FERNANDO SANTACRUZ CAICEDO
El narcotráfico es un fenómeno transcontinental y su resolución apremia la confrontación y el respaldo global. Dicho vocablo expresa la profundidad, extensión e intensidad de un problema que desata en algunos Estados procesos desestabilizadores de su economía, régimen político, sistema institucional, valores culturales y relaciones interestatales. El narcotráfico, fenómeno criminógeno, intervincula recíprocamente hombres-sociedades-mercados-drogas-traficantes, impactando en diverso grado la base productivo-social y la supraestructura jurídico-política e ideológico-cultural.
El Acuerdo de La Habana, suscrito en 2016, contempló expresamente que la aspersión aérea podría implementarse “de no ser posible la sustitución” mediante eliminación manual. La Corte Constitucional exigió al Estado abordar la cuestión desde un enfoque social, adoptando “medidas direccionadas a obtener la erradicación, sustitución y la reincorporación de quienes se encuentran en esa actividad ilegal”. Los perjuicios gravísimos causados a la salud humana y al medio ambiente por la utilización de glifosato y otros defoliantes están científicamente documentados y su empleo prohibido o restringido internacionalmente.
Según UNODOC, desde 2017 en Colombia la superficie cultivada con coca ha fluctuado entre 140 y 200 mil hectáreas y la de marihuana “cripy”, en el Cauca, crece extraordinariamente. Entre 2017-18 el precio del kilo de hoja de coca ascendió de US$2.150 a US$3.000. La producción de cocaína subió 46% (797 TM), para un potencial de 1.360 TM, habiendo triplicado las plantaciones su productividad. En la década de los 90 las incautaciones se cuantificaban en kilos y en la de 2010 en TM.
La producción desbordada de cocaína, sin recíproca demanda exterior, estimuló exponencialmente el consumo doméstico, donde el kilo de cocaína ($4.750.000), distribuido al menudeo, puede rentar diez veces su valor a razón de cinco mil dosis/kilo. Lo propio ocurre con la marihuana “cripy” cuyo costo es de $500 mil el kilo prensado, del cual se obtienen cinco mil “porros” a $2 mil cada uno. ¡El microtráfico constituye el gran reto nacional! Mundialmente, el precio promedio por gramo de cocaína es de US$74 y, en Colombia, se adquiere por US$4. Consecuencialmente, el consumo de marihuana entre menores de 12-17 años creció 58% y el de cocaína, entre jóvenes de 18-24 años, 51%. Las utilidades del narcotráfico en el mercado local eliminan los riesgos de repatriarlas desde el exterior.
Apogeo de cultivos ilícitos y políticas erradas son concurrentes. Ejecutado el Plan Colombia antidrogas, Pastrana (2000-2) fumigó con glifosato ochenta mil hectáreas en el Putumayo. En 2006 (gobierno Uribe), suspendidas las aspersiones en la frontera ecuatoriana, el área cultivada superó las 100 mil hectáreas. En 2015 (gobierno Santos), interrumpidas las fumigaciones y anunciados los subsidios a quienes sustituyeran, la superficie sembrada sobrepasó las 200 mil hectáreas. ¡La violencia multicausal aumentó en aquellos territorios donde los grupos armados producían y traficaban cocaína y marihuana!
Los beneficios de la paz se desvanecen con la expansión de los cultivos ilegales, procesamiento y distribución de cocaína. Es imperativo implementar una política de inversiones productivas rentables y de desarrollo social sostenible que ofrezca mejoramiento real de la calidad de vida a los campesinos.
Reiteradamente, la Corte Suprema de Justicia ha sentenciado que el narcotráfico NO es un delito conexo al político por ser “una determinación de naturaleza legal y no existir disposición alguna que lo incluya en tal categoría, aparte de estar prohibido por la Convención de las Naciones Unidas sobre tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, incorporada al derecho interno colombiano mediante la Ley 67 de 1993”. Fruto del Acuerdo de Cartagena se desarmaron 13.200 combatientes de las FARC, quedando en pie de guerra 600 disidentes y 1.500 guerrilleros del ELN. A 2020, sobreviven 11.800 reinsertados, 4.600 disidentes y 4.500 guerreros elenos. De otra parte, los carteles mexicanos financian y controlan el narco-terrorismo en Colombia; el narco-paramilitarismo uribista renace fortalecido; el clan del golfo cubre el territorio nacional. Inferimos que el gobierno Duque, el Centro antidemocrático y el narcotráfico constituyen, esencialmente, los máximos enemigos de nuestro malogrado proceso de paz.