, algunas de las recomendaciones que señala el informe tienen que ver con el fortalecimiento en la articulación interinstitucional para garantizar estrategias efectivas de prevención y respuesta rápida; la coordinación entre autoridades competentes para el impulso educativo, fomento de la autonomía y fortalecimiento económico de las lideresas y defensoras de derechos humanos; sensibilización para la desestigmatización y la correcta implementación de la ruta de atención y protección a mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos.
“Uno de los principales problemas por resolver es la falta de sensibilidad en las entidades encargadas para la atención de casos de violencia basada en género, la baja cualificación en términos técnicos y logísticos y la violación a la reserva de la información. Por eso, como Defensoría del Pueblo hacemos una serie de recomendaciones para que se impulsen procesos de formación en el personal de las entidades territoriales de los municipios de Caloto, Corinto, Popayán, El Tambo, Páez, Argelia y Guapi, acerca de la correcta implementación de la ruta de atención y protección a mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos”, concluyó el vicedefensor.