Entre los implicados están un patrullero y un intendente de la policía, de los siete capturados dos quedaron con prisión domiciliaria por secuestro extorsivo entre otros delitos cometidos con la victima.
E
l trabajo articulado entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional permitió la judicialización de siete presuntos implicados en el secuestro extorsivo del que fue víctima el gerente de una empresa de licores cuya sede se ubica en el departamento del Cauca.
Se trata del supuesto cabecilla de ‘Los Mark’, Anselmo Manuel Vanegas Salamanca; el patrullero Jhony Alexander Rodríguez Morales; el intendente Aycardo Murcia Sánchez y los civiles Richard Oswaldo Jiménez y Jefferson Andrés Martínez Figueroa; quienes fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario por solicitud de un fiscal de la Estructura de Apoyo de la Seccional Cauca.
De otra parte, por decisión del juez; Jesús Andrés Bravo Gómez y Juan Pablo Gómez Quilindo deberán cumplir la medida de aseguramiento en sus lugares de residencia.
La investigación
Labores de policía judicial, entre las que se destacan análisis de bases de datos y llamadas telefónicas, permitieron establecer cómo se cometió el secuestro, ocurrido el 28 de abril de
2020 cuando la víctima se movilizaba en un vehículo.
Según se determinó el vehículo fue detenido en un falso puesto de control, presuntamente, instalado por la Policía. La víctima fue obligada a subir a una camioneta y trasladada a una vivienda en la vereda Punta Larga.
Al parecer, el plagio fue planeado en casa de Vanegas Salamanca, quien habría intimidado al directivo de la licorera con información de su familia y de sus desplazamientos. También se estableció que la víctima fue sometida por la fuerza, amenazada de muerte; además de haberle hecho millonarias exigencias económicas por su liberación.
Se cree que Anselmo Manuel Vanegas Salamanca habría aprovechado sus conocimientos en medicina para suministrarle a la víctima un medicamento de uso restringido que impide recordar detalles de hechos vividos. Tras estos sucesos, el directivo fue abandonado en un paraje donde fue auxiliado por personas del sector.
Asimismo, la Fiscalía estableció que los integrantes de la policía judicializados además de, presuntamente, haber realizado el falso retén en el que se produjo el secuestro, habrían alterado evidencia física y entablaron falsas denuncias disciplinarias contra los investigadores del caso para desviar la investigación.
La Fiscalía les imputó los delitos de secuestro extorsivo, acceso abusivo de sistema informático, hurto calificado y agravado, falsedad ideológica en documento público, ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio; favorecimiento y falso testimonio.