Columna de opinión
Por: Walter Aldana
Según wikipedia.org, “Gorgona es una isla ubicada a 28 km al oeste de la costa del Pacífico colombiano. Junto con Malpelo, son las únicas islas de Colombia en el océano Pacífico, tiene una longitud de 9 km por 2,5 km de anchura, con una extensión de unos 26 km² aproximadamente de superficie terrestre o insular, y 61 687,5 ha de área marina (…) el relieve de Gorgona es montañoso. Su punto más alto es el Cerro La Trinidad que con una altura de 338 msnm es la mayor montaña de la isla. Formando la columna vertebral de la isla se encuentran, además de La Trinidad, los cerros Los Micos, La Esperanza y el Mirador”.
Como área protegida el parque nacional natural Isla Gorgona, administrativamente pertenece al municipio de Guapi, departamento del Cauca. Fue descubierta por Bartolomé Ruiz en 1526; su nombre inicial fue San Felipe pero fue cambiado por Francisco Pizarro en alusión a la gran cantidad de serpientes en la isla que le recordaban a las Gorgonas de la mitología griega que en lugar de cabellos llevaban serpientes en la cabeza.
La isla Gorgona posee una abundante vegetación (86% de la isla cubierta) y una alta pluviosidad (6.900mm), lo cual favorece la presencia de gran biodiversidad; por ejemplo, es hábitat de 159 aves migratorias y residentes, 35 reptiles terrestres, 543 plantas vasculares, 2 peces dulceacuícolas, entre otros, además famosa por la presencia de julio a final de año de las hermosas ballenas y ballenatos.
Según Cococauca.org, “en el Gobierno del Presidente Álvaro Uribe le entregó en Concesión la Isla Gorgona a la empresa Aviatur, que generó muchas preocupaciones entre los pobladores y la comunidad del municipio de Guapi (costa pacífica de Cauca), recordemos que desde los años 60 del pasado siglo hasta 1982, fue ‘prisión de alta seguridad’.”
Aunque el turismo a la isla no representa ingresos para las y los Guapireños, y que los elevados costos económicos del turismo allí, sin precios diferenciales para los raizales, impiden el goce de la isla por parte de sus legítimos “propietarios”, aún así, ellos tienen pertenencia a este territorio.
Por las consideraciones anteriores, la comunidad se opone a la construcción por parte de la Armada Nacional de un muelle en la isla (permiso concedido desde el 2015 por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA), que tendría presencia permanente de 28 militares, la contaminación auditiva constante, lo cual lógicamente desestabilizará la tranquilidad ambiental; todo con la excusa institucional de combatir marítimamente el narcotráfico.
Una consulta popular, será la respuesta comunitaria a la terca actitud de mantener vivo el proyecto.