Mocoa y los Marchantes
Integrante del Centro Interdisciplinario de Estudios de la Región Pacífico Colombiana, CIER
Universidad Autónoma de Occidente
La “Marcha” del 01 de abril y la tragedia de Mocoa están inexorablemente unidas al ethos mafioso que de tiempo atrás acompaña al ejercicio de la Política en Colombia, y por supuesto, a esa visión insostenible de desarrollo que se manifestó en forma de dolor y muerte en la capital del Putumayo.
En lo acaecido en Mocoa confluyen la desidia estatal, la debilidad de las instituciones ambientales comprometidas, el dañino centralismo bogotano, la omisión, el clientelismo, la corrupción, la pobreza, la violencia, el desplazamiento forzado y la nula planeación, entre otros factores, todos en el contexto de una visión de desarrollo que al ser insostenible desde el punto de vista ambiental, solo puede producir tragedias como la que hoy el país lamenta.
Mientras en Mocoa la creciente de tres o más ríos o quebradas evidenciaba la confluencia de cada uno de los señalados factores contextuales (culturales), casi al tiempo, en urbes igualmente mal planeadas como Bogotá, Cali y Medellín, marchaban varios de los responsables, directos e indirectos, de la tragedia acaecida en la capital del Putumayo y por supuesto, de anteriores tragedias vividas en dichas capitales cada vez que apareció y aparece la temporada de lluvias.
¿Qué hizo Álvaro Uribe Vélez durante ocho años, en materia ambiental? Creo que bastante: debilitó la institucionalidad ambiental en el país y convirtió su Plan Nacional de Desarrollo en la patente de corso para someter valiosos ecosistemas naturales a procesos de explotación y aprovechamiento, alejados del carácter holístico y responsable que debe acompañar la visión de un desarrollo sostenible. Por ejemplo, la entrega de licencias de ambientales durante su mandato, la convirtió en una singular feria de favores (clientelismo).
Como hijo de la subcultura arriera, Uribe promovió y difundió una idea de desarrollo que solo puede generar tragedias como la que hoy soporta el pueblo de Mocoa. Así entonces, mientras que con enorme cinismo Uribe y Ordóñez se movilizaron para pedir la renuncia de Santos y criticar la corrupción, de estos dos ladinos personajes hay que decir que poco o nada hicieron para detener la deforestación, la ampliación de la frontera agrícola, la minería (legal e ilegal), y la ganadería extensiva, entre otras actividades antrópicas que de tiempo atrás se posaron sobre el valle del Sibundoy y lo convirtieron en una región insostenible desde la perspectiva ambiental.
La responsabilidad de lo ocurrido en la capital del Putumayo recae en el Estado (local, regional y nacional), en la sociedad civil asentada en dicho departamento y municipio y, por supuesto, en todos los colombianos que de muchas maneras hemos legitimado la corrupción y el ejercicio de un ethos mafioso que se entronizó en las formas como opera el Estado, la sociedad y el mercado. En particular, en aquellos colombianos de clase media que poco o nada les preocupa que llueva y salen a “marchar contra la corrupción”, cerrando los ojos ante el debilitamiento del Estado que promovieron Uribe y Ordóñez: uno, desde la Presidencia y el otro, desde la Procuraduría General de la Nación.
Permitir la deforestación de las cuencas hidrográficas, así como asentamientos humanos en las riberas de los ríos, y el crecimiento desordenado de urbes empobrecidas, son acciones y actividades que claramente muestran la intención de generar desequilibrios en los ecosistemas naturales, para satisfacer las necesidades de agentes privados, que cuentan con el apoyo de políticos inescrupulosos como los que marcharon el 1 de abril.
En esa dirección y mientras se reconstruye lentamente el casco urbano de Mocoa, los colombianos de esas urbes, en especial los de una clase media acomodada, que cuentan con instituciones, muy seguramente seguirán promoviendo “marchas contra la corrupción”, al tiempo que intentan ocultar su pobre cultura política y su afán de impedir que se implemente lo que se acordó entre el Gobierno de Santos y las Farc, especialmente, en materia de reforma agraria y reordenamiento territorial.
Al final, la tragedia de Mocoa nos permitió ver las garras de un modelo de desarrollo insostenible y la inviabilidad de un régimen político centralizado, desde donde se promueve el ethos mafioso, el mismo que vimos marchar el 1 de abril a cargo o en cabeza del senador del Centro Democrático, el corrupto Ex Procurador General (el Consejo de Estado lo sancionó con destitución por haber violado la Carta Política), el ex ministro Londoño Hoyos y del sempiterno sicario de Pablo Escobar.
Adenda: por supuesto que también es responsable de lo sucedido en Mocoa el actual Presidente de la República, porque insiste en su locomotora minero-energética y promueve un desarrollo a todas luces insostenible.
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