La comunidad del asentamiento Brisas de San Isidro, asistió a una diligencia de conciliación para resolver el conflicto de titularidad del predio de la gobernación, donde habita hace más de 15 años. Sin embargo, la audiencia no prosperó y fue aplazada.
John Fredi Quinayas, presidente de la asociación Brisas de San Isidro, ubicada en el sector norte de Popayán, explicó que las comunidades se asentaron en predios del departamento del Cauca desde 1999, alrededor de 60 familias, entre ellas población vulnerable, desplazados y madres cabeza de familia.
“Hemos solicitado a la administración departamental desde hace muchos años la titularidad de estos predios, se han visto acuerdos y voluntades pero no plasmadas ni escritas. Siempre cada cuatro años nos dicen que hay la posibilidad de la titularidad pero se pasan las campañas y volvemos a quedar en las nubes”, declaró Quinayas a El Nuevo Liberal.
Recordó que en 2011 ocurrió lo mismo cuando el actual gobernador era candidato pero ya va a finalizar el periodo de gobierno y continúan sin ser legalizados, además hay una demanda reivindicatoria por parte del departamento y por eso asistieron ayer a la sede de la Cámara de Comercio, donde se pretendía avanzar en la solución. “Desde la oficina jurídica siempre nos amenazan con que nos van a sacar y no nos van a titular y recortar porque somos tenedores de muchos predios”, afirmó el presidente de la asociación.
Agregó que él no intenta entorpecer el proceso sino que avance, y que todo sea claro y transparente porque pasan los años y no les cumplen lo que anuncian los candidatos elegidos como gobernadores.
El próximo 21 de noviembre se acordó entre las partes hacer una nueva audiencia, donde la comunidad llegará con su abogado para que se apodere y represente los intereses de estas familias.
Entre tanto, Miguel Antonio Mora Guzmán, del grupo de Protección y Conservación jurídica de bienes del Cauca, dijo que el departamento a través del gobernador “ha pretendido siempre buscar una solución en lo posible, conciliada, pero respetando el marco jurídico y la Constitución”.
Mencionó que son ocupaciones irregulares desde hace unos 17 años. “Dentro de las opciones que existen son la reubicación en otro predio del departamento y otra que requiere un ejercicio presupuestal y de actividades donde tendrían servicios básicos y urbanismo”. Sin embargo las propuestas oficiales solo se darán a conocer dentro del espacio conciliatorio el próximo mes de noviembre