Columna de opinión
Por: Roberto Rodríguez Fernandez – [email protected]
La justicia estatal es retributiva, es decir, está basada en perseguir un castigo para los infractores de las leyes. Un juez todo lo resuelve colocando una pena o una multa o una obligación de hacer o no hacer, y a eso lo llaman justicia.
Hoy, sin embargo, castigar encerrando a la gente se ha convertido en un excelente espacio de negocios. En las cárceles todo se paga y todo se vende, muchos viven de ese mercantilismo. Diseñar, construir, operar y dotar prisiones, son etapas de un mismo proceso de contrataciones que proporcionan grandes ganancias a quienes los manejan.
De esta manera se justifica cumplir con las obligaciones estatales que han sido imposibles para las instituciones encargadas, a través de la “descentralización por servicios”; al tiempo se ahorra en policías de uniforme entregando todo a civiles amigos-militaristas-inversionistas-comerciantes. La estrategia sirve además para controlar sindicatos que reclaman beneficios y al tiempo viven de la corrupción de muchos funcionarios. A la luz del día se explota o esclaviza a reclusos y reclusas, sobre todo si han sido opositores políticos.
Se trata, en nuestro concepto, de “cárceles privadas” donde se fortalecen los poderes de los capos y mafias que controlan los patios; se recurre al aumento de penas para mantener a la gente cautiva (muchos inocentes), sin que ello se traduzca en mayores niveles de resocialización o de seguridad. Desde allí se extorsiona, se dan imparten órdenes delictivas, y se dirigen bandas criminales dedicadas a todo tipo de negocios.
Si el criterio es que “el sector privado implica mejores condiciones para la prestación de los servicios”, como por ejemplo en las cárceles, la organización Dejusticia ya ha planteado que existen estudios en los que se denuncia que las cárceles privadas mantienen peores condiciones (casi secretas) a las que existen en llamadas cárceles oficiales, todas ellas verdaderos antros de putrefacción.
Es claro que privatizar no resuelve los problemas penales, criminológicos o penitenciarios, aunque existan mas cárceles; los hacinamientos, las violencias internas y externas, las degeneraciones antes que resocializaciones, las corrupciones rampantes, las condenas de inocentes e impunidades para los culpables, las justicias privadas, las continuas violaciones a las leyes y a todos los derechos fundamentales, y los múltiples negocios lucrativos, todos estos son males estructurales que no se resuelven encerrando personas, sobre todo a unos cuantos ladrones de celulares y de carteras.
Las cárceles, con su “sociedad del panóptico” (Foulcaut), ya no solo vigilan y castigan sino que gobiernan, por supuesto al mejor estilo de las mafias. Desde los centros carcelarios se ejerce un poder pacificador y disciplinador que conviene a los grandes inversionistas del capitalismo. Es el “biopoder” que permite mantener las condiciones de miedo y de terror que necesitan los capitales para sus especulaciones y sus ganancias. Por supuesto, nadie admitirá que esto ocurre, aunque todos nos beneficiemos del mantenimiento de estas condiciones; naturalmente, como ocurre en las relaciones sociales capitalistas, sobre se impone un perturbador negacionismo.
Inversionistas, militaristas y gobernantes se benefician de los negocios y violencias extremas que se irradian desde los reclusorios públicos y privados, oficiales y clandestinos, desde donde se ejercen prácticas fascistas para aterrorizar a las poblaciones. No solo se somete a quienes han sido condenados por una justicia penal ambigua, sino que se extienden las influencias armadas a todos los ciudadanos, clima en el cual se logran los objetivos de acumulación, legal e ilegal, de riquezas y de controles.
¿Usted tiene otra idea sobre las cárceles actuales?