Por AMADEO GONZALEZ TRIVIÑO
Los créditos educativos hacen parte de una política económica del “Estado de Derecho” que estamos viviendo los colombianos, con la consiguiente vulneración de todos los preceptos y principios generales en todo estado comunitario, competitivo, solidario y especialmente difusor y protector de la educación en Colombia, por cuanto se ha constituido, a pesar de su utilidad, en una fuente de recursos y de cobro indebido de intereses que afectan al sector estudiantil y de quienes en su momento sirven de aval o de codeudores de los beneficiarios.
La educación gratuita es un decir que resulta muy costosa en Colombia. La educación privada ni se diga y quienes tienen la necesidad de prepararse han debido enfrentar situaciones que no son de recibo en una sociedad pluralista como la nuestra, ya que anteriormente cuando existían los auxilios parlamentarios para el apoyo de los estudiantes, estos recursos hicieron parte de una política manejado por los senadores y representantes, como lo ha sido siempre, y fue un bocado para la corrupción, en el cual, por míseras propinas, los estudiantes eran víctimas de aquellos que se embolsillaban los recursos y de esta manera se generaron muchas formas de corrupción que terminaron con muy pocos casos de condenas contra los senadores. Ellos hoy amasan parte de sus fortunas, con tales auxilios parlamentarios.
Y a la par ha existido una entidad financiera de la educación en Colombia, como lo ha sido y lo sigue siendo el ICETEX, que en sus más de cincuenta años de existencia, ha terminado siendo peor que los bancos privados y últimamente se dice que ha sabido cobrar intereses sobre intereses, en un proceso peligroso y triste para el fomento educativo en el país, por la desmesura del cobro de dichas sumas de dinero, por otro lado, por cuanto el mismo gobierno nacional y la misma empresa privada, se encargan de no ofrecer alternativas para los estudiantes recién graduados, se habla siempre de la falta de experiencia, de la idoneidad en la misma profesión y de la selección de la universidad de la que son egresados, para generar entonces una situación precaria que lleva a la imposibilidad de cumplir con los pagos de dichos créditos educativos.
Amén de todo lo anterior, en una sociedad corrupta como la nuestra, donde el trabajo no dignifica, sino que es una carga para satisfacer derechos fundamentales elementales de los ciudadanos, donde las garantías sociales enmarcadas en aspectos propios de política educativa, social, laboral, cultural y de recreación, hacen parte de un conjunto de elementos que se constituyen en la sociedad de consumo, con efectos que condenan necesariamente a la exigencia de la especialización, y de los estudios cada día más absorbentes de maestrías, doctorados y experiencias y experiencias que no se dan y que no son fáciles de acceder a ellas por las prebendas y por las formas de llegar a ellas, terminan por enseñarnos que estamos como sociedad condenados al fracaso.
Y si a todo lo anterior se le suman las denuncias que escuchábamos recientemente de la forma de acceder a las unidades legislativas del Congreso, por uno de aquellos que hicieron parte del mismo, que se replica en cuanto cargo público existe, es cuando entendemos que no importa la preparación académica o la fundamentación profesional de muchos asesores o funcionarios de las ramas del poder público en Colombia, sino precisamente los atributos físicos o mañas que puedan exhibir, unidos necesariamente al silencio cómplice por la urgencia de mantenerse en un cargo o la de tener que buscar ese silencio para poder satisfacer y responder por las necesidades del hogar o de sus pariente o de sus propias familias.
La educación en Colombia y un gobierno que quiera apoyar e incentivar necesariamente la preparación de sus ciudadanos, debe ofrecer mecanismos y soluciones económicas para que se pueda acceder en forma gratuita a la universidad, a todos los ciudadanos sin importar la edad, pero ésta debe ser de calidad, debe ser lo mejor para la exigencia de sus formadores y de sus educandos, hasta el punto de que si es necesario suministrar recursos para su subsistencia o permanencia lejos de sus hogares, todo ello sea posible, pero con el compromiso de que tales obligaciones sean condonadas en el momento en el que el educando acredite la terminación de sus estudios con el grado correspondiente al área del conocimiento que ha cursado en la universidad o en el instituto donde se ha formado. Qué como consecuencia de dicho aprovechamiento, a su vez, sea vinculado formalmente por convenios o acuerdos institucionales con la empresa privada, con el sector oficial, con las ramas del poder público, sobre todo, previo el lleno de los requisitos de idoneidad profesional y de conocimiento de la materia, sin que detrás de ellos, se encuentren la politiquería haciéndoles el corte o terminando siendo los promotores de las formas de abuso del poder en tales nombramientos. Y si fuera poco, todo estudiante debe tener seguridad social gratuita y asistencia y apoyo hasta cuando se vincule laboralmente, para buscar en lo mínimo, alguna forma de solidaridad o de apoyo institucional con los ciudadanos, así pensamos y consideramos que debe renovarse la idea de repensar en la educación, en la población y en los derechos a ella, por todos los colombianos.