Los costos del paro

09:20 am 03-abril

DIEGO FERNANDO SÁNCHEZ VIVAS

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El presidente Duque no viene al Cauca hasta que no se despeje la vía panamericana, y la minga no despeja la vía hasta tanto el presidente haga presencia en la zona. Estamos en una preocupante sin salida, un auténtico laberinto cuyo desenlace se ha tornado impredecible con el paso del tiempo, y está generando una gran angustia por sus efectos no solo para el Cauca sino para el suroccidente y el resto del país.

Mientras tanto el paciente de grave enfermedad que debe trasladarse a Cali para recibir el tratamiento oportuno a su dolencia, el motorista que depende de su medio de transporte para subsistir, el pequeño comerciante que depende de materia prima de fuera para sostener su negocio, los taxistas, los hoteleros, los estudiantes, los cientos de trabajadores de la construcción que han tenido que parar actividades por falta de insumos, el ciudadano de a pie, tienen que esperar a que el Gobierno y la minga se pongan finalmente de acuerdo para poder superar una crisis que se puede tornar irremediable.

Es el resultado de una serie de hechos que se inician con el reiterado incumplimiento por parte de sucesivos gobiernos, de acuerdos firmados a la carrera, por salir de paso y bajo presión con las comunidades indígenas, muchos de ellos compromisos adquiridos sin un verdadero soporte técnico y financiero, son 1523 acuerdos en total firmados desde 1999, y para su ejecución e implementación se firmó el Decreto 1811 de 2017, el cual fija el procedimiento para ejecutar dichos compromisos mediante una comisión mixta entre el Gobierno y el Cric. Las comunidades indígenas por su parte desde 1999 han realizado varios bloqueos que han generado grandes pérdidas en todo sentido para la región. En cifras, los costos del taponamiento de la vía Paramericana son altísimos, se calcula que por cada día de paro se pierden 2.000 millones de pesos, cada día pasan 179 vehículos de carga que movilizan alrededor de dos mil toneladas de mercancías y transportan 124.000 galones en combustibles. Se calcula que solo el transporte de carga pierde 190 millones de pesos diarios, se dejan de comercializar 250.000 litros de leche y 350 toneladas de papa entre otros perjuicios. Hasta la fecha se calculan las pérdidas en cerca de 50 mil millones de pesos aproximadamente.

Se entiende que las peticiones de las comunidades indígenas a los incumplimientos reiterados por parte del Estado pueden estar justificadas, pero el mecanismo para hacerlas efectivas no es el adecuado, es decir solicitar el cumplimiento de acuerdos por vías de hecho pasando por encima de los derechos de miles de personas que no tienen por qué asumir las consecuencias de los bloqueos. Solamente detengámonos a leer los artículos 1 y 13 de la Constitución Política, para afirmar con toda claridad que además de las comunidades indígenas, también habitan nuestro territorio, comunidades campesinas, afrodescendientes, mestizos, y que todos tenemos iguales derechos pero también iguales obligaciones y deberes. Porque las preguntas que surgen con todo lo que está pasando son en primer lugar ¿Hasta cuándo va a seguir esta situación que ya se torna insostenible y en segundo lugar quien va a pagar las enormes pérdidas en todo orden que se han producido por el paro? ¿Quién va a asumir los enormes costos del paro? Se requiere que las partes se sienten ya a dialogar sin más dilaciones dejando a un lado la soberbia y el orgullo que son pésimos consejeros, y se suscriban unos acuerdos reales, soportados técnica y financieramente, que se haga un seguimiento riguroso a su cumplimiento y ejecución, que se decrete la emergencia social y económica para la región y que se establezca un gran pacto en el que se incluya a todos los sectores que habitan los departamentos del sur del país, para que se pueda finalmente salir de la encrucijada en que nos encontramos.