Este artículo hace parte de ¡Invisibles: Nunca más! Una investigación de Chicas Poderosas Colombia sobre la participación de las mujeres, disidencias sexuales y de género, en las elecciones al Congreso colombiano de 2022. La investigación será presentada en tres entregas (16,17 y 18 de junio). Aquí la segunda.
Por: Laura Manzano
La política históricamente ha sido un escenario disputado por los hombres, eso ha normalizado el papel subordinado que se le ha impuesto a las mujeres a nivel social, así como la falta de oportunidades y condiciones equitativas para ellas, agravando la situación en una sociedad tan diversa como la colombiana, donde más de la mitad de la población son mujeres.
Para Ana Cristina Murillo, excandidata a la Cámara del Valle por el partido Alianza Verde en las elecciones de este año, a pesar de la desigualdad en la contienda electoral que enfrentan las mujeres, “este es un espacio que nos hemos abierto nosotras mismas; cuando tomamos la decisión de estar en lo político, es porque venimos de procesos y de conocimientos, a nosotras nos han criado con muchísimas inseguridades, diciéndonos: el poder y lo político no es para ustedes como mujeres”.
Juliana Hernández, reitera que es prioritario que las mujeres participen en política, pues las decisiones más importantes de la sociedad se toman en esos escenarios. “Si no nos involucramos en eso, lo que va a pasar es que nuestros destinos y nuestras vidas van a seguir siendo tomados y decididos por personas que no pueden entender nuestra experiencia de vida”, enfatiza Hernaández.
Ante esto, el informe de Atenea, ‘Colombia: la hora de la paridad’ enfatiza en el liderazgo y la plena participación de las mujeres en las decisiones políticas como aceleradores para lograr la igualdad de género en todos los ámbitos, pues “son fundamentales para la gobernanza democrática, el desarrollo sostenible y benefician a toda la sociedad”.
Para Hernández, la paridad, como acción afirmativa para la participación equilibrada de hombres y mujeres en posiciones de poder, es una oportunidad para que las mujeres puedan ser vistas como pares, lo que implica una redistribución del poder: “La forma en que más mujeres pueden entrar al poder es que más hombres salgan del poder; no hay otra forma, es matemática pura y dura —expone la activista—, las acciones afirmativas nos permiten ingresar con las capacidades que tenemos, con los talentos que hemos desarrollado, pero reconociendo que las barreras estructurales y culturales no se rompen si no hay un ejercicio colectivo por parte del Estado”.
Sólo hasta el 2011, con la ley 1475 (conocida como ley de cuotas), se determinó que como mínimo el 30% de las listas a cargos plurinominales estuvieran compuestas por candidatas mujeres. No obstante, las circunscripciones a Cámara de Representantes que cuenten con menos de cinco curules quedan exentas, es decir, 19 de las 33 circunscripciones territoriales (58%), según datos de la MOE, no tienen esa obligación legal.
Acorde con el informe ‘No Es Normal’ del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD), la importancia de las leyes de cuotas reside en el cuestionamiento del déficit de representatividad política de las mujeres y la búsqueda de reparación a la discriminación que por siglos han experimentado. Bajo esa lógica, las circunscripciones donde no aplican las cuotas de género quedan rezagadas, incrementando la desigualdad de grupos de mujeres que de por sí ya sufren discriminación. Por ejemplo, departamentos como Cauca y Putumayo no están obligados a cumplir una cuota mínima, lo que adicional a la exacerbación del déficit de representación femenina en esos territorios, ha puesto en evidencia la inexistente voluntad política por superar el impacto de la concentración del poder más allá de una norma.
Así, en el Cauca, ninguna mujer ha sido elegida representante por la circunscripción territorial en los últimos 8 años y en Putumayo solo una (2014). De igual forma, las cifras en los departamentos cobijados por la ley 1475 no son alentadoras: en estas últimas elecciones, de las 13 curules a repartir en el Valle, solo una sería ocupada por una mujer, mostrando una disminución con relación a los dos periodos previos. Mientras que en Nariño, de 5 curules, quedarían 2 mujeres, manteniéndose igual que hace 4 años.
Incluso con la ley de cuotas, los partidos, que encarnan las posibilidades de la ciudadanía para organizarse y aspirar a cargos de representación, no están fomentando la inclusión de las mujeres. Al contrario, según el informe ‘Acceso a recursos para la inclusión de las mujeres en política’, de Transparencia por Colombia, los partidos y movimientos políticos, teniendo los recursos y los mecanismos necesarios, “no contribuyen de manera equitativa a las campañas políticas de las mujeres frente a las de los hombres”.
En el artículo 18, la ley 1475 dispone: “para las actividades de sus centros de pensamiento, la realización de cursos de formación y capacitación política y electoral, y para la inclusión efectiva de jóvenes, mujeres y minorías étnicas en el proceso político, los partidos y movimientos destinarán en sus presupuestos anuales una suma no inferior al 15% de los aportes estatales que le correspondieren”.
Según los datos revisados por Transparencia por Colombia, entre 2019 y 2020 los partidos solamente destinaron el 2,2% ($2.949.669.687) de los recursos estatales para la inclusión efectiva de las mujeres. Algo que se agrava al indagar por la finalidad de dichos recursos, pues las organizaciones políticas reportan gastos que no son congruentes con el rubro, que van desde el pago de honorarios, salarios y transporte, hasta la compra de artículos decorativos o regalos navideños para niños vulnerables.
“¡No hay apuestas dentro de los partidos para las mujeres! —replica Murillo, para quien las mujeres son incluidas solo de palabra, pues por parte de los partidos hay desigualdad de atención, de recursos económicos y actitudes de violencia ‘sutiles’—Podemos ser mayoría y hacer bulto, pero si las apuestas del partido no están en las mujeres es muy difícil”.
El informe del NIMD señala que comportamientos como no cumplir con el porcentaje mínimo de mujeres establecido por la ley, ubicarlas en los últimos lugares de las listas o negarles la posibilidad de ser cabeza de lista, son algunas de las estrategias utilizadas por los partidos para evadir su responsabilidad en la aplicación de las leyes de cuotas.
La MOE ha reportado que para las últimas elecciones solo el 28% de las listas a Cámara de Representantes nivel nacional están encabezadas por mujeres. Para el caso del suroccidente, en Valle y Nariño el 27% y el 43% de las listas estaban encabezadas por una mujer, respectivamente; ninguna de ellas cerrada.
Para Bernal, algunos aspectos técnicos del sistema electoral terminan por incurrir en una neutralización de las acciones afirmativas: las listas abiertas, la financiación mixta, la fórmula que se usa para transformar los votos en escaños, entre otros. “Aunque tengamos ley de cuotas y esa cuota incluso se aumente, otras características de nuestro sistema electoral la neutralizan. Por eso es que vemos tantas mujeres candidatas y tan pocas electas.”
“Las mujeres que siguen una carrera política, son aún menos que las que son electas; porque tener un cargo o ejercer un cargo público seleccionado por voto popular no termina con los estereotipos ni con las violencias que pueden llegar a afectar a las mujeres”. Tal y como explica Bernal, otro de los obstáculos que enfrentan las mujeres tiene que ver con la configuración de imaginarios machistas y la asignación de roles de género que afectan su ejercicio político en múltiples etapas.
Las barreras aumentan para las mujeres víctimas del conflicto, quienes han tenido que desplazarse forzosamente, modificar sus proyectos de vida y asumir las labores de cuidado en medio de escenarios de feminización de la pobreza. Según la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, la población en condición de desplazamiento “es la más vulnerable entre las poblaciones vulnerables de Colombia”.
Así, la normalización de la violencia funciona a través de vulneraciones subestimadas y constantes que no son atendidas. Una de las consecuencias más graves es que muchas veces los impedimentos que encuentran las mujeres son asumidos como el sacrificio que deben hacer sí deciden participar en política. “Si quieres estar aquí, en esos espacios mayoritariamente conformados por hombres, tienes que tener un comportamiento patriarcal. Y si uno no lo tiene, ahí es donde hay discriminación” expresa Valeria Mosquera.
Paradójicamente, la conquista de los espacios de poder político ha traído consigo escenarios adicionales de violencia para las mujeres. Aludiendo a lo mencionado por Mosquera: “para las mujeres cada logro se convierte en un nuevo reto”.
“No queremos mujeres en las listas, queremos mujeres dentro de los espacios de poder”, asevera Hernández, quien hace hincapié en el largo camino que aún falta por recorrer, destacando el posicionamiento de las agendas de las mujeres como algo fundamental; particularmente aquellas enfocadas en las mujeres rurales, indígenas, afrodescendientes y víctimas del conflicto, pues son ellas quienes menos oportunidades han tenido.
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*Investigación realizada por Laura Manzano Pemberthy.
Edición de contenidos: Sara Cristina Tejada Chávez. Fact Checking: Laura Rodriguez Salamanca. Ilustración: Daian Alexa Muñoz y Natalia Fernandez Hormiga. Y en el equipo de la investigación poderosa: Invisibles Nunca Más: Angie Ramirez, Luisa Fernanda Gómez, Gabriela Bedoya y Laura Acero.
Esta investigación fue financiada por Fondo Lunaria Mujer en la convocatoria Libertad y Democracia, 2021.