“Los enemigos agazapados de la paz”

11:30 pm 30-Abril

Redacción El Nuevo Liberal

Justo cuando los organismos del Estado y organizaciones independientes, como Naciones Unidas, reportan una disminución de los índices de violencia en el país como consecuencia de las negociaciones con las guerrillas; se empiezan a conocer casos de amenazas y asesinatos a líderes sociales y defensores de Derechos Humanos en departamentos como el Cauca.

La particularidad en este departamento es que subsiste entre las organizaciones sociales y la Fuerza Pública argumentos encontrados sobre quiénes son los nuevos delincuentes armados que quieren desestabilizar procesos y la tranquilidad. Las organizaciones sociales hablan de paramilitares; mientras que el Ejército y la Policía niegan la existencia de estos grupos en el Cauca.

En lo que sí están de acuerdo es que las amenazas que se han disparado en este primer trimestre, así como los asesinatos, al parecer selectivos, tendrían como base el narcotráfico y la minería ilegal. Aunque algunos argumentan que dicho fenómeno hace caso más a una intención de debilitar el apoyo al proceso de paz que desde el Cauca se ha dado. Parece entonces claro que esto es un asunto de la realidad política que vive el país. Hay enemigos del proceso de paz, desarmados, y hay enemigos del proceso de paz, armados”, tal como lo sostuvo el Senador Iván Cepeda en una reciente entrevista.

“Una crisis humanitaria”

La Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca tiene datos claros. Según la información han sido cerca de 11 panfletos los que han aparecido en el primer trimestre de 2011. Documentos firmados por Águilas Negras y Rastrojos en su mayoría. Lo que ha puesto en alerta a las organizaciones sociales, líderes y lideresas, así como también las autoridades.

“La mayoría hablan de la mal llamada limpieza social. La mayoría se han presentado en la zona norte, sur y centro del Cauca. Lo que hace que haya preocupación por lo que llamamos una crisis humanitaria en el departamento”, aseguró Marcela Cabrera, miembro de la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca.

Los miembros de esta entidad han logrado encontrar una singularidad con los panfletos: en los municipios donde surge alguno, los homicidios bajo la modalidad de sicariato han aumentado. Como sucede en Santander de Quilichao donde se han presentado 14 asesinatos, seguido de Popayán con 13 y de Corinto con 9. “Estos son asesinatos que nosotros calificamos como de violencia social no políticos”, según Cabrera. Es decir, donde no se ve involucrado, necesariamente, algún líder o defensor de Derechos Humanos.

Uno de los últimos casos de amenazas a líderes sociales y defensores se dio justo después de terminada la jornada de protesta de las comunidades afro del norte del Cauca, el pasado 27 de abril. Líderes como Eduard Mina o Francia Márquez fueron nombrados en un mensaje de texto que llegó a algunos celulares. La amenaza es de muerte y la firman las Bacrim.

Sin embargo, el panfleto que levantó más revuelo fue el que se dio a conocer el pasado 27 de marzo a través de correos electrónicos de periodistas (varios de ellos de esta casa editorial) y personas que aparecían en el mismo. Fue firmado por las Águilas Negras y nombraban a líderes sociales, organizaciones e incluso a la misma Secretaria de Gobierno del Cauca, Alejandra Miller Restrepo.

Pero en materia de defensores de derechos humanos asesinados, la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca registra seis casos. Cinco hombres y una mujer. “Donde hay panfletos, minería ilegal y narcotráfico hace que el número de homicidios y violencia social suba”, agregó Marcela Cabrera.

La mujer de la que se tiene registro se trata de Maricela Tombé, de 36 años de edad, que fue asesinada en El Tambo, a finales del mes de febrero. Era madre de dos menores y se había dedicado al trabajo comunitario en uno de los municipios que presenta varias complejidades sociales por temas de narcotráfico o incluso la presencia de la guerrilla del ELN o de los paramilitares “que sí están porque la gente los ha visto y han hecho pintas (pinturas en casas) en ese municipio”, argumentó Cabrera.

Reactivación de la mesa de garantías

Esta realidad difícilmente puede pasar por inadvertida ante las autoridades locales y nacionales; más cuando los hechos se mantienen desde el año pasado, como lo reveló Todd Howland, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia: “Hay gente posicionándose para tomar el control de las economías ilícitas y el Gobierno ahí tiene que actuar para evitar. Por eso el año pasado hubo más asesinatos de defensores de derechos humanos, y lo preocupante es que la situación sigue en el 2016”.

Desde la Gobernación del Cauca se ha reconocido que existe que los activistas, organizaciones, líderes, lideresas y demás, están en alto riesgo en el departamento. Por esta razón solicitaron la reactivación de la mesa de garantías que se hizo al finalizar el mes de marzo con la presencia del Ministro del Interior Juan Fernando Cristo.

“La mesa es un espacio de interlocución y de negociación entre el Gobierno Nacional y las organizaciones sociales, que busca brindar garantías para el ejercicio de los defensores”, como lo explicó en su momento el Ministro del Interior después de dialogar más de tres horas a puerta cerrada con varios líderes.

Pero lo que piden los que ahora están amenazados son especialmente tres cosas: prevención, investigación y garantías. “Ya tuvimos la primera reunión donde se acordó crear estos tres ejes temáticos. El 2, 3 y 4 funcionarán las tres comisiones junto con el gobierno departamental y nacional, para avanzar en estas direcciones”, agregó Marcela Cabrera, de la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca.

A lo que agregó que hay mucha esperanza, al interior de las organizaciones, “para que el gobierno brinde las mínimas condiciones para que puedan seguir realizando su trabajo. Pero además que se avance en el quiénes están detrás, porque en todos los casos hay impunidad. Pero también necesitamos prevenir, porque en la mayoría de estudios de riesgo de la Unidad Nacional de Protección (UNP) todos salen riesgos ordinarios”.

De todos modos, este es un flagelo que está desestabilizando varios ejercicios organizativos que tienen por común la protección de los Derechos Humanos y fundamentales, pero también que apoyan el proceso de paz.

Pero, además, detrás de las amenazas y asesinatos, el interés primordial sería el control de las economías ilegales, como la minería criminal y el narcotráfico, tal y como lo advirtió el mismo Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Todd Howland.

“Hay riesgos y oportunidades. El gobierno tiene una oportunidad única para transformar esas economías ilegales para prevenir violencias y violaciones de Derechos Humanos. En el acuerdo hay un acuerdo sobre coca, que puede transformar este problema. Faltaría el tema de la minería ilegal que no se ha tocado. Pero sí no hay acciones concretas del Estado se desarrollará una violencia”, puntualizó Howland.

En suma, en el departamento la defensa del medio ambiente, de los derechos fundamentales, de las organizaciones sociales como campesinos, afro e indígenas, se hace en medio de la zozobra que genera estar amenazado pero no saber exactamente de quién.

Pero más allá de lo anterior, lo que sucede en el departamento y en otras partes de Colombia demuestra una verdad a voces: que hay “enemigos agazapados” de la paz en el Cauca que “han encontrado eco o se confunden entre los uniformes y las charreteras” tal como Otto Morales Benitez lo escribió en una editorial en el intento de paz de Belisario Betancour, y “que están allí entre las filas o pertenecen a sectores del poder que se han lucrado de un status quo que no piensan dejar modificar y están dispuestos a sabotear soterradamente el avance de cualquier entendimiento que no sea en el campo de batalla.”

Estos recientes hechos hacen pensar si realmente esos asesinatos tienen por fin proteger el narcotráfico, proteger las tierras despojadas o la creciente ola de minería ilegal que esta en el departamento. Los enemigos ocultos de la paz pueden ser más perniciosos que los muestran la cara. El Gobierno Nacional y las autoridades competentes deben tomar medidas en función de que esta problemática se erradique. La paz que anhelan los colombianos no puede ser a medias.