¡No más tomas-delitos!

03:20 am 21-marzo

EDUARDO NATES LOPEZ

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El pasado fin de semana -mientras los habitantes de Popayán estamos “sitiados por el enemigo”- circuló en las redes sociales el video de un líder indígena Misak, en el que proscribió “el paro ilegal” que bloquea la vía Panamericana; acusó de violencia a la dirección del CRIC, y se aprestaba a instaurar el denunció ante la Fiscalía por “la perturbación en las vías del sur de Colombia”. Dijo, entre otras cosas: “…este es un paro de intereses políticos, pues están acostumbrados a que Santos siempre les daba mermelada.” Además: “lo que quieren es plata para la izquierda.” Invito a que la comunidad de Popayán se organice para reclamar por este atropello a los Derechos Humanos y pide a… “Duque, mano dura contra los organizadores del paro, que son los que pertenecieron a la FARC antiguamente.” Y, ciertamente, han seguido circulando otros videos con el ex Farc “Pablo Catatumbo” sentado en la mesa de negociaciones de la minga y el desfile de señalados políticos de extrema izquierda: Alexander López, Holman Morris etc.

Otro reconocido caucano, ante el acoso de los periodistas, rompió su silencio y se despachó frente a este absurdo atropello contra el Cauca: Pidió que los cabecillas de estos actos sean judicializados -como corresponde- por haber cometido un delito tipificado en el Código Penal (Art 353A): “Obstrucción de vías públicas”. Además, rechazó la insólita invitación de un pseudo Representante a la Cámara por el Cauca -que escaló a esa curul, frente al cadáver de Felipe Fabián Orozco- y asumiendo “pose de líder caucano”, hábilmente incita al desorden público y a la polarización social, apoyando la violación de los derechos de quienes sufrimos las consecuencias de estos hechos vandálicos. Basta ver como destruyen la naturaleza, la economía, la infraestructura vial, los vehículos que caen en los retenes de esos bárbaros, y ¡Qué horror! el asesinato del Patrullero Boris Alexander Benítez el retén ilegal de La Agustina!

¡Qué diferencia! entre las posiciones honestas, con dolor de terruño, sin intereses politiqueros y electorales, y las que fingen los “representantes advenedizos”, con enclaves burocráticos -provenientes del gobierno anterior- cuyas “fichas” hoy continúan disfrutando de la nómina oficial, mientras su jefe reta al nuevo gobierno y a la sociedad civil, y azuza a las comunidades contra del orden y la Ley… Bonita práctica, ¿no?

Qué tristeza que este mecanismo delincuencial se haya entronizado en nuestra región, para, sistemáticamente, exprimir el erario, a través de “acuerdos de carretera,” firmados al calor de la refriega y el chirrincho”, montando un escenario teatral para insultar ministros y pretender discutir temas políticos lejanos a la crítica situación local, como: el “fracking” o las afectaciones por “Hidroituango”… ¡Hágame el favor!

Hay muchas preguntas rondando: ¿Quién sufraga los exorbitantes costos de una movilización de semejante tamaño y duración? ¿Quién pagará las incalculables pérdidas de las víctimas del paro, que somos el resto de ciudadanos del suroccidente? ¿Qué papel desempeñan los elegidos por las circunscripciones indígenas (y no indígenas, también), que representan a la comunidad en los centros de decisión como el Congreso, los Ministerios, Planeación Nacional, etc.? No ejercen sus funciones en los escenarios propios, para venir a incendiar los campos de batalla en que convierten las carreteras. No los conmueve ver destruir la naturaleza, el precario sistema productivo del departamento, las muertes culposas de los enfermos que no pueden traspasar las barricadas para llegar a Cali, etc.

Mientras esto escribía, los noticieros dieron cuenta de un nuevo atentado de la guerrilla al Oleoducto Caño Limón-Coveñas y resultó evidente la similitud entre ambos procedimientos, dadas sus consecuencias indiscriminadas, su realización sistemática y el desprecio por sus semejantes, que de forma repugnante expresan los autores y organizadores de estos atentados terroristas, que, insólitamente, se autoproclaman “defensores de la paz” y nos clasifican a quienes estamos constreñidos y presos, como “enemigos de la paz”. Esta “Paz de Santos” que estamos viviendo, que dejó el nefasto legado de que todo es negociable. Eso estarán creyendo las comunidades indígenas con su reprochable y criminal acción de cerrar las vías públicas. Esto parece más una pesadilla, que una situación real de un dizque Estado de Derecho llamado Colombia…

Si ya estamos como estamos, pues sostengámonos ante la oportunidad de que se aprendan la lección de la “No repetición” de este delito.