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Redacción El Nuevo Liberal
El 3 de agosto los mercadereños le dirán no a la extracción de hidrocarburos y ejecución de proyectos mineroenergéticos en esta zona ubicada en el sur del Cauca.
Según cuenta, Wilder Meneses, miembro del Comité de Integración del Macizo Colombiano, Cima, todo comenzó cuando empezaron a desaparecer los afluentes de agua a causa de las exploraciones que se hacían en el territorio para la determinación de pozos petroleros.
Preocupados por esta situación, los integrantes del Cima, Asoinca, Asojunta, Anuc, Coccam y líderes comunitarios se reunieron para conformar una coordinación que le apostara a la defensa territorial y fue así cómo nació la Coordinadora Integral Social Mercadereña.
Inicialmente, la comunidad pensó que con la Consulta Popular se podría hacerle frente a esta situación, por eso emprendió todo el proceso legal para hacerlo realidad y en agosto de 2017, el Tribunal le dio viabilidad a la pregunta.
El joven agregó que el mecanismo de participación ciudadana no se pudo llevar a cabo porque la Registraduría Nacional del Estado Civil, aseguró que no tenía recursos para desarrollarla, “a pesar de que ya se había convocado para el cuatro de febrero de 2018”, comentó.
Meneses afirmó que, ante la negación de este derecho, la comunidad convocó una caravana por la defensa del agua y la vida en Mercaderes, donde participaron más de mil personas; rechazando estas prácticas de extracción al medio ambiente.
“Hay un vicio jurídico entorno a que es la Nación que debe garantizar la consulta y no los entes territoriales, porque la Registraduría es un órgano tangencial a la hora de financiar todos los mecanismos o estamentos de participación democrática”, explicó Albert Ochoa, integrante del Comité por la defensa del agua, la vida y el territorio.
El proceso tuvo que ser suspendido en febrero del año 2018. No obstante, los habitantes nuevamente se reunieron y decidieron realizar la consulta popular legítima para el 3 de agosto en el que se pregunta si está de acuerdo o no que en el municipio se lleven a cabo actividades de exploración y explotación de minería metálica o de hidrocarburos.
Aunque el ejercicio no será tenido en cuenta por la Registraduría, si busca incidir en la realización de acuerdos municipales y en los esquemas de ordenamiento territorial.
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