‘Misión Andén Pacífico’ revela realidad humanitaria en los municipios costeros del Cauca

08:40 am 11-noviembre

Redacción fin de semana

@elnuevoliberal

Con el objetivo de visibilizar a todas las personas que habitan en la costa Pacífica de Valle, Cauca y Nariño, la Defensoría del Pueblo en cabeza del Defensor Carlos Negret culminó el pasado viernes la misión denominada ‘Misión Andén Pacífico’ donde se analizó la situación en salud, educación y vivienda. Una de las principales conclusiones a las que se llegó fue que “si el Gobierno no invierte no va a haber paz en esas zonas”.

El principal problema en López de Micay son los cultivos de uso ilícito, específicamente la coca. Es una realidad que no puede esconderse, sus gobernantes y habitantes aceptan que si hay cultivos es porque la gente no tiene otra forma de sacar adelante a sus familias.

Este municipio fue la primera parada de la misión humanitaria que adelantó, la semana que termina, el Defensor del Pueblo Carlos Negret.

Además de tener sus necesidades básicas insatisfechas en los índices más bajos, López de Micay sufre otra particularidad: es el municipio más lluvioso de Colombia, aunque para los ‘micayseños esto no es del todo malo, pues al no tener agua potable, recogen en lo que pueden este preciado líquido que luego les servirá para cocinar, lavar y bañarse.

Y es que a pesar de que están rodeados por un río, con esa agua no cuentan pues está contaminada (principalmente de mercurio), entonces el que caigan gotas de agua desde el cielo es como una lluvia de bendiciones.

Esa contaminación no tiene otra razón de ser: la minería ilegal, otra actividad a la que se dedican los pobladores de este municipio.

“La Procuraduría nos mostró un video donde salió una retroexcavadora desde Medellín y llegó hasta esta zona. Generalmente entran pirateadas y si entran pirateadas es porque tiene que haber algún funcionario metido en eso para que puedan entrar”, le dijo Wilmer Riascos alcalde de López de Micay, en el marco de la misión humanitaria, a un medio de comunicación nacional.

Según las comunidades de esta zona, al Gobierno le han insistido constantemente implemente proyectos productivos para tener otra fuente de ingresos, pero la respuesta no llega. Por eso la “fiebre del oro” y de la coca siguen como si no hubiera Acuerdo de paz ni acuerdo de sustitución, porque lo que saquen de estos dos productos a la vuelta de la esquina se lo compran.

Reunidos con los pobladores, el Defensor Negret les recordó que estas economías generan una guerra, solo basta ver semanas atrás la masacre que ocurrió en esas tierras.

“En el Cauca tenemos una disputa por la producción y por los corredores de comercialización de la hoja de coca. Sobre lo ocurrido tenemos que decir que la Defensoría ya había emitido una alerta temprana para ese municipio donde advertíamos que esa masacre podía ocurrir y así ocurrió”, dijo Negret.

En el informe sobre la situación de Derechos Humanos en este municipio, en lo que tiene que ver con conflicto en López, al igual que en Guapi y Timbiquí, se señala hay presencia de Disidencias de las Farc, Arc o Gaor; Epl; Eln; Agc y guerrillas urbanas del pacífico; actores que se disputan el negocio del narcotráfico.

En López de Micay, han asesinado dos líderes y defensores de Derechos Humanos entre 2016 y 2018. Las vulneraciones a los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA) en el marco del conflicto, para la Defensoría es preocupante el riesgo en que se encuentran los NNA por causa de su utilización en actividades ilícitas en este municipio así como en Guapi y Timbiquí.

En cuanto a los desplazamientos, que en el Cauca están directamente relacionados con los escenarios de confrontación armada, violencia y amenazas contra la población, las comunidades que se encuentran más expuestas a riesgos y vulneraciones, son los indígenas, afrocolombianos y campesinos.

Durante los años 2011 a 2017, la Defensoría del Pueblo registró 87 desplazamientos forzados masivos en el Cauca, y entre las poblaciones y comunidades que han sido afectadas de manera reiterada están: Argelia, Almaguer, Caloto, Morales, y, en la costa pacífica, Guapi, Timbiquí y López de Micay.

Timbiquí: la fiebre del oro

Alrededor de 26 mil habitantes viven en el municipio de Timbiquí, el segundo territorio que conforma esta subregión del Pacífico caucano. Timbiquí limita al norte con López de Micay, al sur con Guapi, al oriente con los municipios de El Tambo y Argelia y al occidente con el Océano Pacífico; una ubicación que lo convierten en un corredor peleado por los grupos al margen de la ley.

En la radiografía entregada por la Defensoría sobre este territorio, al igual que sus ‘vecinos’, la presencia de actores armados, cultivos ilícitos, minería ilegal, carencia de servicios públicos y una precaria prestación del servicio educativo, hacen que esta población reclame a gritos la presencia del Gobierno.

 “Aquí están las mismas situaciones que hemos visto en López de Micay. Hay cultivos ilícitos, hay minería ilegal y como consecuencia de ello, tenemos un tema ambiental muy grave”, dijo el defensor Carlos Negret. A lo que añadió “si el Estado no mira zonas rurales de Colombia como Timbiquí va a ser muy difícil que podamos tener paz”. 

Les han prometido varias cosas y pocas de ellas se han cumplido, por ejemplo en reunión con las víctimas que hacen parte del Consejo Comunitario Renacer Negro de Timbiquí, ellas le manifestaron a la Defensoría su preocupación por los pocos avances en los planes de retorno, reubicación reparación y demás medidas contempladas en el marco de la Sentencia 071 de 2015 basada en la defensa de los derechos territoriales de la población de ese Consejo, de acuerdo al enfoque diferencial étnico de la Ley de víctimas y restitución de tierras.

Es evidente recorriendo el territorio que las órdenes judiciales contenidas en los fallos que tienen que ver con acceso a derechos sociales y a dotaciones básicas como: construcción, mejoramiento de puestos y programas de salud y de comedores comunitarios; infraestructura vial, acceso a las TIC, acceso a educación; entre otras, no se están cumpliendo.

De igual forma se dio a conocer la inquietud de estas comunidades por el impacto ambiental que dejan las actividades de minería, que además desencadenan afectaciones en la vida, la producción agropecuaria y las dinámicas sociales y políticas del pueblo.

Sobre el tema de seguridad y homicidios, aunque se reconoce por parte de la Defensoría las cifras han reducido, el flagelo que ha incrementado es la extorsión, por lo que desde la Alcaldía en cabeza de Edison Castro se solicitó más apoyo de la Policía.

Audiencia de Derechos Humanos en Guapi se quedó esperando al Gobierno Nacional

En el tercer día de la misión humanitaria Andén Pacífico, la Defensoría llegó a Guapi, no solo para constatar las necesidades de la comunidad, sino también para desarrollar allí la audiencia de ‘Derechos Humanos’, a la cual los Ministros y Viceministros invitados por el Defensor Negret, nunca llegaron.

Según se conoció, la invitación se envió desde el pasado 8 de octubre, pero los delegados de la Alta Consejería Presidencial para las Regiones, todos los Ministerios, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, el Alto Comisionado de Paz, la Unidad de Víctimas, el Icbf, Sena, la Unidad Nacional de Protección, el Consejero presidencial para el posconflicto, la Consejería Presidencial de Seguridad y el Inpec, brillaron por su ausencia.

No solo el Defensor se mostró inconforme por dicho incumplimiento, sino también el Gobernador del Cauca Oscar Campo, quien lamentó la ausencia del Gobierno Nacional y recordó la necesidad de que estas comunidades sean escuchadas para salir de las necesidades que padecen.

En Guapi los problemas que hay en López de Micay y Timbiquí parecen trasladarse como una copia; sin embargo en este municipio la minería es el gran problema porque se práctica a gran escala, pero para sus habitantes es la única labor que pueden desempeñar para solventar sus necesidades. La presencia del Estado es intermitente, las promesas a veces se cumplen, en otras ocasiones aún están esperando que se hagan realidad; de otro lado el temor por cuenta de los grupos armados parece retornar, o seguramente nunca se fue.

La pobreza en Guapi contrasta con lo costoso que es ir y vivir en el municipio, especialmente en los precios de los alimentos,  pues un huevo puede costar 400 pesos o más, la leche 3 mil, un tomate lo cobran a unos 800 pesos; la explicación es que como no hay carreteras, todo entra y sale por la vía fluvial, por eso todo incrementa su valor.

De otro lado, la extorsión parece la palabra de “moda”, sin embargo, al igual que al hablar de la presencia de grupos armados, el silencio impera en la población, pero no porque no hayan sido testigos de estos hechos sino por el temor a las represalias.

Todas estas realidades están consignadas en el informe que presentó el Defensor en medio de la audiencia defensorial que realizó desde este municipio, donde los problemas de narcotráfico, violencia, falta de oportunidades, efectos de las disidencias y el Eln en los municipios no solo del Cauca, sino del Valle y Nariño, quedaron en evidencia.

En esta radiografía que entregó la Defensoría, el panorama para el Cauca es preocupante por la constante violación a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, además de la impunidad y sobre todo la poca efectividad del Estado.

“Sin presencia estatal e inversión es muy difícil que esta región supere problemas estructurales en educación, salud y alimentación que padecen las comunidades; y si a esto se le suman los problemas de seguridad que se derivan de los cultivos ilícitos y la extracción de oro, hay un panorama muy complejo en este Departamento”, agregó el Defensor, quien es oriundo del Cauca.

En este recorrido por el Andén pacífico, específicamente por los territorios caucanos, la conclusión de alerta y preocupación que deja la Defensoría es que hay una grave crisis humanitaria y social por la que atraviesa el Cauca, la cual se ha venido profundizando en los últimos años.

El tema de líderes es clave, la defensa y protección de su vida es un reto; poner el ojo en la minería ilegal y esclarecer si hay consentimiento del estado para esas extracciones a gran escala, debe ser otro de los compromisos; y hacerle frente al conflicto, implementar la paz, hacer inversión social y prevenir los nuevos conflictos, es el llamado unánime de este Pacífico caucano.