Mandato ciudadano

09:30 am 29-agosto

DIEGO FERNANDO SÁNCHEZ VIVAS

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El pasado domingo, 11 millones 671 mil 420 ciudadanos de Colombia le enviaron a la clase política un mensaje contundente, las medidas establecidas en la consulta contra la corrupción se deben aprobar a la mayor brevedad posible y sin dilaciones.

La jornada democrática que acaba de concluir nos demostró que a pesar de no haber superado el umbral de 12.140.342, el país está cansado de tanto saqueo al erario y la numerosa votación del domingo, constituye un hecho sin precedentes en la historia institucional que marca un hito en la lucha contra la corrupción, ya que un gran número de colombianos nos hemos pronunciado para que se adopten todas las medidas necesarias tendientes a combatir uno de los más graves problemas que aquejan a nuestra nación.

Lo que se observa al analizar las más recientes votaciones es que está surgiendo con mucha fuerza un segmento importante de la población que ajeno a las causas partidistas y políticas coyunturales, ha asumido la vocería de los colombianos del común, y representa los verdaderos intereses de toda una sociedad donde no se evidencia el trato privilegiado a grupos, gremios o segmentos dominantes, es la conciencia colectiva ciudadana. Si bien es cierto los resultados hasta ahora no han alcanzado para lograr las metas propuestas, si ha sido una votación importante que hacia el futuro está destinada a materializar importantes conquistas políticas. Hablamos por supuesto del tema de la paz, de las votaciones de los sectores de centro y progresistas en las elecciones presidenciales, y ahora los resultados de la consulta contra la corrupción.

En el caso del domingo, el pueblo ha querido finiquitar la historia de la infamia en nuestro país, que se ha escrito con nombres bien conocidos de artífices de los saqueos más escandalosos al erario que no han tenido un castigo ejemplar, y que por el contrario después de alzarse con el presupuesto de las entidades a las que se les encomendó su custodia y manejo, gozan hoy de privilegios especiales de dudosa argumentación jurídica como la casa por cárcel o beneficios que han reducido significativamente la pena impuesta por el delito hasta llegar a límites inconcebibles. Una buena medida para estos corsarios de cuello blanco además de una sanción penal ejemplar sin derecho a casa por cárcel, sería que en razón a que todos estos bienes que adquirió el funcionario corrupto los hizo en forma ilegal, mediante un procedimiento breve y sumario regresaran en su totalidad a la órbita estatal. Así le quedaría claro al corrupto que su conducta delincuencial en nuestra sociedad es duramente castigada y que no tiene espacio ni es tolerada en lo absoluto.