Llegar a los territorios alejados, una obligación para el Estado en el posconflicto
El cronómetro de las Farc ya está caminando. Su desaparición como actor armado es cuestión de meses. La pregunta que asalta ahora es en qué se concentrará el Gobierno Nacional. Presentamos un análisis a partir las necesidades del Cauca.
Fabrit Cruz
Redacción Fin de semana
En el país empezó la cuenta regresiva de 180 días para el desarme, desmovilización y desaparición de las Farc como grupo guerrillero. Es decir, para mediados del próximo año tendrá que culminar todo el proceso que acabará con una guerra de medio siglo en territorio colombiano.
En el Cauca como en otras regiones de Colombia, según lo mencionado esta semana, por Francisco Gonzáles, delegado por las Farc dentro de la comisión tripartita del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, (MM&V regional), “todas las unidades están en puntos de pre-agrupamiento esperando la orden para dar su paso hacia las zonas veredales”.
Mientras esa dinámica avanza hacia la meta establecida, abordamos diferentes fuentes para analizar el símbolo de la desaparición del grupo armado para una región como esta. El ejercicio arrojó los nuevos temas que vendrán hacer parte del debate ahora que los cerca de 16 mil guerrilleros de las Farc se reintegrarán a la vida civil.
Para el académico Danilo Reinaldo Vivas Ramos, exrector de la Universidad del Cauca, desaparecer del escenario de guerra, es lograr que se imponga la confrontación de las ideas en lugar de la confrontación armada.
“Bienvenidas las Farc al escenario político de este país porque entendemos que desde esa plataforma se pueda construir proyectos en beneficio de una sociedad y no para el lucro de pequeños grupos por muy loables que ellos sean”.
Por su parte, Roberto Rodríguez Fernández, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Cauca y coordinador de los temas de paz del alma mater, la desaparición de las Farc como actor armado es lo de menos.
“Es decir, el objetivo no es que se desmovilicen los grupos armados pues eso está dentro de los acuerdos, lo importante aquí es lo que viene, y es el debate sobre el modelo económico y la configuración del Estado que tenemos y que ha olvidado las regiones”, afirma enfáticamente y agrega, “la necesidad de que la gente viva es paz debe conducir a tener una mejor economía o mejor calidad de vida en las comunidades”.
Esa lectura, del abandono estatal, coincide con las voces de las comunidades. Héctor Marino Carabalí es líder social de Buenos Aires. Nació en esa municipalidad hace 43 años y ha vivido siempre en el corregimiento El Porvenir.
Para este representante de las comunidades afrodescendientes será necesario ahora que culmine este proceso, que el Estado cumpla con las personas y ayude a suplir necesidades básicas.
“En la margen izquierda del río Cauca donde están los corregimientos de Timba, El Ceral, Porvenir y El Naya, hay un centro de salud no, ¡un puesto de salud! Se podrán imaginar el caos que viven las comunidades cuando su salud empeora. Incluso, cuando se presentó la emergencia de la Esperanza donde murieron once militares a manos de las Farc, ni siquiera hubo capacidad de atención porque no había suficientes camillas y menos ambulancias”.
Sobre el corregimiento de Timba, Cauca, un lugar con cerca de 25 habitantes, en su mayoría afrodescendientes, dice Carabalí que no tienen agua potable. “Para el suministro de agua debemos comprar el líquido en bolsas o a los carros que vienen del Valle del Cauca”.
La radiografía completa de Suárez, uno de los tres puntos en el departamento donde se concentrarán las Farc, es similar a otras en el Cauca. Es como si condensara el panorama de otras municipales apartadas donde hay presencia de guerrillas. En Suárez se requiere la inversión en infraestructura y vías, mejoramiento de agua potable y saneamiento básico, y además, persisten las amenazas a los líderes sociales.
Por eso Héctor Marino Carabalí, insiste en reiterarle este mensaje al Estado: “Exigimos unas mejores condiciones de vida y esperamos que hoy en el marco de este proceso de dejación de armas y del cese bilateral al fuego, todo ese recurso que el Gobierno invertía en la guerra, por lo menos lo invierta en resarcir las dificultades que hemos tenido por el abandono estatal”.
Ese municipio ha sido clave para esta organización alzada en armas no solo como lugar de resguardo sino por ser un corredor estratégico. Según Francisco Gonzáles, quien es conocido con el alias de ‘Pacho Chino’ dentro de las filas guerreristas, en Buenos Aires están los frentes 30, ‘Franco Benavides’ y ‘Manuel Cepeda Vargas’, grupos que operan al norte del Cauca, al igual que el Bloque Occidental ‘Alfonso Cano’.
Gonzáles también resaltó que más hacia el sur, en Argelia, se encuentra el frente 60. En el Bordo, Patía, está el Frente Octavo y en López de Micay, costa pacífica caucana, hay unidades del frente 30.
Para el Gobernador Óscar Rodrigo Campo, el proceso de desarme de las Farc es clave, necesario e importante sobre todo por el costo que los caucanos han tenido que pagar. “Cuando empezamos a hablar de desplazados y víctimas que hemos llorado, (más de 3 mil en el Cauca y 145 mil en Popayán), nos damos cuenta que vale la pena jugarse por la paz y, sobre todo, devolverle al departamento; la convivencia y tranquilidad”, expresó en un discurso el mandatario el pasado jueves de esta semana.
Ese sosiego del que habla el Ingeniero Campo Hurtado, dice Francisco Arias Gómez, Alcalde de Patía, ya la viven los campesinos de su territorio, sobre todo los que viven en la parte alta de la cordillera, donde opera el octavo frente de las Farc.
“En mi municipio se acabó el tema de las vacunas, al campesino no le cobran por sacar los productos de yuca, de café o plátano, es decir, podemos desplazarnos algo que no podíamos hacer con tranquilidad”.
Por eso es necesario saber qué viene ahora. Qué se debe hacer como territorio caucano para captar los beneficios que tanto ha insistido el Estado llegarán a las regiones.
Según el payanés, Gabriel Bustamante, suddirector de la Unidad de Víctimas y analista político y de proceso de conflicto armado en el país, será necesario la construcción de políticas públicas para la Paz.
“Más allá de la firma de los acuerdos y de la concreción de los procesos de paz con las Farc y esperemos con el Eln, se viene un proceso muy importante como región y cómo país bien interesante, por ejemplo definir qué vías se priorizan. Vamos a priorizar vías para conectar a los campesinos, indígenas y afrodescendientes en los territorios rurales o vamos a definir unas vías para beneficiar a unas empresas, ¡allí hay una discusión sobre paz!”.
Otro tema de debate está en la política pública de empleo, afirma Bustamante. “El verdadero nombre de una paz estable y duradera es darle oportunidades a la gente. Si a todos estos millones de muchachos campesinos, afrodescendientes e indígenas; los desmovilizados que vienen; las víctimas que hay no se les da una oportunidad volverán a ser “presas” de unas estructuras armadas e ilegales. Hay que desactivar la guerra a partir de quitar la “carne de cañón” que son los jóvenes de barrios marginales de las ciudades y los sectores rurales”.
El Gobierno Nacional tiene la responsabilidad de hacer que este logro se convierta en la oportunidad para llegar a los lugares que por años, escudándose en la confrontación armada contra las Farc, nunca hizo presencia. Es evidente que existen comunidades donde aún hay necesidades básicas insatisfechas que son responsabilidad del Estado y ahora más que nunca esperan sean atendidas. De lo contrario, la desaparición de las Farc será solo un titular más en los periódicos.
“Exigimos unas mejores condiciones de vida y esperamos que hoy en el marco de este proceso de dejación de armas y del cese bilateral al fuego, todo ese recurso que el Gobierno invertía en la guerra, por lo menos lo invierta en resarcir las dificultades que hemos tenido por el abandono estatal”, Héctor Marino Carabalí, es líder social de Buenos Aires.
“El verdadero nombre de una paz estable y duradera es darle oportunidades a la gente. Si a todos estos millones de muchachos campesinos, afrodescendientes e indígenas; los desmovilizados que vienen; las víctimas que hay no se les da una oportunidad volverán a ser “presas” de unas estructuras armadas e ilegales”, Gabriel Bustamante, sub director de la Unidad de Víctimas.
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