Los retos humanitarios en el Cauca según el Cicr

09:02 pm 19-marzo

Por: Olga Portilla Dorado

Gémerson lleva un poco más de un año aprendiendo a vivir sin la mano izquierda. La perdió a inicios de 2015 en el norte de este departamento, luego de recoger una granada del suelo pensando que era un objeto con el que podía jugar.

Las consecuencias de este evento marcaron un antes y un después en la vida de este pequeño. No sólo tuvo que enfrentarse a la pérdida de una mano, sino también al rechazo de sus compañeros de colegio. La estigmatización lo afectó tanto que se negó a ir a la escuela durante meses.

Esta es una de las historias que narra el Comité Internacional de la Cruz Roja en su informe anual sobre los resultados de su labor durante 2016 y los retos humanitarios para este año. El informe -entre otras cosas- concluye que la presencia de diferentes actores armados, el esclarecimiento del paradero de miles de desaparecidos, el silencio y el temor que rodean a las víctimas de violencia sexual, la presencia de artefactos explosivos, y la crisis del sistema carcelario, son las “deudas sin saldar” que no permiten hablar aún de posconflicto.

Sin embargo, el trabajo en campo dentro de las 22 zonas donde el Cicr concentra sus actividades en el territorio nacional, le ha permitido a los oficiales del Comité constatar una clara disminución de la afectación de la población civil como consecuencia del conflicto armado interno.

“El cese del fuego bilateral entre las Farc y el Gobierno colombiano representó un importante logro que redujo los enfrentamientos y las consecuencias humanitarias del conflicto armado. Sin embargo, el Cicr insiste en que los avances en materia humanitaria, como la búsqueda de las personas desaparecidas, el desminado del territorio o la desvinculación de menores de las filas de las Farc, requieren de más celeridad para dar respuestas a las víctimas, por lo que aún queda un largo camino por recorrer en Colombia”, señaló Christoph Harnisch, jefe de la delegación del Comité en Colombia.

A Gémerson como a otras 100 personas en todo el país, víctimas de contaminación por armas en sus territorios, el Cicr le proporcionó una prótesis y el proceso de rehabilitación física. Además, lo apoyó con actividades que permitieron a sus compañeros de clase ponerse en su lugar y entender las dificultades que implica tener una discapacidad. Hoy este pequeño, que ya asiste a la escuela, no se ve como una víctima y poco a poco retoma las actividades de un niño de su edad, desde atarse los cordones de sus zapatos, hasta ayudar en la casa y vestirse solo.

A pesar del cese al fuego la guerra continúa

Durante el 2016 el Comité Internacional de la Cruz Roja documentó 838 posibles infracciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y otros principios humanitarios, más o menos unas 18.600 personas afectadas. De esas afectaciones el 40% fueron contra mujeres y menores de edad. Además, 232 incidentes e infracciones pusieron en riesgo el trabajo de la Misión Médica durante el año pasado, de ellas, 20 ocurrieron en el Cauca.

En este departamento, al igual que en otras regiones, el optimismo que generó el Acuerdo de paz y la posible terminación del conflicto armado, es limitado, en el Cauca se vive una tensa calma porque aún hay actores armados y afectaciones a la comunidad, lo que “le recuerda al país que el conflicto pudo haber terminado para unos, pero no para todos”.

Tal como sucede en la zona del macizo colombiano donde los líderes que defienden el territorio de la minería son amenazados y otros ya han sido asesinados, o en el norte del Cauca donde los panfletos intimidatorios son constantes, pero ¿Quiénes lo hacen? Es un interrogante que para muchos de los casos aún está sin resolver.

Otro de los desafíos que enfrenta el Cauca es el tema de los cultivos de coca, los cuales van en aumento en municipios como Argelia y El Tambo. De acuerdo con el ‘Informe de monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2015’, El Tambo es el quinto municipio con mayor extensión de tierra sembrada de coca, con un total de 3.468 hectáreas.

Cultivos que muchas veces son defendidos por las comunidades ya que es la base de su sustento diario, pero también y no es un secreto, que toneladas de estas hojas de coca se van para las cadenas de narcotráfico que encabezan grupos al margen de la ley como el Eln, la Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el Epl, lo que desencadena en nuevos conflictos.

Sin ir más lejos, esta semana en el municipio de El Tambo miembros del Eln hicieron “justicia por sus propias manos”, luego de que un pastor de una iglesia cristiana fuera atacado a cuchillo en la vereda La Calera, “aplicaron la ley que ellos imponen en la zona y el atacante murió en la vía”. Así mismo, un grupo de periodistas del periódico El País de Cali, fueron detenidos por milicianos de este grupo al querer ingresar a Huisitó una de las zonas de El Tambo donde hay más hectáreas sembradas de coca, incluso los elenos les quitaron su material periodístico y los detuvieron por unos minutos.

Esas y otras infracciones se suman a lo expresado por el Cicr, respecto a que tanto las Farc como el Gobierno “tienen obligaciones derivadas del DIH más allá del fin de las hostilidades, como el desminado del territorio, la búsqueda de las personas desaparecidas o el deber de investigar y sancionar a los responsables de crímenes de guerra. En este contexto, la ayuda humanitaria seguirá siendo importante para salvar vidas en comunidades que sufren las consecuencias de la violencia”.

Así actuó el Cicr en el Cauca

De las 22 zonas prioritarias donde trabaja el Comité Internacional de la Cruz Roja, en el Cauca existen tres: dos en el norte y una en el sur del departamento, en ellas interviene  a través de la subdelegación de Cali que desarrolla actividades también en Tolima, Quindío, Valle del Cauca y Nariño.

Durante el año pasado esta subdelegación apoyó a víctimas del conflicto y otras situaciones de violencia, en su gran mayoría familiares de personas desaparecidas, frente a sus preocupaciones en términos de protección. También realizó visitas a establecimientos penitenciarios y centros especializados para adolescentes con el objetivo de verificar y mejorar las condiciones de vida de estas personas. Sumado a esto, trabajó con funcionarios de la Rama Judicial para fortalecer sus habilidades en temas relacionados con los enfoques diferenciales, acción sin daño y derechos de las víctimas de violencia sexual, entre otras temáticas.

De los 13.600 habitantes de las de zonas afectadas por artefactos explosivos que aprendieron a evitar accidentes, 1.684 hacen parte de los departamentos de Cauca, Valle y Nariño, quienes a través de 52 talleres recibieron capacitación en comportamientos seguros en estas zonas.

De igual manera, 480 personas de la vereda Honduras, en el municipio de Morales, accedieron a fuentes de agua seguras mediante un sistema de acueducto comunitario construido con apoyo del Cicr. Así mismo, de acuerdo con Roberto Sarno, jefe de la subdelegación Cali, Popayán fue una de las ciudades donde se realizaron algunos convenios con empresas para apoyar a víctimas del conflicto, incluso muchas de ellas lograron obtener un empleo.

Según revela el informe, en el Cauca como en Caquetá y Norte de Santander las comunidades lograron tener una mejor atención médica, ya que se mejoraron los puestos de salud donde se pueden atender 84 consultas al día; por ejemplo, 748 personas del corregimiento La Gallera del municipio de El Tambo fueron beneficiadas con la adecuación del puesto de salud de la vereda El Rosal.

Por otro lado y según la radiografía de la violencia sexual que retrata el informe, el Cauca es el sexto departamento donde más mujeres y niñas (5%) han sido víctimas de este flagelo. En el país, 17.100 mujeres han sufrido delitos contra su libertad e integridad sexual en el marco del conflicto armado desde los años 80. Pero no sólo preocupa la cantidad de víctimas sino las carencias en su atención.

Es alarmante identificar, que por ejemplo de 100 casos recopilados por el Cicr entre 2014 y 2016, varias de las víctimas atendidas padecieron más de un episodio de violencia sexual en su vida, así como en un 41% hubo más de una persona que las violó (a veces entre tres y ocho personas abusaron de ellas); y aún más escalofriante saber que el hecho ha sido recurrente y afecta a varias generaciones de su familia, lo que está relacionado con la persistencia del conflicto y la violencia armada en el país.

En síntesis estas cifras sobre violencia sexual, reflejan la realidad de un fenómeno que presenta un significativo subregistro, lo que se debe principalmente a dos causas: las escasas denuncias por falta de garantías y el elevado índice de impunidad en materia judicial.

Sin duda, los números y en general el panorama humanitario presentado, a pesar de que resalta las noticias positivas en cuanto a reducción de ciertas afectaciones contra la población civil a causa del conflicto armado, también deja un gran llamado, que para el Cicr se resume en que “en las discusiones que Colombia debe afrontar como país, el foco de atención deben ser las víctimas y los cambios urgentes que se necesitan en las zonas que históricamente han sido afectadas por el conflicto, porque la indiferencia colectiva hacia ellas puede convertir la paz en una promesa frágil”.