Reconociendo las problemáticas territoriales ocasionadas por la minería, se convocó a una audiencia pública para discutir los cambios que se deben aplicar en el nuevo código minero, de acuerdo con los requerimientos de las comunidades.
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Por: Carol Murcia Ledesma – El Nuevo Liberal
n compañía de organizaciones sociales de todo el departamento, la comisión accidental del Senado de la República, un representante de la Cámara y la delegada del Ministerio de Minas, Johana Rocha, se llevó a cabo un diálogo histórico en el país, en donde, por primera vez, se está buscando construir la política minero energética de la nación, teniendo en cuenta las miradas diversas de quienes habitan los territorios y han sufrido diversas violencias y desplazamientos a causa de los proyectos extractivistas y la acción de las multinacionales.
Si bien, la participación en el espacio no fue mucha, en mayor medida por las dificultades de movilidad al interior del Cauca por la ola invernal, se logró contar con la participación del sector campesino, afro, indígena y sindicalistas, quienes aportaron tanto en el proceso de contextualización frente a la política actual y su impacto en los territorios como en la socialización de propuestas que serán tenidas en cuenta a la hora de redactar el borrador de política minera, que posteriormente será puesto a consideración de las comunidades.
Con el objetivo de escuchar de manera activa las diferentes perspectiva frente a las modificaciones de la política para brindar de esta manera mejores condiciones para la actividad minera y respaldar el cuidado ambiental, tanto el Senado como el Congreso instalaron comisiones accidentales, las cuales, en compañía del Ministerio de Minas, se han encargado de visitar diferentes departamentos del país para hacer este mismo ejercicio y recoger de esta manera la mayor cantidad de propuestas; en el Cauca, se desarrolló el quinto encuentro donde se resaltó el rechazo enfático por parte de las comunidades a la política extractivista, la cual, por apostar a un desarrollo económico, pone en peligro la vida en los territorios, por ello, la justicia ambiental resulta siendo la única salida que realmente reivindica los diferentes atropellos vivenciados por la gente, sus creencias, culturas y territorios, colocando como eje central la defensa de los recursos y la vida.
El Cauca ha sido un departamento bastante apetecido para las concesiones mineras, pero muy poco protegido por las autoridades nacionales, han sido las comunidades quienes han procurado, aunque en muchas oportunidades sin mucho éxito, de proteger, incluso dando su vida, sus recursos; es así como en el norte y sur se concentran grandes problemáticas históricas marcadas por la violencia y el despojo, por ello, la idea de construir una ruta y un marco normativo robusto que sea realmente participativo y no revictimice a las poblaciones, obligándolas a justificar sus decisiones con referentes teóricos, es una forma de subsanar esta deuda histórica y asegurar que el Cauca se convierta en esa potencia de vida.
Tal como resaltan los líderes presentes en el recinto, la preocupación por la extracción minera data de los últimos 20 años, porque hay grandes y graves vacíos legales que están favoreciendo a las megamineras y multinacionales, mientras se condena a las comunidades; algunas de las problemáticas que se destacan, y que precisamente son producto de la laxitud de la norma, versan en tonos a diferentes estrategias empresariales ejercidas para volver territorios mineros a poblaciones que no eran contempladas en un principio como tal, el poco respeto que se tiene frente a la posición de las comunidades, la facilidad con que estos proyectos consiguen las licencias ambientales y cómo esto entra a reconfigurar el ordenamiento territorial.
Actualmente, hay asignados 251 títulos mineros en 1 millón de hectáreas y 645 solicitudes en 1.400 mil hectáreas, lo que simboliza una crisis territorial en la medida en que se han asignado los títulos sin tener en cuenta el componente étnico, afro y campesino, sus zonas de protección, las cosmovisiones que recogen sus culturas y las prácticas de minería artesanal, las cuales han sido criminalizadas, aún sabiendo que son las que menos impacto ambiental genera, por ello, resulta de vital importancia establecer una caracterización y conceptualización frente a los tipos de minería presentes en el país y determinar cuáles deben ser protegidos. Así mismo, fortalecer los vacíos jurídicos frente a la minería ilegal y qué acciones específicas van a emplearse para combatirla, debido a que desde el ministerio no existe una trazabilidad frente a los minerales extraídos y cómo ingresan al mercado.
Teniendo en cuenta que la naturaleza debe ser reconocida como un sujeto de derecho, es necesario que las comunidades tengan escenarios de participación con capacidad de veto ante estas prácticas que se hacen lugar en los municipios ya sea por la fuerza o con ayuda del Estado, por ello, se requiere cambiar el modelo extractivista y mirar progresivamente al uso de otras prácticas controladas que propendan por el bienestar de las comunidades y su sustento económico. Ante esto, una de las salidas es la formalización de los pequeños mineros, a quienes se les debería brindar facilidades para seguir desarrollando sus prácticas ancestrales desde la sostenibilidad y el robustecimiento frente a las sanciones aplicadas a quienes no respeten a las comunidades, ejerzan prácticas ilegales o vulneren los derechos de los territorios.
Además de reglamentar ejercicios internos de regularización a las prácticas mineras y de extracción desarrolladas por las mismas comunidades, otras de las sugerencias se realizaron frente a la descentralización minera, solicitar a la CRC y a SUMATA ratificar su compromiso con la protección de la vida, por lo que deben participar de espacios como estos y revisar los trámites de las concesiones ambientales, abordar a la minería desde un enfoque holístico, donde la educación, la salud, la vivienda y la cultura sean componentes a tener en cuenta, en aras de generar una negociación entre las diferentes cosmovisiones y realidades económicas de los pueblos.
Aunque este era un espacio para generar propuestas, quedaron sobre la mesa algunos interrogantes que deberán ser tenidos en cuenta para la constitución del documento, como el hecho de qué hacer con los títulos existentes si las comunidades ya se han visto afectadas y vulneradas por la extracción y si se va a permitir la aprobación de nuevos títulos hasta no contar con un nuevo código minero que sea incluyente y cuente con un nuevo enfoque. Después de este diálogo, las comunidades ratificaron su compromiso con la protección del agua, el territorio y la vida, por eso, para que la nueva política minera pueda trazar un nuevo horizonte de trabajo un tanto más alentador y menos perjudicial para los colombianos, debe reconocer al ambiente como sujeto de derechos donde sus recursos y la vida misma deben ser el interés principal, propiciar el diálogo y respeto a los sujetos étnicos y hacer camino en la concreción de una política productiva que le responda a las expectativas de los caucanos, sus realidades territoriales y al compromiso con la madre tierra.