Las Mesas directivas de Senado y Cámara, junto con la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, presentaron a los medios de comunicación un protocolo bicameral, que busca mecanismos de protección, prevención y orientación sobre la violencia de género.
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Por: Isabel Colomna Sánchez / Prensa Senado
En su intervención el presidente del Senado, Roy Barreras calificó como alarmantes las cifras de abuso contra las mujeres y señaló que este motivo se buscan herramientas para contrarrestar los actos aberrantes que se vienen presentando en el país.
“El machismo estructural de casi toda nuestra sociedad tiene, quizás, la expresión más indignante en el acoso laboral y en el acoso sexual y en la violencia contra la mujer, cuando eso ocurre en cualquier ámbito o institución, empresas universidades o el Congreso de Colombia, como se ha denunciado, nadie puede callar”, señaló el presidente Barreras.
El Senador dijo, además, que los servidores públicos tienen la obligación de denunciar cuando se conocen estos casos. “Tenemos la obligación de proteger a las víctimas, quienes usualmente no denuncian por miedo a que las revictimicen y al estigma social. No podemos guardar silencio ante el abuso contra ellas, por eso les estamos ofreciendo este protocolo para que puedan denunciar sin miedos”, Insistió el presidente del Congreso.
Entre tanto, el presidente de la Cámara de Representantes David Racero, anotó, “este es un esfuerzo mancomunado que se ha trabajado con información de la sociedad civil, expertos en temas de violencia basada en género, hemos recogido alrededor de 252 proposiciones para la consolidación del protocolo”.
El Representante dijo que “el centro del protocolo es la mujer que es víctima de violencia en todas sus manifestaciones, machista, patriarcal, en donde la mediación principal es un ejercicio de poder que se tiene sobre cualquier funcionaria, servidora, contratista, dentro de las labores legislativas. Esperamos que con este instrumento podamos eliminar la violencia que genera ese machismo radical contra las mujeres”.
La presidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer María José Pizarro, por su parte, manifestó que con el protocolo se quiere enviar un mensaje muy contundente a los agresores contra las mujeres: “Este es un paso para superar las violencias basadas en géneros y para que las mujeres puedan denunciar de manera segura”.
La senadora del Pacto Histórico explicó que el protocolo es integral, de prevención y orientación institucional frente a las conductas de violencia sexual en el ámbito laboral y contractual y está dirigido a senadores, senadoras, representantes a la cámara, servidores públicos, contratistas, funcionarios de las UTL, personal de la Policía y de seguridad, a pasantes en el Congreso de la República y a personal que trabaja en los servicios generales.
De igual manera, Pizarro aseguró que se adoptarán mecanismos de prevención, como el pedagógico y se incorporará una cláusula en los contratos que comprometa a todos los contratistas a no incurrir en delitos sexuales dentro de la entidad, ni fuera de ella.
Así mismo, dijo que se creará un grupo especializado para atender los casos de violencias basadas en género, “no debe revictimizarlas, necesitamos que las mujeres se sientan seguras, para poder presentar la denuncia” y afirmó que sólo el 3% de las víctimas de acoso y abuso sexual presentan denuncias, el resto no lo hace por miedo. Se garantizará la confidencialidad en el manejo de la información y la ruta de seguridad, para que finalmente, puedan presentar la denuncia”.
La senadora Pizarro señaló como una gran oportunidad que estos casos hayan salido a la luz, para generar una conciencia colectiva, para acabar con esa cultura machista que atenta contra la integridad, dignidad y derechos humanos de las mujeres en el país.
Y expuso: “Estamos actuando con celeridad y prontitud ante estas denuncias, con que sólo se condene a una persona poderosa, estamos sentando un precedente muy importante, para lograr eliminar y superar lo que estoy llamando el “tsunami” de violencia contra de las mujeres”.
Los congresistas anunciaron la realización de un debate de control político sobre los hechos denunciados en el departamento del Guaviare, en donde más de 180 uniformados habrían estado incurriendo, presuntamente, en abusos contra niñas indígenas y simultáneamente se conformará una mesa de trabajo que adelante un diagnóstico de lo que está sucediendo en los casos de abusos, acoso sexual, violencia basada en género en el ámbito laboral, tanto en el Congreso de la República como en el resto de la sociedad.